La Fiscalía de Málaga pone sus ojos en la figura de Braulio Medel, quien fuera presidente de Unicaja durante años y actual presidente de la Fundación de la entidad bancaria. Tanto es así que ha abierto diligencias de investigación tras la denuncia formulada por el sindicato CIC (Confederación Intersindical de Crédito), que considera a Medel supuesto responsable de los delitos de estafa, apropiación indebida, administración fraudulenta o desleal y un delito contra la Hacienda Pública.
"En relación con su escrito de denuncia de fecha con entrada en esta Fiscalía el día 13 de los corrientes, le informo que con esta fecha procedo a incoar diligencias de investigación penal número 11/22, por si los hechos denunciados fuesen constitutivos de infracción penal", expone en su escrito el fiscal jefe Juan Carlos López Caballero, adelantado este miércoles por El Confidencial y al que EL ESPAÑOL de Málaga ha tenido acceso.
Al tiempo, en el documento, fechado el pasado 26 de enero, se precisa que la denuncia tiene por objeto "hechos atribuidos a don Braulio Medel, consistentes en conductas que pudieran ser constitutivas de un delito de apropiación indebida o administración desleal".
La denuncia de CIC se construye en torno a las dietas cobradas en el pasado por Medel y su relación con Ausbanc, que coincidió con su desimputación en el caso de los ERE. El sindicato considera que el supuesto pago de más de un millón de euros de Unicaja a Ausbanc para que esta asociación pidiera la desimputación de Medel en este causa, lo que podría implicar delitos de administración desleal, apropiación indebida y uno contra la Hacienda.
Un informe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) que obra en el caso Ausbanc apunta que Medel no solo fue el beneficiado de dicho supuesto acuerdo, sino que tuvo un "papel activo" en las negociaciones entre la entidad y el expresidente de Ausbanc, Luis Pineda.
Hay que recordar que este mismo asunto motivó que Pedro Moreno Brenes, al frente de la plataforma Salvemos Unicaja, pidiese a finales del año pasado a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con sede en Madrid, la reapertura de una antigua causa judicial.