El segundo intento de desahucio de una familia en el distrito de San Blas-Canillejas ha quedado paralizado este jueves sin fecha tras la concentración de hasta un centenar de personas en la puerta de su vivienda.
La familia vulnerable llevaría viviendo 12 años en un local ocupado de la Agencia de Vivienda Social reconvertido en vivienda.
Según el Sindicato de San Blas- Canillejas, entre 70 y 100 personas, se han concentrado desde primera hora de la mañana frente a la vivienda ubicada en el número 14 de la calle Lenceros para impedir que se ejecutara el lanzamiento, previsto para las 9.30 horas.
El caso afecta a Tamara, su marido enfermo de corazón y sus tres hijos, uno con grado II de dependencia y discapacidad y otra con epilepsia, que residen en este inmueble desde hace 12 años.
"Tamara se queda", han coreado los congregados, muchos de ellos procedentes desde la Puerta del Sol, cuando los efectivos de la Policía Nacional se han retirado del lugar.
El lanzamiento por orden judicial ha quedado paralizado sin fecha, que será comunicada "más pronto que tarde", han anunciado desde el Sindicato San Blas-Canillejas.
Se trata del segundo intento de lanzamiento, tras una primera orden de desalojo fijada el pasado 22 de septiembre, que también fue aplazada gracias a la movilización vecinal.
La paralización de este desahucio se produce sólo un día después de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue convertida en un símbolo para la lucha por la vivienda tras su desahucio del piso en el Retiro en el que había vivido durante más de 70 años.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha subrayado que el inmueble pertenece a la Agencia de Vivienda Social y que se trata de un local "ocupado ilegalmente", no de una vivienda, por lo que no reúne las condiciones legales para destinarse a uso residencial.
Como es costumbre en este tipo de procedimientos, la Agencia de Vivienda Social ha dado traslado del caso a los servicios sociales municipales. Desde el organismo aseguran que el aviso se ha dado "con antelación suficiente, para que puedan valorar la situación concreta y ofrecer las respuestas asistenciales y alternativas habitacionales que correspondan a esta familia".
Desde la Consejería de Vivienda han subrayado que la Comunidad "respeta las resoluciones judiciales y protege el acceso a la vivienda a todos los madrileños en igualdad de condiciones, siempre de acuerdo con la normativa vigente y los cauces legales establecidos para acceder a una vivienda pública".
Ocho desahucios aplazados
Durante estas semanas, la jueza valenciana Raquel Catalá ha paralizado ocho desahucios de familias vulnerables utilizando como referencia la solución alcanzada por el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida en el caso de Maricarmen.
Los ocho casos detenidos por la jueza pertenecen a viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, y ha pedido al Ayuntamiento que también sea capaz de movilizar sus propios recursos antes de llevar a cabo el desahucio.