Las claves

Generado con IA

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada tras vivir 70 años en la misma casa del barrio Retiro de Madrid.

El desalojo se realizó tras una batalla legal contra el fondo propietario Urbagestión, que subió el alquiler un 275%, haciéndolo inasumible para su pensión.

El Tribunal Supremo dictaminó que la subrogación de Maricarmen no cumplía los requisitos legales, llevando finalmente al desahucio.

El caso generó protestas vecinales y apoyos de figuras públicas, convirtiéndose en símbolo de la lucha por la vivienda en Madrid.

La casa donde ha estado viviendo 70 años María del Carmen Abascal —a la que llaman Maricarmen— era de las que todavía conservan ese aire de hogar y familia, a pesar de vivir sola. El piso en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda en el distrito de Retiro, estaba repleto de cuadros, fotos antiguas, flores y un montón de figuritas de sus viajes, ocupando toda la mesa del salón. Un sitio lleno de recuerdos por todas partes.

Y es que, en efecto, era su casa familiar. La casa donde llegó Maricarmen con 16 años junto a su hermano y sus padres. La casa que accedió a enseñar a este periódico en noviembre del año pasado, la que simplemente llamaba "mi casa".

Fue donde creció con su hermano y donde murió su padre, en 1960, y después su madre, en 2005. "Yo pensaba terminar mis días aquí", reconoció la propia Maricarmen durante la entrevista.

Sin embargo, Maricarmen ya no vive allí. A sus 87 años, la mujer ha tenido que dejar el piso tras un desahucio llevado a cabo la mañana de este miércoles entre cientos de personas concentradas tratando de evitarlo al grito de "no estás sola" y "asesinos".

Este ha sido el cuarto intento de desalojo. Y el último. Tras una batalla legal de años contra el fondo de inversión propietario del piso desde 2018, Urbagestión, Maricarmen ha tenido que marcharse.

Pero aquella tarde de noviembre, todavía no sabía cómo acabaría todo aquello. Acababa de ocurrir hacía unos días el primer intento de desahucio. Finalmente, fue paralizado a falta de una alternativa habitacional.

Ella, con el fuerte carácter que la caracteriza, se debatía entre la incertidumbre de lo que le depararía el futuro si el fondo conseguía echarla y la seguridad de que no se marcharía de aquel sitio. "Como yo no me voy a ir, no tengo alternativas pensadas. No sé a dónde irían los muebles si me tengo que ir. A veces me lo pregunto, pero en estos momentos no puedo pensar que me voy a ir, porque yo sigo pensando que me voy a quedar. Porque creo que tengo la razón. Y la justicia debería ser justa", admitió.

La emoción no se apoderaba de ella mientras relataba lo sucedido, pero sí afirmaba que se encontraba en un "shock" permanente desde que le llegara en diciembre de 2020 la primera carta de muchas.

Fueron años de presiones mediante burofaxes, omisiones de mantenimiento y propuestas de mudanza temporal mientras se reformaba el edificio, hasta que la empresa le notificó una subida del 275% del alquiler.

Así, le fijaban una nueva renta de 1.650 euros mensuales, frente a los 440 euros que tenía estipulados. Algo imposible de asumir para Maricarmen con una pensión de 1.450 euros.

"Me dieron 20 días para mover una casa de 69 años", relataba sentada en uno de los antiguos sillones del salón. Uno de esos muebles que, como buena parte de la casa, llevaba allí desde que sus padres decidieron mudarse en 1956 para ubicar el negocio de su padre en el barrio, relacionado con el ganado lechero.

Por aquel entonces, Retiro no era el distrito que es ahora. "Esto se ha convertido en un barrio frío, pero cuando nos vinimos a vivir aquí era muy distinto. Ahí detrás estaba la estación del tren de Arganda. Por aquí estaban las vías. Todo lo que hay en Doctor Esquerdo eran huertas. Moratalaz no existía. Enfrente había unas casitas bajas que lo llamaban el barrio ciego, porque no tenían ni agua ni luz. Eso era el barrio, donde estaba el pequeño comercio y toda la gente nos conocíamos y saludábamos", describía desde una de las ventanas de la vivienda.

Y ahí, en aquel Madrid que Maricarmen todavía recordaba desde su ventana, está el origen de esta historia: un contrato firmado por su padre en 1956 que ella misma saca de entre sus documentos durante la entrevista. Era de renta antigua y garantizaba alquileres asequibles y derecho de subrogación familiar. Tras su fallecimiento, se subrogó en 1961 a su mujer. Y, en 2005, a Maricarmen, quien durante dos décadas ha mantenido una renta actualizada conforme al IPC y al IBI.

La batalla legal

Al comprarlo Urbagestión y transmitirle la primera notificación, Maricarmen en seguida se puso en contacto con su abogada, Beatriz Barba. Consiguieron ganar un primer juicio, "pero fueron a la Audiencia Nacional y ahí se lo dieron a ellos", añade la mujer.

"Vengo luchando desde entonces. Presentando recursos de casación. Pero lógicamente ellos no paran. Ellos lo que quieren es que eso se quede libre para poderlo vender y sacar unos beneficios brutales, porque es gente deshumanizada. Es gente a la que no le importa el ser humano. Solo les importa su bolsillo", expresaba, sin esconder su enfado.

El conflicto terminó llegando a los tribunales. El fallo del Tribunal Supremo estableció que la segunda subrogación, de madre a hija, no cumplía los requisitos legales, ya que solo podía producirse durante dos años o si se acreditaba una discapacidad del 65% o superior. Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%, por debajo de ese umbral.

Pero la resolución no zanjó el debate para quienes apoyaban a Maricarmen. Colectivos vecinales y juristas defendieron que el Supremo había obviado un precedente esencial: la primera subrogación, de su padre a su madre, se produjo en un contexto en el que las leyes franquistas impedían a las mujeres figurar como titulares de determinados contratos. Desde esta perspectiva, sostenían, la de Maricarmen debería considerarse la primera subrogación legítima.

Pero todos los recursos no han conseguido frenar el desahucio y en marzo el Tribunal Supremo zanjó el procedimiento judicial dando la razón a la propiedad.

Así, cientos de personas acamparon esta noche frente al portal, en la calle, tratando de impedir el desalojo. Algunos de los manifestantes eran personas conocidas, como el diputado de Sumar, Enrique Santiago; la eurodiputada Irene Montero, la cantante Rozalén o el poeta Marwan, además de los miembros del Sindicato de Inquilinos y vecinos del barrio.

Hubo tensión, empujones y cargas policiales mientras la comisión judicial trataba de acceder al edificio. Sanitarios del Samur acabaron sacando a Maricarmen del edificio en camilla para trasladarla al Hospital Gregorio Marañón.

No pudo llevarse sus cosas. Su abogada había pedido a la propiedad que le concediera siquiera unas horas para recoger sus pertenencias y tampoco fue aceptado. Maricarmen salió así de la casa en la que había vivido durante 70 años, dejando dentro buena parte de la vida que había ido acumulando en ella.

El Ayuntamiento le ofreció una plaza gratuita de emergencia en una residencia, como informaron fuentes municipales a este periódico. Maricarmen la "rechazó" y "prefirió alojarse con familiares". "Es una solución que no me parece bien, porque insisto, yo tengo vitalidad para vivir sola. Yo puedo hacer mis cosas y no hay ninguna necesidad de ayuda. Yo, sinceramente, en una residencia no me veo. No tengo espacio para mi forma de ser, para mi carácter", ya dijo durante la entrevista en aquel entonces.

Ahora, su historia ha salido de aquellas cuatro paredes y se ha convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda en Madrid. Porque Maricarmen no quería que su batalla terminara fuera en vano: "Hay mucha gente en esta situación. Yo lo que quiero también es que la gente entienda que tienen que salir a quejarse, tienen que salir a protestar y tienen que salir a las calles. Es ahí donde ganamos. La unión hace la fuerza".