Anaïs tiene 25 años y quiere hacer las maletas rumbo a Madrid. Su intención es trasladarse a la capital en los próximos meses para trabajar como enfermera, la profesión a la que se dedica.
Sin embargo, antes de dar el paso se encuentra con una cuestión que afecta directamente a sus planes: si se empadrona en Madrid, dejaría de tener las ventajas asociadas a su residencia en Mallorca, entre ellas la bonificación del 75% en los vuelos entre la Península y las islas.
La joven mantiene actualmente su residencia administrativa en Mallorca, aunque viene mucho a Madrid, donde vive su mejor amiga. Precisamente por sus viajes frecuentes a la capital ya se había sacado la tarjeta de transporte madrileña para poder desplazarse por la ciudad a un precio más reducido.
Ahora, si finalmente se instala en Madrid, se encuentra ante una disyuntiva. Empadronarse en la capital le permitiría cumplir con el requisito de residencia exigido para acceder al abono de transporte en las condiciones subvencionadas, pero podría hacerle perder el descuento que tiene como residente balear.
Mantener su empadronamiento en Mallorca le permitiría conservar esa bonificación aérea, pero la deja fuera de las condiciones que exige Madrid para obtener o renovar el abono con descuento.
"No puedo renunciar a ese descuento", explica Anaïs. La razón, dice, es sencilla: el avión es el único medio de transporte que tiene para desplazarse entre Mallorca y Madrid. La bonificación cubre el 75% del precio del billete, una ayuda que considera fundamental para poder mantener el contacto con su familia si finalmente se traslada a la capital.
La joven asegura además que le han informado de que, si pierde la tarjeta de transporte que tiene actualmente, no podría volver a obtenerla en las mismas condiciones si no está empadronada en Madrid. Una posibilidad que añade todavía más incertidumbre a su decisión.
"No estoy a favor de que la gente nueva no pueda sacarlo y que si lo pierdo no lo pueda renovar", señala. Anaïs considera que la situación resulta especialmente complicada para quienes llegan a Madrid para estudiar o trabajar y tienen que asumir ya otros gastos asociados a vivir en la capital.
Para Anaïs, el transporte se suma a uno de los principales problemas que encuentra cualquier joven que quiera instalarse en Madrid: el precio de la vivienda. Antes de mudarse tendrá que valorar cuánto le costará vivir en la capital y si puede asumir también el precio del transporte si pierde las condiciones subvencionadas.
"Lo tendría que ver, pero es una cosa a tener en cuenta", explica. "Si el acceso a la vivienda es un desastre y me voy a gastar más de lo que me gustaría, me replanteo muchos trayectos porque si no los bonos de transporte son carísimos".
La joven cree que Madrid cuenta con una buena red de transporte público y que este constituye una de las formas más económicas de desplazarse por la ciudad. Por eso considera que limitar el acceso a las tarifas bonificadas puede terminar teniendo consecuencias para quienes cuentan con menos recursos.
"¿Hasta cuándo? La gente de clase obrera va a dejar de ir a Madrid", plantea.
Su preocupación no se limita al precio de desplazarse por la capital. También está el coste de poder volver a Mallorca. Para Anaïs, mantener el descuento aéreo es importante precisamente porque, sin él, los viajes para visitar a su familia supondrían un gasto mucho mayor.
"Si a mí no me costara tanto dinero, vale que me empadrono en otro sitio", explica. Pero, en su caso, perder la bonificación supondría tener más dificultades para regresar a la isla: "Si no voy a poder ver a mi familia, sin el descuento no puedo tener posibilidad de volver".
Disyuntiva para residentes de las islas
El caso de Anaïs se produce tras el cambio en la normativa de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) de la Comunidad de Madrid, que limita la expedición y renovación de los abonos mensuales a las personas empadronadas en la región y a determinados municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León incluidos en las zonas tarifarias E1 y E2.
La modificación también afecta a quienes ya disponen de una tarjeta y necesitan renovarla sin estar empadronados en Madrid, así como a quienes la pierdan y tengan que solicitar una nueva. La norma contempla algunas excepciones, entre ellas la posibilidad de que las familias numerosas puedan obtener el abono en determinadas condiciones.
La Comunidad de Madrid sostiene que el cambio aplica lo establecido en la Ley del Consorcio Regional de Transportes de 2011, que establece que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben dirigirse a residentes en Madrid o en territorios con los que existan convenios.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado además la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras comunidades para que los jóvenes universitarios desplazados a Madrid puedan acceder al abono pese a no estar empadronados en la región.
Según las previsiones del Consorcio Regional de Transportes, la modificación afectaría aproximadamente al 3,4% de los usuarios y no tendría carácter retroactivo.
Para jóvenes como Anaïs, sin embargo, la cuestión va más allá de poder pagar unos euros más o menos por desplazarse en Metro o autobús. La decisión sobre dónde estar empadronada puede tener consecuencias sobre otras bonificaciones que necesita para mantener su vínculo con su lugar de origen.
"Es injusto porque es quitarle la oportunidad a la clase obrera", sostiene. Anaïs considera que para una persona con una situación económica más desahogada la pérdida de una bonificación puede ser asumible, pero no necesariamente para quienes cuentan con menos ingresos. "Para los ricos no es un problema, pero los que queremos ir a vivir ahí es una forma de echarnos atrás", afirma.
Ella misma reconoce que parte de una situación privilegiada frente a otras personas que cobran menos. Pero precisamente por eso teme que el coste acumulado de vivienda, transporte y desplazamientos entre Madrid y Mallorca pueda convertirse en un obstáculo para quienes quieren trasladarse a la capital para trabajar.
