La nueva normativa de Madrid exige estar empadronado en la región o en municipios conveniados para renovar u obtener el abono de transporte subvencionado.
Jóvenes de Canarias y Baleares que viven en Madrid, como Javier y Cristina, prefieren no empadronarse para no perder los descuentos en vuelos y transporte en sus islas de origen.
La medida afecta especialmente a estudiantes y trabajadores desplazados, que deben elegir entre el abono madrileño o conservar las ventajas económicas de su comunidad.
El Consorcio Regional de Transportes estima que el cambio impacta a un 3,4% de los usuarios y no será retroactivo.
Para Javier, empadronarse en Madrid no es una decisión tan sencilla como cambiar su domicilio en el registro municipal. Tiene 24 años, es de Tenerife y lleva cuatro años viviendo en la capital, donde llegó para estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica.
Ahora se encuentra ante una disyuntiva: mantener su residencia administrativa en Canarias y conservar sus ventajas como residente de las islas o empadronarse en Madrid para poder acceder al abono mensual de transporte en las condiciones subvencionadas.
El cambio en la normativa de la Comunidad de Madrid sobre la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) afecta especialmente a jóvenes que se trasladan a la capital para estudiar o trabajar.
Desde la entrada en vigor de la modificación, la expedición y renovación de estas tarjetas queda limitada a las personas empadronadas en la Comunidad de Madrid o en determinados municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León incluidos en las zonas tarifarias E1 y E2.
La medida deja en una situación particular a los residentes de Canarias y Baleares que viven durante buena parte del año en Madrid. Aunque su vida cotidiana transcurra en la capital, mantener el empadronamiento en sus comunidades de origen puede ser clave para conservar determinadas ventajas asociadas a su condición de residentes.
"Me parece fatal", explica. A su juicio, Madrid debería contemplar la situación de quienes llegan a la capital para estudiar. "Si es para recaudar más, entendería que suban el precio, sin descuento", señala. Para él, el abono supondría un gasto añadido a los que ya implica vivir en Madrid: "Los alquileres, la compra, el salir".
En el caso de Javier, la cuestión principal son los vuelos. Cuenta con una bonificación del 75% por ser residente en Canarias, que en su caso alcanza el 80% al ser familia numerosa. Si pierde o tiene que renovar su tarjeta de transporte y para hacerlo necesita acreditar el empadronamiento en Madrid, teme perder también ese descuento.
Su preocupación no se limita a tener que pagar más por desplazarse. También existe la incertidumbre sobre qué ocurriría si pierde la tarjeta actual. "Me han dicho que tendría que solicitar una nueva y que, al no estar empadronado en Madrid, podría quedarme fuera de las condiciones subvencionadas", explica.
Lo mismo para Baleares
El caso de Cristina, de 25 años, es similar. Llegó a Madrid con 21 años para estudiar un máster en Análisis de Datos y actualmente trabaja como analista de datos en una consultora. Lleva alrededor de cuatro años viviendo en la capital, pero continúa empadronada en Mallorca.
"No puedo ir a un médico de cabecera", explica sobre una de las consecuencias de mantener su residencia administrativa en la isla. Sin embargo, considera que conservarla le compensa por las ventajas económicas que mantiene como residente balear. Viaja aproximadamente cada mes y medio a Mallorca y calcula que el descuento en los vuelos le supone un ahorro de unos 50 euros por trayecto.
A ello se suma que Baleares cuenta con sus propias ventajas para los residentes en materia de transporte. Cristina explica que, si dejara de estar empadronada allí para hacerlo en Madrid, perdería la gratuidad del transporte público en su isla. Por eso, aunque vive en el centro de la capital y desarrolla allí su vida laboral, mantiene su empadronamiento en Mallorca.
Para ella, el problema está en que la norma no contempla suficientemente la realidad de quienes se trasladan a Madrid durante años para estudiar o trabajar. "Me parece lógico porque al final es una capital, hay mucha gente", señala, pero considera que debería existir algún mecanismo alternativo. "Igual no es el empadronamiento, debería ser el estar estudiando o trabajando", plantea.
La norma
La modificación del reglamento de la Tarjeta de Transporte Público Personal establece que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben dirigirse a los residentes en Madrid y a los territorios con los que existen convenios. Por ello, quienes no estén empadronados en la región no podrán solicitar ni renovar el abono en las mismas condiciones, salvo las excepciones contempladas por la normativa.
La restricción tampoco se limita a quienes quieran obtener ahora una tarjeta. Los usuarios que ya dispongan de ella y no estén empadronados en Madrid tampoco podrán renovarla. La misma situación se plantea para quienes pierdan su tarjeta y necesiten solicitar una nueva.
La Comunidad de Madrid sostiene que la medida aplica lo establecido en la Ley del Consorcio Regional de Transportes de 2011 y recuerda que los descuentos están financiados principalmente con recursos públicos madrileños. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido además la posibilidad de alcanzar acuerdos con otras comunidades para que los jóvenes universitarios desplazados a Madrid puedan acceder al abono pese a no estar empadronados.
Según las previsiones del Consorcio Regional de Transportes, el cambio afectaría aproximadamente al 3,4% de los usuarios y no tendría carácter retroactivo.
Mientras esos posibles acuerdos no se concreten, jóvenes como Javier y Cristina se encuentran ante una elección que va más allá del precio del transporte: empadronarse en Madrid para acceder a una tarifa subvencionada o mantener su residencia en las islas para conservar unas bonificaciones que, en su caso, también suponen un ahorro importante.