El intento de desahucio de Francisca López, conocida como Paquita, una vecina de 82 años con párkinson que reside desde hace casi treinta años en un edificio de la calle Santa Ana 6, en pleno barrio de La Latina, ha puesto el foco sobre una sociedad prácticamente desconocida para el público: Tolesanta S.L.
La empresa es la propietaria del inmueble donde vive la octogenaria y la responsable del procedimiento judicial que busca recuperar la vivienda una vez finalizado el contrato de alquiler.
Pero, el caso trasciende un conflicto entre arrendador e inquilino. Detrás de la sociedad existe una estrategia empresarial ligada a la explotación de viviendas de uso turístico en algunos de los barrios con mayor presión inmobiliaria de Madrid.
El edificio de Santa Ana, situado a escasos metros de la Plaza Mayor, formaba parte del patrimonio inmobiliario de Juana Couret, propietaria de numerosos inmuebles en el distrito Centro, fallecida en febrero de 2012.
Tras su muerte, el patrimonio se reorganizó mediante una operación societaria culminada en 2014. Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sociedad Arrendamientos Urbanos Couret S.L fue objeto de una escisión total.
Con la disolución y el reparto de sus activos entre cuatro sociedades preexistentes: Tealrentas S.L, Mundi-Quo Vadis S.L, y Yegucar 2000 S.L, y Tolesanta S.L.
Cada una de estas mercantiles pasó a gestionar distintos edificios del centro histórico de Madrid, entre ellos inmuebles como los de las calles Santa Ana y Toledo.
A diferencia de otros propietarios que explotan viviendas turísticas de forma aislada, el modelo de negocio de estas sociedades pasa por controlar edificios enteros o una parte mayoritaria de ellos.
Daniel Piedrabuena, presidente de la Asociación de Vecinos de La Chispera, explica que "ninguna de las sociedades está interesada en tener contratos de alquiler residencial, solo quieren hacer negocio y les renta más el alquiler turístico o el alquiler a estudiantes".
En el caso de Paquita entra en juego el Plan Reside, la norma del Ayuntamiento de Madrid que regula los pisos turísticos, prohíbe alojamientos dispersos en fincas de vecinos y endurece las multas para proteger la vivienda habitual.
Piedrabuena explica que "con en el Plan Reside, que en teoría se hizo para aliviar la crisis de la vivienda, la situación empeora porque se están transformando edificios enteros en pisos de alquiler turístico".
Y las empresas como Tolesanta es lo que hacen; la transformación progresiva de inmuebles residenciales en apartamentos turísticos. El presidente de la asociación de vecinos explica que en el edificio de la calle Santa Ana 6 aún no es el caso, pero "es lo que quieren lograr porque les conviene para hacer negocio". Añade que de momento, quedan entre 4 y 8 alquileres residenciales en el edificio.
La presión sobre este tipo de edificios se ha intensificado durante los últimos años coincidiendo con el auge del alquiler vacacional en el centro de Madrid, donde la rentabilidad obtenida por una vivienda destinada al turismo suele superar ampliamente la de un alquiler residencial.
Según el último informe elaborado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la ciudad supera las 16.000 viviendas de uso turístico y alrededor del 91% opera sin la licencia urbanística correspondiente.
Antecedente de la calle Toledo
No es la primera vez que el nombre de Tolesanta aparece vinculado a un conflicto relacionado con viviendas turísticas. Hace unas semanas, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó una sentencia que ordena el cierre de varios apartamentos turísticos explotados por distintas sociedades vinculadas al mismo grupo empresarial en el número 77 de la calle Toledo, también en el distrito Centro.
La resolución judicial considera acreditado que la actividad desarrollada en esos inmuebles provocó durante años ruidos, fiestas, molestias continuadas y una alteración grave del descanso de los vecinos.
Como consecuencia, los magistrados ratificaron tanto el cese de la actividad en varios apartamentos como la indemnización fijada para la familia afectada, que asciende a 34.000 euros.
El inmueble constituye otro ejemplo del modelo de explotación seguido por estas sociedades. De las cerca de sesenta viviendas que alberga el edificio, alrededor de cuarenta llegaron a destinarse a uso turístico, según recoge la resolución judicial.
El centro
El conflicto que rodea a Paquita vuelve a situar sobre la mesa el impacto de las viviendas turísticas en los barrios históricos de la capital. En zonas como La Latina, Sol o Cortes, la sustitución progresiva de viviendas residenciales por alojamientos destinados al turismo ha reducido la oferta disponible para alquiler permanente y ha incrementado la presión sobre los inquilinos con contratos antiguos.
Los últimos cambios normativos impulsados tanto por el Ayuntamiento de Madrid como por la Comunidad buscan endurecer el control sobre este tipo de alojamientos, aunque asociaciones vecinales denuncian que la mayor parte de las viviendas continúa funcionando sin autorización y que las inspecciones apenas logran revertir la pérdida de parque residencial.
Mientras tanto, el procedimiento de desahucio de Paquita ha convertido a Tolesanta en el símbolo de la situación de la vivienda en las grandes capitales, en este caso, Madrid: empresas que hacen negocio con la vivienda transformándola en alquileres turísticos y el fin del uso residencial en el centro de la ciudad.
