El Ministerio de Consumo propone prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y a menores de 18 si superan los 32 mg de cafeína por 100 ml.
Casi el 40% de los jóvenes de 14 a 18 años consume habitualmente estas bebidas, y uno de cada seis las mezcla con alcohol.
La iniciativa responde a alertas de organismos como la OMS sobre los riesgos de la cafeína en menores: alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares y de comportamiento.
La consulta pública busca un consenso para una regulación estatal, evitando diferencias territoriales y sumando a España a otros países europeos con medidas similares.
El Ministerio de Consumo ha puesto en marcha la tramitación de una de las regulaciones más esperadas , y controvertidas, en materia de salud pública juvenil: la limitación del acceso de menores a las bebidas energéticas.
El anteproyecto de ley, presentado este jueves por el ministro Pablo Bustinduy, abre ahora una fase de consulta pública en la que ciudadanos, asociaciones y sectores afectados podrán opinar antes de su redacción definitiva.
La iniciativa no es menor. Por primera vez, el Gobierno plantea restringir por ley la venta de este tipo de bebidas en función de la edad y de su contenido en cafeína, con un umbral que marcará dos escenarios: la prohibición para menores de 16 años y la extensión hasta los 18 en los productos que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
La medida llega en un momento en el que estas bebidas están completamente normalizadas entre adolescentes, especialmente en entornos urbanos y deportivos.
Según datos del propio Ministerio de Sanidad, casi cuatro de cada diez jóvenes de entre 14 y 18 años las consume habitualmente, una cifra que asciende al 45,7% en el caso de los chicos. Uno de cada seis, además, las mezcla con alcohol.
Un consumo normalizado en la adolescencia
La consulta pública abierta por Consumo busca recabar opiniones sobre los problemas que se pretenden resolver, la necesidad de la norma, sus objetivos y posibles alternativas. En la práctica, supone el primer paso formal hacia una regulación estatal que hasta ahora ha sido fragmentada y desigual entre territorios
El Ministerio sostiene su propuesta en la evidencia científica recopilada por organismos como la AESAN y la OMS, que alertan de los efectos del consumo elevado de cafeína en menores: alteraciones del sueño, cambios en el comportamiento, problemas cardiovasculares e incluso riesgos asociados a la hipertensión o la pérdida de masa ósea.
No es un fenómeno marginal. Las bebidas energéticas han pasado en pocos años de ocupar un espacio residual en supermercados y gasolineras a convertirse en un producto omnipresente en la dieta adolescente.
Su consumo, vinculado en muchos casos a la vida nocturna, el deporte o el estudio intensivo, ha generado preocupación creciente entre pediatras y educadores.
De los colegios a la ley estatal
La futura normativa se apoya también en medidas ya en vigor, como el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que prohíbe la venta de bebidas energéticas en centros educativos de todo el país.
El nuevo paso del Ministerio supone ampliar ese perímetro más allá del ámbito escolar y trasladarlo al conjunto del mercado, algo que ya han hecho o están estudiando otros países europeos como Alemania, Noruega, Polonia o Hungría.
En paralelo, algunas comunidades autónomas como Galicia o Asturias han comenzado a desarrollar sus propias regulaciones, lo que ha reabierto el debate sobre la necesidad de una legislación común para evitar diferencias territoriales en la aplicación de las normas.
Consumo defiende precisamente esa idea: una regulación estatal que garantice unidad de mercado y evite que el acceso de los menores dependa del código postal.
Una medida con amplio respaldo social
Más allá del debate político o económico, los datos apuntan a un amplio consenso social. Según el último barómetro de la AESAN, nueve de cada diez personas en España apoyan limitar el consumo de bebidas energéticas en la infancia y la adolescencia.
Sin embargo, el sector comercial y parte de la industria de bebidas observa con cautela el alcance de la norma, especialmente en lo relativo a la definición exacta de “bebida energética” y a los criterios de concentración de cafeína que determinarán su restricción.
La consulta pública abierta ahora será clave para perfilar esos límites. Durante las próximas semanas, asociaciones médicas, expertos en nutrición, empresas del sector y ciudadanos podrán presentar alegaciones antes de que el texto avance hacia su tramitación parlamentaria.
De salir adelante en los términos planteados, España se sumaría a un grupo creciente de países europeos que han empezado a intervenir directamente en el consumo de este tipo de productos entre menores. Un cambio que, más allá de la norma, apunta a una transformación más profunda: la forma en la que la sociedad está empezando a mirar lo que beben sus adolescentes.