La Dirección General de Tráfico se encuentra investigando los graves destrozos que han sufrido varios de sus dispositivos situados en algunos puntos clave de las carreteras españolas. Y es que una vez más, los radares se convierten en protagonistas por causas desgraciadas, especialmente en la Comunidad de Madrid.
Y es que en la céntrica región se ha producido el destrozo de dos costosos y valiosos dispositivos, lo que ha provocado que la DGT abra una gran investigación para encontrar al culpable o culpables de lo sucedido. El perjuicio es grave, ya que solo en la Comunidad de Madrid los daños ascienden a los 130.000 euros.
En total son siete los radares que han aparecido dañados o destrozados recientemente. Además de los dos dispositivos atacados en la Comunidad de Madrid hay otros dos en Castilla-La Mancha, dos más en Castilla y León y uno más en la Comunidad Valenciana.
Tras los actos vandálicos, que han generado una gran preocupación dentro de la DGT, ya que se sospecha que los responsables podrían ser los mismos, el organismo se encuentra siguiendo varias pistas para intentar esclarecer lo sucedido. Y sobre todo, intentar cortar esta escalada de comportamientos vandálicos que además tienen un importante coste económico para el ente regulador.
Vandalizar radares es un delito grave que aparece tipificado en el Código Penal y es que estos sofisticados aparatos se consideran valor patrimonial de propiedad ajena que, lógicamente, no se puede dañar o romper bajo ningún concepto. Además del importante perjuicio económico, el culpable o culpables se exponen incluso a una pena de cárcel.
Daños de 460.000 euros y posible pena de cárcel
Los desperfectos provocados en estos radares han dejado un perjuicio económico de casi medio millón de euros a la Dirección General de Tráfico. Y es que los siete radares destrozados tienen un coste de 67.000 euros cada uno en el caso de los fijos y de 66.000 euros para los radares de tramo.
Dañar este tipo de dispositivos está recogido en el Código Penal y constituye un delito, tal y como se muestra en los artículos 263 a 267. De hecho, en el artículo 263.2 se especifica que los culpables se exponen a una pena de cárcel 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. "Cuando los daños tengan por objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad o se realicen como consecuencia de las acciones ejecutadas por la autoridad en el ejercicio de sus funciones".
"También cuando se cometan contra funcionarios públicos, o contra particulares que, como testigos o de cualquier otra forma, hayan contribuido o puedan hacerlo en la ejecución o aplicación de las leyes". El culpable o culpables tendrán que responder por el coste económico de cada radar mientras la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en los puntos en los que se encuentran estos radares.
Esta medida se une también a la implantación de cámaras de vigilancia adicionales para poder captar cualquier detalle que ayude en la investigación. Estos dispositivos están en conexión directa a los Centros de Gestión de la DGT.
La preocupación dentro de este organismo es grande ya que consideran a los radares un elemento fundamental para intentar garantizar la mayor seguridad posible en las carreteras. Según informa la propia DGT, entre el 10% y el 15% de todos los accidentes de tráfico tienen una relación directa con el exceso de velocidad.
En líneas generales, alrededor de uno de cada tres siniestros en carretera termina con víctimas mortales. Respecto al exceso de velocidad, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial afirma que la gestión de este factor está influida por la vigilancia policial y el control de las autoridadestanto con radares fijos como con radares de tramo.