La Comunidad de Madrid presentó ayer el recurso ante el Contencioso Administrativo solicitando a la Justicia la adopción de medidas cautelarísimas para el desalojo de la acampada en la Puerta del Sol.
Desde el Gobierno regional se considera que se están excediendo los límites que delimitan el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tratando la acampada como "una ocupación ilegal del espacio público".
El recurso cuenta que la acampada en la Puerta del Sol genera "una evidente y manifiesta afección física y directa a dos Bienes de Interés Cultural (BIC), la Real Casa de Correos y la Escultura del Oso y el Madroño".
Desde la Comunidad afirman que estos daños podrían constituir un delito de expolio contra el patrimonio cultural, motivo por el que la Administración del Estado "debería actuar de inmediato y en virtud de sus competencias".
En el escrito figuran los siguientes puntos donde se ejemplifica una relación de daños provocados en la Puerta del Sol por la acampada considerada como "ilegal" tanto por la Comunidad de Madrid como por el Ayuntamiento:
• Trepar y subirse a la fachada de la Real Casa de Correos, utilizando ventanas y rejas como puntos de apoyo.
• Ejercer peso, tirones y agarres sobre elementos arquitectónicos no preparados para soportarlos, con riesgo de rotura, desgarro y otros daños.
• Realizar pintadas y grafitis en la fachada y en otros elementos del conjunto protegido.
• Subirse a la escultura del Oso y el Madroño, sometiendo tanto la pieza de bronce como su pedestal a un peso excesivo.
• Colocar pegatinas en el Oso y el Madroño, que deberán ser retiradas por un restaurador utilizando los medios físicos y químicos.
• Colocar cuerdas, banderas y otros objetos ajenos al conjunto histórico sobre la escultura y los elementos patrimoniales, alterando su imagen y la correcta percepción de sus valores patrimoniales.
• Ocupar total de la plaza, dificultando la visión, el acceso y el disfrute del espacio protegido.
• Impedir la inspección de determinadas zonas, por la dificultad de acceso al interior del espacio ocupado, lo que imposibilita comprobar otros posibles deterioros.
Desde la Comunidad hacen hincapié principalmente en cómo se ha podido ver a personas subiendo a su fachada, trepando por las ventanas y rejas, en elementos que no están diseñados ni construidos para soportar el peso, tirones y agarres de personas, lo que puede implicar el desgarre, la rotura y otras afecciones directas.
"Corresponde al delegado del Gobierno obligaciones regladas e imperativas en materia de prevención y vigilancia, sin margen de apreciación ni discrecionalidad en cuanto a su ejercicio, para garantizar la protección de las personas, los bienes y las instituciones", han alegado.