La Comunidad de Madrid ha advertido este jueves que el 85% de los contratos de alquiler previstos para su firma estos días en las oficinas del Plan Alquila regional han sido aplazados ante "la inseguridad jurídica" generada por los decretos leyes sobre vivienda aprobados que tiene previsto aprobar el Congreso este viernes.

En un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X', el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado que han sido aplazados "porque propietarios e inquilinos prefieren esperar" a este viernes "para saber cuál de los inventos socialistas tendrá validez".

"Cuando las reglas cambian de un día para otro, hasta firmar un contrato se convierte en una cuestión de incertidumbre. Y después nos preguntaremos por qué falta oferta de alquiler", ha advertido el máximo responsable de Vivienda en la Comunidad sobre las "consecuencias en el mercado del alquiler" de estos decretos.

Plan Alquila

El Plan Alquila de la Comunidad de Madrid es un sistema de intermediación entre propietarios e inquilinos que tiene como objetivo facilitar que la vivienda salga al mercado y que ambas partes tengan cierta seguridad jurídica.

Al propietario lo orientan a la hora de buscar inquilinos, hacer los contratos y el inventario de la vivienda, darle asesoramiento jurídico y fiscal o mediar ante posibles conflictos.

Y al inquilino le hacen un estudio de solvencia y le ayudan en la búsqueda de vivienda según el precio, a mediar con el propietario o a hacer el contrato.

Por tanto, el Plan Alquila no pretende ofrecer un precio reducido al inquilino, sino ayudar a los propietarios e inquilinos a encontrarse y ponerse de acuerdo.

Dos decretos

El primer decreto ley incluye un amplio abanico de medidas que van desde bonificaciones fiscales, protecciones frente a desahucios, límites en la compra de vivienda por parte de fondos 'buitre' o imponer un IVA del 10% a los pisos turísticos.

El otro decreto, impulsado por Sumar a petición del Sindicato de Inquilinas, establece la renovación automática de los contratos de alquiler y obliga al casero a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decide romper el contrato.

Como cualquier decreto ley, entran en vigor al día siguiente de su publicación, pero tienen que votarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días para decidir si se convalidan o se derogan. El Ejecutivo ha decidido no esperar y este mismo viernes se debatirán en una sesión plenaria urgente, por lo que se esperan intensas horas de negociaciones con los grupos parlamentarios.