La Comunidad de Madrid mantiene el pulso con la Delegación del Gobierno por la acampada instalada en la Puerta del Sol y avisa de que acudirá a los tribunales si el Ejecutivo central no ordena su desalojo.
El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha asegurado este miércoles que quedan 24 horas para que expire el plazo dado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y ha advertido de que, si no se produce el desalojo, la Comunidad presentará un recurso contencioso-administrativo por una supuesta "inactividad" y "dejación de funciones".
García Martín ha defendido que la acampada no constituye, a juicio del Ejecutivo autonómico, el ejercicio de un derecho de reunión, sino una ocupación permanente de la Puerta del Sol que estaría generando perjuicios en el entorno.
"Quedan 24 horas para que el delegado del Gobierno dé la orden para desalojar la Puerta del Sol, que está okupada de manera ilegal", ha señalado.
El portavoz ha comparado la situación con otros espacios de la capital y ha afirmado que, si la protesta se hubiera instalado frente a La Moncloa o Ferraz, "no se habría permitido ni una sola tienda de campaña".
La Comunidad sostiene además que la acampada está afectando a la actividad de la zona y al funcionamiento de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional y Bien de Interés Cultural.
Según García Martín, se han producido actos vandálicos contra el edificio y se ha visto comprometido el acceso de ciudadanos a los comercios y el funcionamiento de la propia sede del Gobierno autonómico.
El Ejecutivo regional está elaborando un informe sobre las "afecciones" que, según sostiene, está sufriendo tanto la Casa de Correos como la Puerta del Sol y que serviría de base para las actuaciones judiciales que prepara.
El portavoz regional también ha vinculado la situación de Sol con las alteraciones que se están produciendo en el transporte público. Tras el anuncio de Cercanías de que la estación de Sol permanecería cerrada desde las 21.00 horas, García Martín ha reclamado explicaciones y ha anunciado que la Comunidad estudiará medidas contra la Delegación del Gobierno y contra quienes incumplan la ley o provoquen daños en el espacio público.
"Sol es un espacio protegido", ha señalado, antes de reclamar que se actúe si se detectan situaciones como la que denunció el alcalde José Luis Martínez Almeida sobre el supuesto acopio de adoquines o cuchillos.
Sobre las pintadas aparecidas en el entorno de la Real Casa de Correos, algunas de ellas dirigidas contra Isabel Díaz Ayuso, el portavoz ha reclamado a la Delegación del Gobierno que garantice "medios suficientes" para proteger el edificio y a los trabajadores que desarrollan allí su actividad.
García Martín ha asegurado que la Comunidad ya ha trasladado esta petición por carta y ha insistido en que corresponde al delegado ejercer sus competencias en materia de seguridad.
La Comunidad también ha anunciado que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la ocupación de la sede de la Agencia de Vivienda Social, al considerar que la protesta estaría interfiriendo en el funcionamiento de un servicio público.
García Martín ha defendido que el Ejecutivo autonómico no permitirá que las movilizaciones afecten a la prestación de estos servicios.
El enfrentamiento se produce mientras la acampada continúa en Sol después de que el Sindicato de Inquilinas decidiera mantener la protesta para reclamar nuevas medidas en materia de vivienda.
La Delegación del Gobierno ha defendido, por su parte, el derecho fundamental de reunión y ha pedido a la Comunidad que lo respete, al tiempo que ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana en la plaza.
El portavoz de la Comunidad de Madrid se refirió también al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Madrid y Urbagestión que le permite volver a su casa: "nosotros le ofrecimos dos alternativas residenciales".
Miguel Ángel García Martín también ha cargado contra Más Madrid por su posición ante la acampada y ha acusado a la formación de priorizar la protesta frente al "interés de los madrileños".
