La Justicia obliga al Ayuntamiento de Madrid a anular todas las multas de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que no cuenten con sentencia firme, sin importar el distrito.
La resolución judicial rechaza la interpretación del Consistorio que limitaba la anulación solo a las zonas de especial protección como Distrito Centro y Plaza Elíptica.
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) estima que la nulidad podría afectar a más de 3,5 millones de sanciones tramitadas desde diciembre de 2021, por casi 700 millones de euros.
AEA denuncia que el Ayuntamiento sigue cobrando multas pese a la nulidad judicial y amenazan con solicitar la ejecución forzosa de la sentencia si continúan los embargos.
Una nueva resolución judicial rechaza el criterio del Ayuntamiento de Madrid y aclara que la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) afecta a todas las sanciones pendientes, con independencia del lugar donde se impusieran.
Una magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid ha dictado una resolución que obliga al Ayuntamiento a anular todas las multas derivadas de las Zonas de Bajas Emisiones que aún no cuenten con una sentencia firme.
El auto rechaza la interpretación del Consistorio, que limitaba los efectos de la nulidad a las sanciones impuestas en las zonas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica.
Sentencia firme
La resolución responde a un recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de una conductora sancionada fuera de esas áreas de especial protección.
Según el texto judicial, "todas las sanciones impuestas por no respetar las restricciones derivadas de Madrid ZBE respecto de las cuales todavía no haya recaído sentencia firme (...) quedan afectadas por la declaración de nulidad".
Posibles embargos
AEA sostiene que el Ayuntamiento continúa con los procedimientos de cobro pese a la nulidad declarada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, una decisión que adquirió firmeza tras la inadmisión del recurso presentado por el Consistorio ante el Tribunal Supremo.
Desde AEA, lo califican como una "irregular actuación" y asegura que, si no se paralizan los apremios, recargos y embargos, solicitará la ejecución forzosa de la sentencia.
Millones de afectados
Según las estimaciones de AEA, esta nulidad podría afectar a más de 3,5 millones de expedientes sancionadores tramitados desde diciembre de 2021 hasta la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad el pasado 6 de abril, por un importe cercano a los 700 millones de euros.