La Asamblea de Madrid ha aprobado la Ley de Empresa Familiar, que aumenta la bonificación fiscal en herencias y donaciones de negocios familiares del 95% al 99%.
La nueva ley amplía los familiares que pueden heredar empresas, incluyendo no solo hijos y cónyuges, sino también ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos y primos.
Se elimina la obligación de que el propietario tenga 65 años o que la actividad sea su principal fuente de ingresos para acceder a la bonificación.
El Gobierno regional estima que 1.500 madrileños podrán beneficiarse cada año, con un ahorro total de unos dos millones de euros anuales.
Miles de negocios familiares tendrán desde julio nuevas facilidades para continuar con su actividad cuando llegue el momento del relevo generacional.
La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la Ley de Empresa Familiar, una norma que modifica las condiciones fiscales de las transmisiones de estos negocios y amplía las personas que podrán hacerse cargo de ellos.
La medida estrella de la nueva legislación es el aumento de la bonificación fiscal en los casos de herencia o donación de empresas. La reducción de la base imponible pasará del 95% al 99%, siempre que quien reciba el negocio mantenga la actividad durante los cinco años posteriores.
1.500 madrileños
El Gobierno regional calcula que alrededor de 1.500 madrileños podrán acogerse cada año a estas ventajas, con un ahorro conjunto estimado de unos dos millones de euros anuales.
La ley busca dar más margen a las empresas familiares a la hora de elegir quién toma el relevo. Hasta ahora, los beneficios estaban más limitados, pero la nueva norma incorpora a más familiares: además de hijos y cónyuges, podrán acceder ascendientes, hermanos, tíos, sobrinos e incluso primos.
También abre la puerta a que el negocio pueda continuar en manos de un trabajador de confianza. Para ello deberá contar con al menos diez años de antigüedad en la empresa y haber ocupado puestos de dirección durante los últimos cuatro.
La Comunidad elimina además algunos obstáculos que existían para acceder a estas ventajas, como la obligación de que el propietario tuviera 65 años o que la actividad empresarial fuese su principal fuente de ingresos.
Durante el debate en la Asamblea, el Partido Popular defendió que la norma responde a una dificultad habitual entre los pequeños negocios: encontrar una persona que pueda continuar con la empresa cuando la generación que la puso en marcha se retira.
La diputada Elisa Vigil señaló que muchos comercios y compañías familiares afrontan cargas fiscales que pueden dificultar su continuidad.
La oposición, sin embargo, cuestionó el objetivo de la iniciativa. El PSOE acusó al Gobierno regional de utilizar el argumento del relevo empresarial para aprobar una nueva rebaja fiscal y reclamó que la política tributaria tenga en cuenta la financiación de los servicios públicos.
Desde Más Madrid, Beatriz Borrás criticó que la norma no aborda otros problemas que afectan a los pequeños negocios, como el precio de los alquileres o la presión de las grandes cadenas comerciales.
Vox, por su parte, reclamó una protección mayor para las empresas españolas y consideró que las medidas aprobadas por la Asamblea son insuficientes.