Las claves

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Aunque el código de leyes de un país o de un territorio parezca un texto estático e inamovible, lo cierto es que no es así. Este cambia, se renueva y se moderniza con el paso del tiempo, adaptándose a los nuevos entornos y a las nuevas necesidades de la sociedad. Y si hay un pueblo que se encuentra en constante cambio ese es el madrileño. Por ello, no es extraño que sus leyes también se transformen con el tiempo.

Isabel Díaz Ayuso se ha caracterizado durante toda su legislatura por ser una líder de lo más activa, sobre todo en cuanto a rebajas fiscales se refiere. Y es que desde su llegada al poder ha conseguido poner en marcha más de 30 medidas que han favorecido a los madrileños traduciéndose en un ahorro en el pago de sus obligaciones o en el acceso a ayudas y subvenciones.

Sin embargo, Ayuso no solo ha renovado el panorama político de Madrid desde el punto de vista económico, sino también desde el social. Y así y es como han llegado nuevos textos como la recién estrenada ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, la 5/2025. Esta es una ley que fue aprobada el pasado 23 de diciembre de 2025.

Su objetivo principal es modernizar y reorganizar cómo gestiona el dinero el sector público madrileño. Por ello, afecta a entornos presupuestarios, contabilidad, tesorería, control financiero o reparto de subvenciones. Dicha ley sustituye a una norma de 1990 que, tras 35 años de vigencia, había quedado ya obsoleta.

Además, esta nueva ley adapta mucho más la normativa a la legislación estatal y europea. El reto ahora es comprobar si, efectivamente, permite una gestión económica de los recursos más eficiente, reforzando el control financiero y aportando estabilidad presupuestaria.

¿Qué cambios tiene la nueva ley de Hacienda?

Una de las medidas más importantes que se introduce con la nueva ley es una programación plurianual a medio plazo y un régimen más detallado de auditoría y de control interno. Esto traerá consigo una mejora en la transparencia y en la comunicación con la Asamblea de Madrid, integrando y aclarando la obligación de remitir información económica y presupuestaria al Parlamento autonómico.

Además, la nueva ley también servirá para separar mejor la Tesorería General (para todo el sector público salvo universidades) de la Tesorería Central (recursos financieros de la Administración y organismos sin tesorería propia), para clarificar competencias y operaciones.

Sin embargo, el cambio más significativo, y de mayor interés para los madrileños, es que supone también una reforma profunda de la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Lo fundamental es que se simplifican procedimientos. Por ello, será más fácil y más rápido el acceso a los miles de euros que se reparten en concepto de estas ayudas.

Por si fuera poco, habrá una mayor seguridad jurídica, lo que debería acelerar la llegada de ayudas a empresas, autónomos y entidades, mejorando el uso de esos fondos, según la previsión del Ejecutivo madrileño.

Por ello, este cambio introducido por Ayuso no supondrá un cambio directo, ya que no se trata de una subida o de una bajada de impuestos como tal. Si no que más bien supondrá una nueva organización en el método de gestión de su presupuesto y en su control del gasto. Y es que, en resumidas cuentas, esta ley se centra en cómo se gestiona lo recaudado, no en cuánto se cobra.