La película Blade Runner 2049 (2017) comienza con una escena en la que se muestran gigantescas granjas de placas solares que han convertido la tierra en un auténtico desierto.
Una imagen prácticamente postapocalíptica que, en realidad, se rodó en una planta de energía que funciona de verdad en el desierto de Mojave, en California (EE. UU.). A eso es precisamente a lo que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere parecerse, ni de lejos.
Por eso —y aunque el símil con Blade Runner sea una hipérbole en sí mismo— el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso apuesta por la diversidad en el cultivo y quiere limitar la puesta en marcha de campos de energía fotovoltaica.
La presidenta anunció ese proyecto durante el Debate del Estado de la Región: un Plan de Protección del Paisaje que fija un techo por el que solo el 4% de la superficie autonómica podrá destinarse a grandes instalaciones solares.
El plan se concretará en un mapa de zonificación, que identifica las zonas adecuadas para la instalación de estas plantas —unos 320 kilómetros cuadrados— y excluye otras por su impacto en el paisaje, en los recursos agrícolas o en espacios de valor cultural.
La idea, defendió Ayuso, es asegurar una transición energética “ordenada” y “compatible” con la agricultura y el entorno natural, frente al impulso del Gobierno central a las macroinstalaciones.
Con este plan, que excluye como terrenos potenciales espacios que puedan afectar al Patrimonio o demasiado cerca de viviendas, se habrían desechado algunos proyectos que ahora están creando polémica como las macrogranjas solares de Humanes o Aranjuez.
Energía con equilibrio
La Comunidad de Madrid, con apenas 8.000 km² y la mayor densidad de población del país, concentra una intensa actividad económica, una elevada demanda energética y un patrimonio natural y cultural singular.
El desarrollo eólico a gran escala resulta inviable en este territorio por condicionantes ambientales y urbanísticos, lo que convierte al despliegue fotovoltaico en la principal opción para avanzar en la transición energética.
El plan se apoya en el Estudio de Potenciales Zonas de Implantación de Energías Renovables, enmarcado en la Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030.
Este trabajo analiza proyectos solares ya en tramitación y los cruza con usos agrícolas, ambientales y culturales. El resultado es una cartografía que asigna a cada área un Índice de Capacidad de Acogida (ICA). Solo aquellas con un ICA muy alto —equivalente a ese 4% del territorio regional— serán recomendadas para albergar nuevas plantas.
Mapa de dónde se podrán instalar paneles solares.
El análisis no contempla la fotovoltaica en cubiertas ni la agrovoltaica, que el Ejecutivo considera oportunidades adicionales para incrementar la generación de energía sin sacrificar paisaje ni suelo agrícola.
Es decir, ese 4% es sólo terreno potencialmente agrícola (por ejemplo) cuyo uso cambiaría a explotación fotovoltaica y no tiene en cuenta los tejados de hospitales o colegios donde se suelen instalar estas placas para mejorar la eficiencia energética.
Olivares y viñedos, bajo protección
El Gobierno autonómico también pondrá el foco en los cultivos tradicionales en una apuesta por reactivar la agricultura en la Comunidad, que está potenciando con proyectos como un vino propio o crear Denominaciones de Origen para productos como el aceite o el vino.
El plan prevé un control específico sobre olivares y viñedos para garantizar su permanencia y proteger cientos de árboles centenarios. Además, se pondrá en marcha una ayuda al viñedo en vaso de mayor edad, con una prima de 200 euros por hectárea y una dotación de 500.000 euros anuales que se prolongará durante cuatro años, hasta alcanzar 2,5 millones de euros.
Según la Comunidad, estos viñedos antiguos y de secano producen racimos de mayor calidad, lo que se traduce en vinos con mejores características organolépticas y mayor valor añadido. Conservarlos servirá no solo para impulsar la Denominación de Origen Vinos de Madrid, sino también para preservar el mosaico agrícola, ganadero y forestal y revertir la pérdida de biodiversidad.
La zonificación, concluye el Ejecutivo autonómico, dará seguridad jurídica a los promotores, certidumbre a los municipios y permitirá la coexistencia entre la transición energética y la conservación del paisaje.