El número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde Maricarmen Abascal vivió durante más de 70 años queda ahora a la espera de una decisión.
La mujer que se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda falleció este miércoles sin haber podido regresar a la vivienda y sin haber llegado a firmar el contrato que le permitía hacerlo.
El documento estaba preparado y firmado por Urbagestión, pero un día antes de la fecha prevista para que Maricarmen firmara su parte del contrato, falleció.
Fernando Alonso, copropietario de Urbagestión, asegura a EL ESPAÑOL que la empresa no tiene previsto tomar ninguna decisión inmediata sobre el inmueble.
"Ahora mismo no lo hemos valorado ni pensado, no vamos a hacer nada de momento, que pase el tiempo y ya se verá, pero por ahora no vamos a hacer absolutamente nada".
Alonso relata que precisamente este miércoles se "interesó por el estado de salud" de Maricarmen y contactó con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para saber cómo avanzaba la firma.
Urbagestión había entregado el documento el viernes por la tarde, firmado por su parte al Servicio de Intermediación del Alquiler (SIA) de la EMVS, que se encargaba de gestionar la firma de Maricarmen.
Según explica Alonso, desde la EMVS le comunicaron que iban a recoger el contrato y que estaba previsto que Maricarmen lo hubiera firmado este jueves antes de las 15 horas. Pero, alrededor de las 20:30 horas del miércoles se anunció el fallecimiento de la mujer.
El acuerdo que debía permitirle volver a su casa quedó así sin llegar a completarse. Urbagestión había dado ya su conformidad al nuevo contrato y había entregado las llaves con el el documento en un sobre, pero Maricarmen no llegó a formalizar su parte antes de morir.
El pacto alcanzado entre Urbagestión, el Ayuntamiento de Madrid y los representantes de Maricarmen contemplaba que la mujer pudiera recuperar el uso de su vivienda cuando recibiera el alta del Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde el desahucio.
El nuevo contrato establecía una renta de alrededor de 500 euros mensuales, equivalente al 30% de sus ingresos, y tendría una duración de ocho años.
La negociación se había cerrado después de varias horas de reunión y con la mediación de la EMVS. Ahora el escenario es otro. "No vamos a hacer nada de momento", insiste Alonso.
La casa había quedado cerrada después del desahucio con sus pertenencias dentro, mientras ella estaba ingresada en el hospital. El acuerdo alcanzado posteriormente estaba pensado precisamente para que pudiera regresar una vez recibiera el alta.
Maricarmen sí llegó a conocer el acuerdo durante su ingreso. Su abogada, Beatriz Duro, explicó entonces que estaba "muy contenta" ante la posibilidad de volver a la que había sido su casa durante más de siete décadas.
La vivienda había sido el centro de la vida de Maricarmen. Su padre la alquiló en 1956 y, tras sucesivos cambios de titularidad familiar, ella asumió el contrato en 2005. Durante años pagó una renta antigua de alrededor de 440 euros, hasta que Urbagestión adquirió el inmueble en 2018.
A partir de entonces comenzó el conflicto por la vivienda y se sucedieron varios procedimientos e intentos de desahucio. El último, el pasado septiembre, terminó con Maricarmen fuera de su casa y trasladada posteriormente al Hospital Gregorio Marañón.
Tras el desahucio, la primera propuesta de Urbagestión pasaba por incorporar la vivienda a uno de los programas municipales de alquiler asequible, una opción que el Consistorio descartó al considerar que no cumplía los requisitos. Finalmente, las partes se sentaron a negociar con la mediación de la EMVS.
De aquellas conversaciones salió el acuerdo que debía permitir a Maricarmen recuperar su casa: una renta de unos 500 euros al mes y un contrato de ocho años. La propiedad ya había firmado el documento y las llaves estaban en manos de la EMVS. Solo quedaba completar la firma de Maricarmen, prevista para este jueves.
Ella murió el miércoles por la tarde, antes de que llegara ese momento.
Ahora, la vivienda donde Maricarmen pasó más de siete décadas permanece cerrada, con sus pertenencias en el interior y sin una decisión sobre su futuro. Urbagestión asegura que, por el momento, no hará ningún movimiento sobre el piso. El contrato que debía devolverle su casa quedó preparado, pero nunca llegó a entrar en vigor.