El Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración este viernes frente al Congreso de los Diputados como medida de presión para que se aprueben los dos decretos Maricarmen y obviando el despliegue de 600 antidisturbios.
Según los mandos policiales del operativo de Seguridad Ciudadana que se está preparando consultados por EL ESPAÑOL, serán 12 grupos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los conocidos como antidisturbios, los que se desplegarán junto a la Cámara Baja.
"¿Quién podría negarse a la estabilidad en este país?", ha comenzado su comparecencia Alicia del Río, portavoz del movimiento. "Que se lo piensen los diputados que van a votar en contra", ha advertido.
"Hay que legislar contra los especuladores. La chispa que se ha prendido aquí va a seguir", ha celebrado Alicia. "Hemos anunciado manifestaciones para el sábado. El plan para avanzar con los derechos de la vivienda es imparable. Vamos a organizar una huelga general", ha anunciado.
En cuanto a la permanencia del movimiento en Sol, por primera vez desde el pasado sábado, ha reconocido que podría ir menguando en función de lo que salga del Congreso. "La acampada ha sido un medio y evolucionará según los acontecimientos que veamos este viernes. Todos los ojos están puestos en lo que pase en el Congreso", ha sentenciado Alicia del Río.
Algunos de los jóvenes acampados en Sol.
Apoyos
El pleno del Congreso votará este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, aunque sólo uno de ellos, el que defenderá la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tiene visos de salir adelante, para lo cual es necesario que Junts al menos se abstenga.
Una vez que Podemos ha desvelado en las últimas horas que votará a favor (porque se lo ha pedido el Sindicatos de Inquilinas), el Gobierno cuenta a priori con 171 síes (PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, Compromís y BNG) y 171 noes (PP, Vox y UPN) para validar el decreto, por lo que los siete votos de Junts son decisivos.
Una abstención de los de Carles Puigdemont bastaría para su convalidación, si -como todo apunta- la diputada de CC vota a favor.
La decisión de Junts per Catalunya la tomará esta noche su dirección ejecutiva en una reunión telemática de urgencia, después de que este jueves su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, se declarara "decepcionada" y "preocupada" con las medidas presentadas por el Ejecutivo.
También CC decidirá su voto en las próximas horas, aunque previsiblemente apoyará el primer decreto, teniendo en cuenta que en abril ya se alineó con la izquierda para respaldar la prórroga de los alquileres, que entonces fue derogada.
El "sí crítico" del PNV
Por su parte, el PNV, que en abril se abstuvo, dará este viernes su apoyo al nuevo decreto, al tiempo que lo criticará por considerarlo un "parche puntual con muchas carencias".
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defenderá ante el pleno del Congreso el primero de los dos decretos -el que contiene el grueso de las medidas y más posibilidades de salir adelante-, mientras que el segundo —el de renovación automática de los contratos de alquiler— lo defenderá el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Rodríguez señalará previsiblemente que se trata de un decreto "amplio" y "transversal", fruto de la negociación que su ministerio ha mantenido desde hace meses con los grupos parlamentarios de la mayoría de investidura y en el que hay medidas que todos ellos han defendido en algún momento, o que le han hecho llegar.
Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.
También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).
Por su parte, el decreto que defenderá Bustinduy consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.
Esta medida, reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas desde hace una semana, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años, será rechazada previsiblemente por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox, PNV, Junts y UPN.