Los sindicatos policiales califican de "esperpento" que el Gobierno investigue la actuación de la Policía en el desahucio de Maricarmen, quien vivió 71 años en la vivienda.
Durante el operativo se produjeron momentos de tensión, cargas policiales y denuncias de violencia por parte de manifestantes y testigos, incluyendo a la abogada Inés Hernad.
La Delegación del Gobierno en Madrid afirmó que investigará el dispositivo policial tras reconocer imágenes que no le gustaron, desmarcándose del operativo.
El desahucio acabó con Maricarmen saliendo en camilla y desencadenó una concentración de cerca de 10.000 personas en Madrid, que terminó con nuevas cargas policiales.
-"¿Sabes que podrías ser tú?", le dijo Ruth, una de los cientos de personas que acamparon frente al portal, a un Policía Nacional antes de que abrieran a golpes la puerta de la casa de Maricarmen.
-"Ya lo sé", respondió con resignación, ya que solo cumplía órdenes.
Esa breve conversación entre Ruth y el agente se produjo mientras Maricarmen era desalojada de la casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que había vivido 71 años. Durante la jornada del miércoles se sucedieron momentos de tensión, empujones y cargas puntuales contra las personas concentradas para frenar el lanzamiento judicial.
Policía Nacional levantando en peso a una de las personas que acampó contra el desahucio.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado que investigará la actuación policial durante el desahucio, después de que el delegado, Francisco Martín, reconociera que hay imágenes del operativo "que no le han gustado".
La respuesta del sindicato policial JUPOL no se ha hecho esperar: calificó de "esperpéntico" que la institución se desmarque primero del dispositivo y cuestione después a los agentes que, según defiende, se limitaron a cumplir un mandamiento judicial.
Por lo visto, no todos vivieron la jornada igual. Sin ir más lejos, la conocida abogada Inés Hernad, que pasó la noche entre las 200 personas que acamparon frente al portal de Maricarmen, denunció después en RTVE que la Policía irrumpió en la sentada pacífica "con mucha violencia" y que, mientras se los llevaban, los agentes se mofaban de ellos.
"Nos golpearon en el suelo y nos intentaban romper las muñecas", relató.
Una persona herida por los agentes es atendida por el SAMUR durante el desahucio de Maricarmen.
Por otro lado, uno de los cruces más comentados fue el de Irene Montero con un agente. "Soy Eurodiputada", le advirtió. "Me da igual. Es una ciudadana como el resto", le respondió él.
Tampoco la prensa salió indemne. Un cordón policial perimetró a los periodistas para impedir que se acercaran, con un dispositivo de al menos diez agentes destinado en exclusiva a contener a los quince informadores acreditados.
A los detenidos, según pudo presenciar EL ESPAÑOL desde la escasa visibilidad que se permitió a los medios, se los llevaban arrastrados y pataleando.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid confirmaron a Europa Press que iba a investigar la actuación policial del dispositivo. La institución subrayó que la Policía Nacional actuaba "en cumplimiento del mandato de la comisión judicial" encargada de ejecutar el desahucio, y que ella misma se desvinculó esa misma mañana del operativo desplegado en la calle Alcalde Sainz de Baranda.
Aseguró además que no había dado "ninguna instrucción" para impedir la cobertura informativa, y expresó su oposición al lanzamiento.
Es precisamente ese desmarque el que ha encendido a JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que respalda "absolutamente" a los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que participaron en el operativo.
Para el sindicato, resulta "esperpéntico" que la Delegación se desligue del dispositivo para, después, cuestionar públicamente a quienes lo ejecutaron, y exige al delegado del Gobierno que deje de "lavarse las manos" con los dispositivos de orden público.
"¿Qué pretenden? ¿Que la Policía Nacional no cumpla un mandamiento y un auto judicial?", plantea JUPOL, que reclama que cualquier investigación valore "el dispositivo en su conjunto" —cadena de mando, CECOR, órdenes impartidas y circunstancias de cada intervención— y no solo "imágenes aisladas, editadas y sesgadas" de una de las partes.
El sindicato recuerda además que corresponde al delegado del Gobierno la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región, bajo dependencia funcional del Ministerio del Interior.
La comisión judicial llegó sobre las 9.30 horas. La operación terminó con Maricarmen saliendo en camilla, trasladada por el Samur al Hospital Gregorio Marañón.
El desahucio derivó después en una concentración en Madrid a la que, según cifras de la propia Delegación, acudieron cerca de 10.000 personas, y que terminó también con cargas policiales tras una sentada en el paseo de la Castellana.
En medio de este cruce entre Delegación y sindicato policial, también el Ayuntamiento de Madrid ha querido pronunciarse. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acusó al delegado del Gobierno de "jalear a manifestantes" y de "no proteger a la Policía Nacional" para conseguir "en la calle" lo que, a su juicio, no logra "en las urnas".
Almeida reprochó además a Pedro Sánchez que no hable de los desahucios en Cataluña —"hay muchos más este año que en Madrid", dijo— y aseguró que el Ayuntamiento ya ha ofrecido a Maricarmen teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional y alojamiento.
El Delegado del Gobierno ejerce la jefatura de la Policía Nacional en su territorio, pero bajo dependencia funcional del Ministerio del Interior, del mismo Gobierno que ahora decidirá si hubo o no exceso de violencia.