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Las claves
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Hay una cifra que explica mejor que cualquier otra por qué el caso de Maricarmen ha indignado a medio Madrid. Y esa cifra ronda los 240.000 euros.

Es la cantidad por la que Urbagestión Desarrollo e Inversión SL pagó en 2018 por el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, junto al parque de El Retiro, en el que la anciana llevaba viviendo desde 1956.

Pero lo que ha encendido de verdad a barrios enteros no es solo esa operación concreta, sino lo que representa: un modelo, ya extendido por buena parte de la capital, en el que comprar barato un piso, con un inquilino de renta antigua todavía dentro, se ha convertido en una apuesta casi segura, sabiendo que los tribunales acabarán, antes o después, poniendo fin al contrato.

Ocho años y cuatro intentos de desahucio después, el piso de Maricarmen vale hoy en el mercado libre entre tres y cuatro veces más de lo que costó. El ejemplo de un sistema que convierte la vivienda de toda una vida en el activo más rentable.

El piso en cuestión —un 6º de 93 metros cuadrados con tres habitaciones, un baño y ascensor, en un edificio de 1952— tiene actualmente, según la herramienta de tasación de Idealista, un valor estimado de venta de unos 776.000 euros, con una horquilla que llega hasta los 834.000 euros.

Gráfica del inmueble de Idealista. Idealista

La gráfica de la propia plataforma muestra una subida casi ininterrumpida desde unos 400.000 euros de 2021, justo el periodo en el que Urbagestión mantenía el piso en litigio. Con el precio central de la tasación, la plusvalía ya multiplica por más de tres la inversión inicial del fondo; con el máximo de la horquilla, el beneficio potencial roza el 250%.

Detrás de esa operación y de Urbagestión están los empresarios Ricardo Alonso y Fernando Alonso, propietarios de Urbagestión, una sociedad madrileña constituida en 2005 y dedicada, según el Registro Mercantil, a la inversión, consultoría y gestión de activos inmobiliarios: edificios, viviendas, suelo, locales, oficinas y hoteles.

Una renta de tres generaciones

El origen de todo está en 2018, cuando la familia que llevaba décadas alquilando el piso a los antecesores de Maricarmen vendió el edificio a Renta Corporación. Dos años más tarde, le ofrecieron a la inquilina comprar la vivienda, algo que su economía no le permitió.

Al rechazar la oferta, el piso cambió de manos y pasó a Urbagestión. A partir de ahí, la batalla se libró en los juzgados.

El contrato vigente era de renta antigua —firmado por el padre de Maricarmen en los años 50, cuando una mujer no podía suscribir un alquiler a su nombre, y heredado después por su madre y finalmente por ella—.

La ley limita a dos años la prórroga de una segunda subrogación, salvo que el beneficiario acredite una discapacidad superior al 65%. Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%, un punto que resultó determinante, aunque los tribunales le dieron la razón en primera instancia, el Tribunal Supremo avaló en marzo la tesis de Urbagestión y allanó el camino hacia el desahucio ejecutado este miércoles.

Mientras se resolvía el litigio, la empresa ofreció a Maricarmen quedarse en la vivienda pagando entre 1.600 y 1.650 euros al mes, frente a unos 440 euros que venía abonando. Un incremento de hasta el 275% que superaba con creces su pensión, cercana a los 1.450 euros mensuales, según el dato que dio a conocer la anciana.

Con el piso ya vacío, la cuenta está hecha: ocho años de litigio, cuatro intentos de lanzamiento y una plusvalía que ronda el 250% sobre la inversión inicial. El caso de Maricarmen queda como el ejemplo más citado de cómo una operación con un inquilino dentro puede convertir una casa de toda la vida en el activo más rentable del balance de una pequeña inmobiliaria.