El Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Exteriores se enfrentan por el desalojo de la sede de Casa Árabe en las antiguas Escuelas Aguirre.
Almeida acusa al Ministerio de Exteriores de "ocupación ilegal" y advierte sobre graves daños estructurales en el edificio, lo que supone un riesgo para la seguridad.
Exteriores rechaza las acusaciones de Almeida y defiende la continuidad de Casa Árabe por su función sociocultural, sin responder a las críticas sobre el estado del inmueble.
El Ayuntamiento estudia acciones legales para recuperar el edificio, mientras Exteriores advierte del impacto negativo que su cierre tendría en la imagen internacional de España.
El inicio del curso político en la capital madrileña ha arrancado con un fuerte enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a cuenta de la sede de Casa Árabe, ubicada en las históricas antiguas Escuelas Aguirre, en el madrileño distrito de Retiro.
El conflicto institucional ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras el vencimiento, este martes 1 de septiembre, del plazo límite que el Gobierno municipal fijó el pasado mes de junio para que la entidad diplomática e intercultural procediera al desalojo voluntario del inmueble.
A la salida de la primera reunión del equipo de Gobierno municipal tras la pausa estival, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado con dureza contra el departamento encabezado por el ministro José Manuel Albares, acusándolo de estar perpetrando una "ocupación ilegal" para prolongar en el tiempo la estancia de la institución en el recinto.
Además, el primer edil madrileño alertó de "problemas y daños estructurales" en el edificio que suponen un "peligro real" y un "riesgo cierto para la integridad física de las personas".
Por su parte, Exteriores acusa a Almeida de mentir "de manera insidiosa", pero no ha respondido a las preguntas de Madrid Total sobre los daños estructurales que señaló Almeida.
Sobre este último tema, Almeida ha señalado que resulta evidente a simple vista el mal estado de la infraestructura, destacando que se han tenido que colocar redes de protección para evitar la eventual caída de elementos sueltos de cornisas y aleros, tanto hacia la vía pública como al recinto interno.
Tras calificar de "verdaderamente grave" que Exteriores se desentienda de esta situación, el alcalde ha anunciado que el Ayuntamiento estudia ya las acciones legales oportunas para recuperar la posesión del edificio y acometer de inmediato obras de reforma urgente y consolidación, al tiempo que ha hecho "responsable directo" al ministerio de Albares de cualquier accidente que puedan sufrir los trabajadores, visitantes o transeúntes.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han reaccionado con severidad a estas declaraciones, tachando de "falso" que haya existido una falta de comunicación entre ambas instituciones y tildando de "insidiosas" las acusaciones de "ocupación" vertidas por el regidor.
Desde el departamento estatal han asegurado que el pasado 27 de julio el propio ministro Albares mantuvo una conversación telefónica con Almeida para abordar el problema y acordar vías de diálogo, a la que sucedieron el 30 de julio reuniones técnicas de alto nivel entre el subsecretario y el director de gabinete de Exteriores con responsables del Gobierno municipal.
Asimismo, el Ministerio ha recordado el marco jurídico del Consorcio, argumentando que el Ayuntamiento solo puede retirar legalmente el edificio en caso de retirada de otro socio consorciado; un paso que, aunque anunciado por la Comunidad de Madrid, aún no se ha formalizado ni liquidado en sus haberes mediante el correspondiente Consejo Rector.
En su extensa réplica institucional, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha guardado absoluto silencio y ha evitado pronunciarse sobre las alegaciones de Almeida respecto a los supuestos daños estructurales, la falta de mantenimiento o los riesgos para la seguridad del inmueble.
En su lugar, el departamento ministerial ha preferido poner el acento en la función sociocultural de la institución, defendiendo la necesidad de que Casa Árabe permanezca abierta a los madrileños y recordando el respaldo público manifestado tanto por los embajadores del grupo árabe como por los estudiantes de la lengua.
Exteriores ha concluido advirtiendo del grave perjuicio que el cierre causaría a la imagen internacional de España, aseverando que el intento de desalojo e interrupción de la actividad busca dañar unas relaciones diplomáticas con el mundo árabe que, según subrayan, atraviesan actualmente su mejor momento histórico.