En el último año la riqueza conjunta de los milmillonarios en el mundo creció tres veces más rápido que en el año anterior, alcanzando ya el máximo histórico de 18,3 billones de dólares, según el último informe de Oxfam Intermón sobre desigualdades en 2025. Se acelera el ritmo de concentración de la riqueza: desde 2020, la riqueza conjunta de los superricos ha crecido un 81%.

Aunque España presenta niveles de desigualdad patrimonial inferiores a los de algunos países anglosajones, la concentración de la riqueza es elevada y cada vez mayor: con datos del INE, el 2,7% de la población posee aproximadamente un tercio de toda la riqueza nacional, y la distancia entre riqueza media y mediana muestra que el crecimiento patrimonial reciente ha beneficiado más a los hogares con mayores recursos.

Entre las principales causas se sitúan los salarios, aún relativamente bajos en España, que llevan sufriendo, además, una pérdida acumulada de poder adquisitivo frente a la inflación desde 2021.

También afecta el reparto asimétrico entre las rentas del trabajo y los beneficios empresariales en el seno de las empresas: la remuneración media de los trabajadores crece por debajo de los márgenes empresariales —según el Observatorio de Márgenes Empresariales, el margen sobre ventas aumentó un 8,2% en el primer semestre de 2026, mientras que los salarios lo hicieron entre el 2,5% en las grandes empresas y el 3,01% para los salarios pactados en convenios colectivos, por debajo de la inflación de junio del 3,2%—.

Tampoco existe un reparto equilibrado de las rentas del trabajo entre los empleados dentro de las empresas.

En las sociedades cotizadas, según datos de la CNMV para 2025, el salario medio de los directivos es 15 veces mayor que el de los empleados, y en las empresas del Ibex-35 llega incluso a ser 20 veces mayor.

Habría que conocer si realmente estas personas aportan esa diferencia de valor a la compañía para justificar desde el punto de vista económico esas grandes diferencias de remuneración.

En las sociedades cotizadas, según datos de la CNMV para 2025, el salario medio de los directivos es 15 veces mayor que el de los empleados, y en las empresas del Ibex-35 llega incluso a ser 20 veces mayor.

La acumulación de patrimonio y riqueza vía herencias o donaciones —carentes de tributación en la mayor parte de las comunidades autónomas—, así como la tributación ventajosa que aún mantienen las rentas de capital frente a las del trabajo, están abundando en esas cada vez mayores desigualdades. Y, por supuesto, el encarecimiento de la vivienda agrava las desigualdades de patrimonio.

Las políticas públicas, fiscales y de transferencia de rentas, aunque aplicaran fielmente el principio de progresividad mandatado en la Constitución española, difícilmente pueden corregir estas situaciones tan desequilibradas en el origen. Hacen, de hecho, inviable que el sistema fiscal cumpla una de sus funciones: lograr una mejor redistribución de la renta y la riqueza.

Es llamativo que una parte de estos excedentes de capital no se invierta en la economía real, sino que se aparque en activos financieros —acciones de IA, activos inmobiliarios o futuros—. De ahí que la inversión productiva realizada por las empresas sea una de las variables rezagadas del ciclo expansivo.

Esta situación contrasta con la pobreza infantil, cuya tasa ha aumentado de forma sostenida hasta alcanzar el 33,9% en 2025, mermando las oportunidades educativas y de futuro de las nuevas generaciones.

Asimismo, un 30% de la población declara que sus ingresos no le permiten llevar una vida digna y 650.000 personas se ven obligadas a tener más de un empleo para llegar a fin de mes.

Las oportunidades de progreso quedan fuertemente condicionadas por el origen socioeconómico, quebrándose la movilidad social y la meritocracia, provocando una fuga de talento hacia otros países en detrimento de las empresas españolas.

Además de los efectos económicos y sociales, la concentración desproporcionada de la riqueza tiene también consecuencias políticas e institucionales. La acumulación del poder económico en manos de élites financieras y lobbies se traduce directamente en la captura del poder político y de los medios de comunicación por parte de esas élites.

De hecho, según datos de Oxfam Intermón, los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que un ciudadano común. La calidad democrática se resiente y con ello se alimenta la desafección.

Un 30% de la población declara que sus ingresos no le permiten llevar una vida digna y 650.000 personas se ven obligadas a tener más de un empleo para llegar a fin de mes

Como dato para la esperanza, en España el 62,4% de la población cree que las desigualdades se pueden erradicar. La manera de avanzar en un mejor reparto de la riqueza es mediante una fiscalidad justa.

También a través de pactos de rentas con cláusulas de revisión salarial y con políticas de Estado en materia de vivienda. Introducir mayor democracia en las empresas para que los trabajadores participen en la toma de decisiones empresariales, mediante modelos de cogestión —similares a los de Alemania o los países nórdicos—, facilitaría un mejor reparto de las rentas en el seno de las organizaciones.

En suma, existen palancas para prevenir una concentración excesiva de riqueza, que, además de socavar el contrato social, constituye un lastre para la propia economía.

Nota: en el párrafo de los excedentes he pasado «no se invierten / se aparcan» a singular para que concuerde con «una parte». El plural también es admisible con «una parte de + plural», así que puedes mantenerlo si lo prefieres.

*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.