"Baby, save up all your tears, you might need them someday, when the tears start to fall I won't wipe them away” Desmond Child.
Sánchez utiliza el drama de Maricarmen para desviar la atención de la corrupción, del intento de contratar sicarios para asaltar a una juez y del fracaso absoluto de su gestión.
La izquierda caviar blinda el impago y la inseguridad jurídica, mientras miles de pequeños propietarios como Cristina pagan la hipoteca de un piso que no pueden recuperar y el alquiler de larga duración se desploma.
Cristina González lleva seis años sin cobrar el alquiler de su único piso. Vive con menos de mil euros al mes, paga una hipoteca de 515 euros, acaba de recibir una derrama de 300 euros por el ascensor y acumula unos 35.000 euros de deuda de sus inquilinos.
“Comemos de lo que gana mi marido”, explica. El lanzamiento está previsto para el 15 de octubre, pero su abogado le advierte de que los ocupantes aún pueden pedir una prórroga o recurrir en amparo.
El Estado reconoce que no tiene vivienda social suficiente y traslada su fracaso al propietario
Esperanza Muñoz tiene 78 años y vive de un piso en Madrid que heredó de su madre. Dedicó su juventud al hogar, está separada y no cobra pensión de jubilación, así que los 900 euros mensuales del alquiler pagaban su alimentación, sus facturas y cualquier imprevisto.
Su inquilina, instalada desde 2021, empezó a retrasar pagos en 2024 y dejó de pagar por completo en febrero de 2025.
Hoy la deuda supera los 20.000 euros, la ocupante ha rechazado incluso una compensación para marcharse y le ha dejado claro que no piensa irse. Aunque Esperanza se ha quedado sin ingresos y con su propiedad okupada, la hipócrita izquierda caviar la incluye en las categorías de “rentista” y “buitre”.
Cristina y Esperanza no salen en los mítines de la izquierda caviar. No merecen la atención de actores multipropietarios, celebrities millonarias y activistas privilegiados de subvención pública. No les sirven para su relato.
Son dos ejemplos de un drama nacional instigado por el socialismo y la ultraizquierda.
En España se producen 14.875 okupaciones al año, unas 40 al día. Cataluña concentra el 39,7% de las denuncias (5.913), aunque solo tiene el 16% de la población. El Institut Cerdà calcula que hay más de 100.000 viviendas ocupadas ilegalmente en total, incluida la inquiokupación.
Cristina y Esperanza son pequeñas propietarias, no fondos de inversión, y su drama desmiente la propaganda oficial. El 90% de las viviendas en alquiler en España pertenece a particulares, y la mayoría de esos caseros son mayores de 65 años que complementan una pensión.
El Gobierno socialista no protege al vulnerable. Elige a qué vulnerable proteger, en busca de votos. Mientras tanto, deja en la miseria a miles de propietarios y futuros inquilinos.
La hipocresía con el caso de Maricarmen es enorme. Se eleva a mártir a quien heredó un alquiler de renta antigua de la época de Franco y se quedó en la casa años después de que el contrato se extinguiera legalmente. Mientras tanto, se relega al ostracismo a los miles de ancianos a los que roban cada día su propiedad.
Que se ejecuten menos lanzamientos no significa que haya menos impagos. Significa que se ejecutan menos sentencias
El caso de Maricarmen Abascal, fallecida esta semana a los 87 años tras quince días hospitalizada, merece respeto y no manipulación. Precisamente por eso conviene recordar los hechos.
Su contrato, firmado por su padre en 1956, se extinguió legalmente en 2007 al agotarse la segunda subrogación prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, y el Tribunal Supremo rechazó el último recurso en diciembre de 2023.
El 28 de septiembre, con la mediación de la empresa municipal de vivienda de Madrid, las partes acordaron un nuevo contrato de ocho años por unos 500 euros al mes.
Nada de eso ha impedido que el Gobierno convierta a Maricarmen en un eslogan. “Que no haya una sola Maricarmen más” se ha utilizado para justificar un decreto que prohíbe desahuciar a vulnerables hasta finales de 2030.
La empatía es selectiva. A la izquierda caviar y al Sindicato de Inquilinas nunca les ha preocupado aumentar la oferta de vivienda.
Si alguien hubiera ocupado el piso de Maricarmen mientras ella estaba fuera, los mismos que hoy lloran ante las cámaras habrían defendido a los ocupantes y señalado a la víctima como privilegiada.
Donde más se interviene, menos casas se ofrecen
Veamos lo que hace el decreto. El Congreso tumbó el 2 de octubre los dos reales decretos-ley de vivienda por 178 votos frente a 172 y por 184 frente a 166. Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre y, al día siguiente, su Consejo de Ministros volvió a aprobar los textos “manteniendo la esencia”.
El Real Decreto-ley 29/2026 suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando la Administración no ofrezca una solución, con suspensiones de hasta tres años revisables cada doce meses.
El Estado reconoce que no tiene vivienda social suficiente y traslada su fracaso al propietario, que sigue pagando hipoteca, IBI, comunidad y derramas.
El Gobierno responde que el decreto salva al pequeño propietario porque la vulnerabilidad del inquilino no prevalecerá cuando el demandante sea una persona física con dos viviendas o menos. Cristina y Esperanza demuestran la mentira y el valor real de esa cláusula.
El problema no es un artículo concreto, sino la arquitectura completa: informes de servicios sociales, suspensiones encadenadas, recursos y años de procedimiento en los que la deuda crece sin freno.
La ministra de Vivienda, que es multipropietaria, presume de que las comunidades autónomas pueden pagar las rentas impagadas y lamenta que “ninguna lo ha solicitado”. Lo que no dice es cómo ha funcionado la compensación existente.
La protección de los vulnerables es una obligación del Estado y debe financiarse con presupuesto público y parque social
Entre 2020 y 2025 se presentaron unas 6.400 solicitudes y solo se aceptaron 2.850, con una media de 5.600 euros por vivienda, una cantidad calculada sobre índices de referencia inferiores al precio de mercado. Solo Cristina acumula más de seis veces esa cifra.
La propaganda oficial también se utiliza para tranquilizar. El Consejo General del Poder Judicial registró en el primer trimestre de 2026 unos 2.600 lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 53,9% menos que un año antes.
Que se ejecuten menos lanzamientos no significa que haya menos impagos. Significa que se ejecutan menos sentencias.
La deuda media por impago de alquiler subió en 2025 hasta 8.489 euros, frente a 7.958 euros en 2024, y equivale a unos siete meses de renta.
Un 25% de los asociados de Asval declara tener alguna vivienda ocupada ilegalmente o en un procedimiento judicial por impago o expiración del contrato, frente al 19,9% del año anterior, y el 88% reconoce su preocupación por la inseguridad jurídica.
La inquiokupación no figura como categoría en las estadísticas oficiales, pero los propietarios la sufren cada día.
Las consecuencias en la oferta son devastadoras.
España ha pasado de 902.664 anuncios de alquiler de larga duración en 2018 a 510.091 en 2025, casi 393.000 menos, una caída del 44%, según idealista.
En Barcelona, la oferta ha bajado de 113.853 a 19.723 anuncios, un 83% menos. Estas cifras miden anuncios publicados, no el parque total, pero la tendencia coincide con la de otros portales y con la experiencia de cualquier familia que busca piso.
La propaganda socialista dice que el INE refleja que han aumentado las viviendas en alquiler. No solo es falso, sino que la evolución del precio, que ha aumentado un 40% en ocho años, es un claro reflejo de la escasez.
Mientras tanto, el porcentaje de hogares que viven de alquiler en su vivienda principal apenas ha cambiado y se mantiene en el 16,2%, a pesar del aumento significativo de la población y del número de hogares.
La población residente en España ha crecido en más de 2,3 millones de personas en los últimos cinco años, y en el mismo periodo se han formado 1,2 millones de hogares nuevos.
Aun así, el alquiler de vivienda habitual sigue estancado en el 16,2%. Se construían menos de 130.000 viviendas nuevas al año, mientras que los hogares aumentaban en 250.000.
Larga duración
Desde la Ley de Vivienda socialista, la oferta de larga duración ha caído un 51,1% en las grandes ciudades con zonas tensionadas, frente al 21,4% en las no tensionadas. Donde más se interviene, menos casas se ofrecen.
El efecto de los últimos decretos fue inmediato. Según datos recogidos por El Español y otros medios de comunicación, en apenas tres días desaparecieron del mercado 4.290 viviendas en alquiler, y Renta Garantizada afirmó que se había paralizado el 70% de los contratos que estaban a punto de firmarse.
El propietario no es tonto. Si el Estado le dice que podrá perder el uso de su piso durante años y cobrar tarde y mal, retirará su vivienda, la venderá o la alquilará por temporadas.
Los primeros perjudicados son los jóvenes y las familias que buscan su primer contrato, que se enfrentan a requisitos cada vez más exigentes porque el casero intenta seleccionar al inquilino con el menor riesgo posible.
La vivienda se ha convertido en la gran coartada electoral de Sánchez.
Tras siete años de gobierno, con una oferta de alquiler hundida y unos precios disparados, la respuesta consiste en culpar al propietario, convocar una huelga general el 11 de noviembre, a pocas semanas de las elecciones, y presentar como escudo social lo que es una expropiación encubierta del uso de la vivienda ajena.
La vivienda se ha convertido en la gran coartada electoral de Sánchez
La protección de los vulnerables es una obligación del Estado y debe financiarse con presupuesto público y parque social, no con la hipoteca de Esperanza o de Cristina.
La crisis de la vivienda parece consecuencia de la ignorancia y la incompetencia del Gobierno socialista. No lo es. Es una estrategia. La vivienda era un problema marginal en 2018 y ahora es una crisis.
El socialismo y la izquierda caviar no buscan mejorar el acceso a la vivienda, la asequibilidad y la oferta. Lo que buscan es el control: crear una sociedad enfrentada que ataque a los propietarios y exija un racionamiento por adhesión política.
Los multipropietarios de la izquierda caviar se ríen a carcajadas, porque no les afectan las medidas destructivas del Gobierno y, además, dan mítines paternalistas desde su falsa superioridad moral.
Las soluciones
Para esos fondos de inversión a los que el Gobierno llama buitres en público, pero a los que rinde pleitesía en foros internacionales, es una molestia, un coste adicional, pero asumible. Para Cristina y Esperanza es la ruina. El socialismo de siempre.
La solución es evidente. Hay que derogar la Ley de Vivienda y el decreto-ley aprobado por la Diputación Permanente, implantar desahucios rápidos ante el impago con plazos judiciales tasados, liberar suelo, simplificar las licencias y rebajar los impuestos a la construcción. Necesitamos seguridad jurídica para que millones de pisos vuelvan al mercado.
Si queremos vivienda, hay que echar al Gobierno socialista, buitre y okupa. Hay que hacer todo lo contrario de lo que ha hecho este Gobierno.
Si queremos vivienda, la seguridad jurídica es la primera política social. La hipocresía caviar y la falsa empatía de quienes usan a Maricarmen mientras abandonan a Cristina y a Esperanza no construyen una sola casa.