Más de 1.000 eventos se celebraron en Nueva York durante la Semana del Clima de Nueva York 2026, que coincidió con la Asamblea General de Naciones Unidas.

Una vez más, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro único para gobiernos, empresas, entidades financieras, inversores y representantes de la sociedad civil para debatir sobre el futuro de la sostenibilidad.

Durante los últimos años he utilizado este encuentro anual para tomar el pulso a la agenda de sostenibilidad. En 2024, mi conclusión fue que la sostenibilidad había venido para quedarse.

El año pasado, pese a un entorno geopolítico aún más complejo, defendí que esto seguía siendo cierto, aunque la propia sostenibilidad estaba experimentando una profunda transformación.

Tras una intensa semana de conversaciones en Nueva York, añadiría un nuevo capítulo a esta historia: la agenda de sostenibilidad se está haciendo más amplia, más económica y, sobre todo, cada vez más centrada en la implementación.

Este cambio de enfoque quedó especialmente patente en el mensaje de la presidencia de la COP31. Si la primera década tras el Acuerdo de París estuvo marcada en gran medida por la definición del rumbo, la adopción de compromisos y el aumento de la ambición, la próxima deberá centrarse en trasladar esos compromisos a resultados tangibles.

No es casual que la COP31 de Antalya se plantee ya como la “COP de la Implementación”.

Destacaría cinco tendencias de esta semana.

En primer lugar, la sostenibilidad se integra cada vez más en una narrativa más amplia. El clima sigue ocupando un lugar central, pero las conversaciones giran cada vez más en torno al crecimiento, la competitividad, la resiliencia, la seguridad energética, la política industrial y la seguridad de las cadenas de suministro.

La fragmentación geopolítica ha acelerado esta evolución. Para las empresas, la sostenibilidad está dejando de ser una agenda ESG (ambiental, social y de gobierno, por sus siglas en inglés) independiente para vincularse cada vez más con decisiones de negocio fundamentales como dónde invertir, cómo seguir siendo competitivas y cómo gestionar los riesgos a largo plazo.

En segundo lugar, implementar significa conseguir que los proyectos sean financiables. Un mensaje se repitió a lo largo de la semana: la falta de capital privado no es el principal obstáculo. Para que la inversión se materialice, los proyectos necesitan unos marcos regulatorios predecibles y estructuras que permitan financiar los proyectos.

Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la creación de estas condiciones, a través de la regulación, la concesión de permisos, la contratación pública, los mecanismos de fijación del precio del carbono y otras políticas que impulsen la demanda.

Al mismo tiempo, la financiación pública y multilateral puede actuar como catalizador si asume aquellos riesgos que el capital privado no puede absorber de manera eficiente.

Las garantías, la financiación combinada (blended finance), la agregación de proyectos y las plataformas de inversión por países pueden contribuir a movilizar capital privado a mucha mayor escala.

Esto tiene importantes implicaciones para los bancos. Nuestro papel no es determinar la ambición climática de la sociedad. Los gobiernos marcan la dirección y establecen el marco de políticas públicas; las empresas, por su parte, toman sus decisiones de inversión.

Los bancos podemos maximizar nuestra contribución ayudando a transformar esas decisiones en proyectos financiables, aportando capacidades de financiación, asesoramiento y gestión de riesgos.

En tercer lugar, estamos entrando en un nuevo gran ciclo de electrificación e infraestructuras. La demanda de electricidad crece impulsada por la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos, la electrificación de la industria y la digitalización de las economías. Al mismo tiempo, el sistema energético afronta el reto de ser más limpio, resiliente, asequible y seguro.

Esto exige enormes inversiones no solo para electrificar el transporte, la industria y los edificios y aumentar masivamente la generación eléctrica, sino también para ampliar las redes, el almacenamiento y otras infraestructuras necesarias, fundamentales para evitar que se conviertan en un cuello de botella.

Por ello, el objetivo de la presidencia de la COP31 de alcanzar un 35% de electrificación de la demanda final de energía en 2035 se ha convertido en una parte importante de la conversación.

Según la Agencia Internacional de la Energía, la inversión anual en electrificación tendría que pasar de alrededor de 1,8 billones de dólares en 2025 a 3,5 billones en 2035.

En cuarto lugar, la adaptación y la resiliencia están pasando de la agenda de riesgos a la agenda de inversión. Hemos hablado de ciudades resilientes, agua, infraestructuras y economía de la adaptación mucho más que en años anteriores.

El debate ya no se limita a cuánto nos costará el cambio climático. Se extiende a cómo las inversiones en resiliencia generan valor económico y cómo los inversores pueden capturar parte de ese valor.

Este cambio abre un espacio para la innovación financiera: el reto es desarrollar estructuras que permitan transformar las necesidades de adaptación y resiliencia en oportunidades de inversión financiables.

Y, en quinto lugar, la colaboración es cada vez más difícil y, al mismo tiempo, más necesaria. La Asamblea General de Naciones Unidas tuvo lugar en un contexto de fragmentación geopolítica, tensiones comerciales y preocupación por la seguridad energética.

Sin embargo, el cambio climático, la inteligencia artificial, las cadenas globales de suministro y los sistemas energéticos no entienden de fronteras nacionales.

Por ello, necesitamos coaliciones cada vez más pragmáticas entre gobiernos, empresas, entidades financieras y organizaciones multilaterales, capaces de avanzar y de traducir objetivos compartidos en acciones concretas, incluso cuando alcanzar grandes consensos globales resulte más difícil.

Todo esto me lleva de nuevo a la implementación.

Sabemos, a grandes rasgos, hacia dónde debemos ir. El reto ahora es cómo llegar hasta allí. Necesitamos un liderazgo que conecte la ambición con la ejecución.

Un liderazgo capaz de combinar una visión de largo plazo con pragmatismo económico; de acercar a los gobiernos y al capital privado; de reconocer que las vías de transición serán diferentes según los países y los sectores; y, sobre todo, de crear las condiciones que permitan actuar a empresas, entidades financieras y ciudadanos.

La agenda de sostenibilidad no se está haciendo más pequeña.

Se está haciendo más amplia, está más integrada en la economía y está más centrada en conseguir resultados. Ese es, quizá, el principal mensaje que me llevo este año de Nueva York: la próxima etapa de la sostenibilidad se jugará, sobre todo, en nuestra capacidad para llevarla a la práctica.

***Antoni Ballabriga es el director global de Inteligencia en Sostenibilidad de BBVA