El 25 de agosto el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Real Decreto que regula los centros de datos y lo sacó a audiencia pública por la vía de urgencia, en pleno agosto, con un plazo que tuvo que ampliarse hasta el 10 de septiembre ante la avalancha de alegaciones.
Hay varios aspectos muy preocupantes en este Real Decreto que ni siquiera tiene que ser aprobado por el Parlamento de la nación.
El primero estriba en que los proyectos que ya están en tramitación (los mismos que el Gobierno llevaba dos años presumiendo de haber atraído) tienen seis meses para acreditar que cumplen los nuevos requisitos o pierden sus derechos de conexión a la red.
Eso es retroactividad de manual y no es neutral. Cambiar las reglas a mitad de partida a quien ya ha comprado suelo, firmado con la red eléctrica y comprometido capital sobre una promesa regulatoria distinta es lanzar una señal muy mala.
Ningún inversor extranjero necesita que se lo expliquen dos veces; lo que interpreta de esto no es que España exige sostenibilidad, sino que España puede cambiar las condiciones de un proyecto ya en marcha, y esa lección se traslada al precio que pone la confianza en nuestro país por la inversión extranjera la próxima vez, en centros de datos o en cualquier otro sector.
Cambiar las reglas a mitad de partida a quien ya ha comprometido capital sobre una promesa regulatoria distinta es lanzar una señal muy mala.
El segundo problema es más técnico y también muy grave. Y es la obligación de cubrir el 80% del consumo con energía renovable casada hora a hora, mientras el mix eléctrico no supere el 90% renovable.
No es una exigencia de sostenibilidad razonable mal explicada, es una exigencia que el propio sector eléctrico, no solo los operadores de centros de datos, considera de dudoso cumplimiento con la infraestructura de almacenamiento actual.
La patronal Aelec (Iberdrola, Endesa, EDP España) ha avisado de que imponer un estándar horario tan estricto puede desviar inversión hacia otros países, en lugar de incorporar la nueva demanda eléctrica que España necesita para rentabilizar su parque renovable.
Que sean las propias eléctricas, y no solo los hiperescaladores con interés directo, quienes lo señalen, dice bastante sobre si el problema es real. Pero además de los dos problemas anteriores hay un tercero, casi peor.
Al parecer, España ya ha repartido derechos de acceso a la red muy por encima de lo que necesita.
En el documento de audiencia pública que ha colgado el MITECO, y según recoge la cobertura de estos días, el Ejecutivo defiende la medida como necesaria "para evitar que el fuerte crecimiento de estas infraestructuras acapare capacidad eléctrica necesaria para otros procesos de electrificación", y sostiene que busca "evitar una posible expansión especulativa y priorizar infraestructuras sostenibles, eficientes y con mayor aportación económica y tecnológica".
Al parecer, España ya ha repartido derechos de acceso a la red muy por encima de lo que necesita. Red Eléctrica ha concedido a centros de datos unos 12 GW de capacidad (6 GW en transporte, otros 6 GW en distribución), frente a una demanda que la propia Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 del Gobierno sitúa entre 3,5 y 4 GW para 2030.
Sin embargo, ya se han presentado alegaciones proponiendo solucionar el problema eléctrico ampliando la capacidad de la red, para evitar que frene la modernización de nuestro modelo económico. Esperemos que sean escuchadas.
Por otro lado, un recurso escaso repartido al triple de lo necesario, sin fianzas que penalicen a quien reserva y no construye, es la receta exacta para el acaparamiento especulativo, no para atraer industria.
El decreto añade una exigencia energética que hace que el perjuicio posible sea mucho mayor que el beneficio potencial
El decreto llega tarde a corregir ese reparto y, mientras tanto, añade retroactividad y una exigencia energética cuestionada por sus propios beneficiarios naturales que hacen que el perjuicio posible sea mucho mayor que el beneficio potencial.
La suma de los tres frena precisamente la inversión que a España más le conviene retener, la que de verdad podría empezar a mover al país hacia un modelo productivo distinto.
España lleva una década de diagnóstico repetido sobre un modelo centrado en actividades de bajo valor añadido y empleo poco cualificado, turismo, construcción, hostelería, y los centros de datos eran, en teoría, la primera gran oportunidad de atraer capital y saber hacer digital de verdad: infraestructura de IA, computación en la nube, y con el tiempo, si se hacen bien las cosas, el ecosistema de software y servicios que crece alrededor.
Y las expectativas eran positivas, Meta invierte 750 millones en Talavera de la Reina, Amazon ha comprometido 33.700 millones en Aragón, se estima que las inversiones de Microsoft hasta el año 2030 en Madrid se eleven hasta otros 2.300 millones.
Son cifras que, bien gestionadas, deberían ser la entrada a una cadena de valor superior, no solo otra forma más de competir por volumen.
Un decreto que ahuyenta esa inversión por inseguridad jurídica y por una exigencia energética mal calibrada, sin haber resuelto primero el reparto especulativo de la red, corre el riesgo de dejar a España sin los megavatios (que se van a otros países) y sin el salto de modelo productivo que esos megavatios debían financiar.