Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, las empresas de transporte en autobús vienen soportando una escalada de los costes energéticos que está tensionando seriamente su actividad.
El gasóleo se mueve por encima de los 1,8 €/l y el gas ha registrado un incremento todavía más acusado, hasta alcanzar los 80 €/MWh, lo que supone unos incrementos del 30% y del 160% respectivamente. Para un sector intensivo en energía, no estamos ante una variable más de la cuenta de resultados: estamos ante uno de nuestros principales costes de explotación.
En condiciones normales, el combustible representa entre el 25% y el 35% de los costes de una empresa de transporte en autobús; en el escenario actual, su peso puede acercarse al 40%.
El problema no es únicamente cuánto han subido los precios, sino la imposibilidad de muchas empresas para trasladar ese incremento.
Una parte fundamental de nuestra actividad consiste en prestar servicios públicos sujetos a contratos: transporte escolar, líneas urbanas e interurbanas y otros servicios esenciales para garantizar la movilidad de millones de ciudadanos. Son contratos cuyos precios no tienen capacidad para reaccionar con la misma velocidad con la que lo hacen el petróleo o el gas.
Desde el sector hemos pedido que las medidas extraordinarias de apoyo al transporte por carretera se prolonguen hasta el 31 de diciembre
Cuando se produce una perturbación extraordinaria como la actual, la empresa sigue haciendo kilómetros, sigue llevando a los niños al colegio, conectando municipios y permitiendo que miles de personas lleguen a sus trabajos, hospitales o centros de estudio. Pero el coste de hacerlo cambia drásticamente.
Ahí reside la cuestión de fondo. No podemos exigir a las empresas que absorban indefinidamente un riesgo extraordinario que no podían prever ni gestionar cuando concurrieron a esos contratos.
El Gobierno entendió esta realidad cuando aprobó las medidas extraordinarias de apoyo al transporte por carretera y posteriormente decidió prorrogarlas hasta el 30 de septiembre. Fue una decisión necesaria y valoramos positivamente que se atendiera una reivindicación del sector.
El Real Decreto-ley 18/2026 mantiene hasta esa fecha las medidas de apoyo y estableció ayudas ligadas al consumo de gasóleo, junto con ayudas específicas para determinados vehículos que utilizan combustibles alternativos.
Pero llegamos de nuevo al final del periodo de vigencia y las circunstancias que justificaron aquellas medidas no han desaparecido. Más bien al contrario. La volatilidad continúa y las empresas afrontan el último trimestre del año sin la certidumbre necesaria.
Las empresas que en los últimos años apostaron por autobuses propulsados por gas natural lo hicieron realizando importantes inversiones para reducir emisiones
Por eso, desde el sector hemos pedido que las medidas extraordinarias de apoyo al transporte por carretera se prolonguen hasta el 31 de diciembre y que se establezca un apoyo efectivo equivalente a 25 céntimos por litro de gasóleo.
No se trata de convertir una ayuda extraordinaria en permanente. Se trata precisamente de que su duración responda a la duración de la circunstancia extraordinaria que la hizo necesaria.
Hay, además, una cuestión que debemos corregir por razones de equidad y de coherencia con nuestros propios objetivos de descarbonización.
Las empresas que en los últimos años apostaron por autobuses propulsados por gas natural lo hicieron realizando importantes inversiones para reducir emisiones. Sin embargo, el actual sistema de ayudas las trata de manera diferente: mientras el apoyo al diésel está vinculado al combustible efectivamente consumido, los vehículos de GNC reciben una cantidad fija, independientemente de su consumo y del sobrecoste energético que hayan soportado.
En determinados supuestos, esa diferencia puede alcanzar los 831 euros menos por trimestre y autobús, y la ayuda por unidad de energía consumida resulta un 63% inferior.
Por eso pedimos un criterio sencillo: neutralidad tecnológica y proporcionalidad. Las ayudas al gas deberían vincularse también al consumo efectivo y al sobrecoste realmente soportado.
Pero sería un error limitar el debate a las ayudas del próximo trimestre.
Esta crisis ha vuelto a mostrar un problema estructural que CONFEBUS lleva tiempo señalando: necesitamos una contratación pública preparada para afrontar escenarios económicos que ya no son tan estables. Es necesaria la seguridad jurídica frente a la volatilidad energética y mecanismos ágiles y realistas de revisión de costes en los contratos públicos.
Conviene no perder de vista a quién protege realmente esa estabilidad.
Protege al estudiante que necesita un autobús escolar cada mañana. Al ciudadano que vive en un municipio donde el autobús es su única alternativa de transporte colectivo.
Al trabajador que depende de una línea urbana o interurbana. Al turista que se desplaza en autocar. Y protege también el enorme esfuerzo inversor que nuestras empresas tienen que realizar para renovar flotas, digitalizarse y avanzar hacia una movilidad de menores emisiones.
El autobús es mucho más que una actividad empresarial. Es una pieza fundamental de nuestra cohesión territorial y social. Allí donde otros modos no llegan, llega el autobús.
Y esa capilaridad solo puede mantenerse si existe un equilibrio razonable entre las obligaciones que asumen los operadores y los recursos necesarios para cumplirlas.
Las empresas del sector han demostrado durante años su capacidad de adaptación, su fiabilidad y su compromiso con el servicio público. Lo que pedimos ahora es certidumbre: que las medidas no desaparezcan mientras persiste la situación excepcional que las hizo necesarias; que se corrijan las desigualdades entre tecnologías; y que avancemos hacia contratos capaces de responder a incrementos extraordinarios de costes sin poner en peligro a quien presta el servicio.
Mantener viable el transporte en autobús no significa proteger únicamente a sus empresas. Significa proteger el derecho de los ciudadanos a seguir moviéndose. Y ese es, en última instancia, el compromiso que todos debemos preservar.
***Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús, Confebus.