El volumen de deuda pública sigue marcando máximos históricos y el Fondo Monetario Internacional advierte que alcanzará el 100% del PIB antes de que termine esta década.

En EEUU ha cruzado el umbral récord de los 40 billones de dólares, hasta el 124% del PIB, tras un crecimiento de más de 10 billones en tan sólo los últimos cuatro años. No es extraña la escalada de los rendimientos soberanos durante los últimos meses ante el temor que empieza a vislumbrarse en los mercados de bonos soberanos -la rentabilidad de los bonos norteamericanos a 10 años cercana al 5%-.

Porque el crecimiento de las necesidades de financiación del Gobierno federal no parece tener fin y el déficit público ha escalado hasta el 8% del PIB.

El aumento se debe, principalmente, al coste de las guerras y a las rebajas de impuestos. Por otra parte, el vaivén de aranceles no ha aportado a las arcas públicas los ingresos que prometía Trump.

La pendiente en Europa es también preocupante, aunque algo menos que del otro lado del Atlántico. Francia está en el alambre, con un déficit cercano al 5% y una deuda equivalente aproximadamente al 118% del PIB, presionando su prima de riesgo.

En España, la situación es algo menos inquietante, gracias al crecimiento sostenido de la economía. Pero la deuda se sitúa en el entorno de un año de riqueza nacional, y los tipos también suben como en el resto del mundo, lo que promete una elevación de los pagos por intereses.

Son varios los factores que explican esta situación. El más inmediato es el repunte de la inflación. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio está provocando que el petróleo vuelva a cotizar por encima de los 100 dólares, disparando las perspectivas de inflación y de nuevas subidas de tipos por parte de los bancos centrales.

De manera general, la inflación alivia el peso de la deuda, porque el PIB nominal aumenta artificialmente, lo que hace que la ratio deuda/PIB disminuya sobre el papel, aunque la cuantía absoluta que se debe siga siendo idéntica.

En todo caso, el ciudadano sufre un encarecimiento generalizado del coste de la vida, ya que los salarios reales netos apenas consiguen compensar este incremento de los precios, lo cual genera demandas de compensación por parte de los Estados.

Además de tener que afrontar los problemas generados por la inflación, los Estados compiten en la captación de fondos con las empresas, especialmente las tecnológicas -que para el desarrollo de la IA requieren grandes inversiones-, provocando el efecto expulsión o “crowding out” que resta capital a la innovación, la creación de empleo y el crecimiento del sector productivo.

Pero, sin duda, el problema principal de la deuda pública radica en el desequilibrio fiscal estructural. Una deuda que sufre presiones no sólo por los crecientes gastos en sanidad y pensiones, ante el acelerado envejecimiento de la población, y en educación e infraestructuras, sino también por el aumento del gasto militar derivado de las tensiones geopolíticas globales.

Al operar con niveles de deuda tan al límite, los países se quedan sin margen de maniobra fiscal para atender a futuras crisis económicas, conflictos internacionales o emergencias ligadas a un cambio climático cada vez más palpable.

En la situación actual, a los Estados les queda un margen estrecho para responder a cualquier shock sin arriesgarse a una crisis de impago o a exigencias de primas de riesgo insostenibles.

Además, si los mercados pierden la confianza en la disciplina fiscal de una gran potencia de la eurozona como Francia, el riesgo de contagio al sistema bancario y al resto de economías de la eurozona es sistémico.

Si bien los Estados han empezado a tomar medidas, algunas tienen un impacto negativo en el bolsillo de los ciudadanos. Principalmente aumentando la presión fiscal sobre la clase media y trabajadora, en gran parte por los impuestos al trabajo.

En ocasiones de forma silenciosa, al no deflactar la tarifa del IRPF al ritmo de la inflación, lo que ocasiona que los ciudadanos salten a tramos impositivos más altos cuando les suben el sueldo, pagando más impuestos sin ser realmente más ricos.

El sistema de pensiones también está en el punto de mira. En España el pago de las pensiones y la Seguridad Social consume cerca del 35% de todos los ingresos fiscales del país.

De ahí la presión a endurecer cada vez más las condiciones de acceso a las pensiones para las próximas generaciones, aumentando los años necesarios para el cálculo de la base reguladora, subiendo progresivamente la edad efectiva de jubilación e incrementando los costes laborales mediante mecanismos impositivos directos (como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional).

En definitiva, la inflación persistentemente alta ha propiciado la elevación de los tipos de interés en todo el mundo, encareciendo las cargas financieras de los Estados y generando preocupación acerca de la sostenibilidad de la deuda pública. Se vuelve a hablar de las recetas de consolidación fiscal y austeridad como única forma de corregir el deterioro de las cuentas públicas, Pero ojo con descuidar las inversiones necesarias al crecimiento y el riesgo de mayores desigualdades.

*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.