La red eléctrica, los centros de datos y la gigafactoría de IA se están decidiendo por separado. España necesita una estrategia para convertir su ventaja renovable en capacidad tecnológica propia.

España corre el riesgo de repetir con la inteligencia artificial uno de los errores más antiguos de su historia económica: disponer del recurso, pero permitir que el mayor valor añadido se produzca fuera.

Esta vez el recurso no sale de una mina, ni llega en ningún barco. Es electricidad renovable, suelo, conectividad, capital y acceso al mercado europeo.

Sobre esa base se construye la capacidad de cómputo, la infraestructura que permitirá diseñar medicamentos, automatizar fábricas, entrenar sistemas de inteligencia artificial, gestionar redes eléctricas y procesar las decisiones financieras, industriales y militares de las próximas décadas.

Seguimos hablando de “la nube” como si fuese una realidad etérea e inmaterial. Pero la inteligencia artificial no vive en esa nube, sino en edificios sólidos que necesitan energía continua, agua, suelo, cables, semiconductores, seguridad física y una conexión estable a la red eléctrica.

Por eso es también clave comprender que un megavatio renovable difícil de exportar por las limitadas interconexiones con Europa puede transformarse en servicios digitales y venderse al exterior a través de fibra.

El centro de datos no es solo un consumidor eléctrico, sino que puede ser la fábrica que convierte energía española en capacidad tecnológica exportable.

España está tomando simultáneamente tres decisiones que determinarán si esa conversión se produce.

Ha elevado a más de 17.000 millones de euros la inversión prevista en redes hasta 2030; prepara un real decreto que exigirá a los grandes centros de datos cubrir cada hora al menos el 80% de su consumo con nueva generación renovable; y compite por albergar una de las siete gigafactorías europeas de inteligencia artificial.

Vistas por separado, las tres decisiones son razonables, pero si las consideramos como sistema, revelan el problema. España tiene como imperativo económico transformar su abundancia renovable en productividad, industria y renta exportable.

Y tiene como limitación geográfica que su interconexión eléctrica con Europa se sitúa en torno al 3%, muy lejos del objetivo comunitario del 15% para 2030.

La inteligencia artificial permite convertir parcialmente esa limitación en ventaja. Un electrón que no puede cruzar los Pirineos puede alimentar capacidad de cómputo, cuyo resultado sí atraviesa la frontera mediante fibra.

Por eso, un centro de datos no debería evaluarse únicamente por la electricidad que consume, sino también por el valor que permite producir y exportar.

Los grandes fondos soberanos ya actúan sobre esta lógica. Los países que acumularon capital exportando energía lo están invirtiendo en centros de datos, redes, semiconductores e inteligencia artificial: transforman la renta energética de ayer en poder tecnológico para mañana.

Evidentemente esa conversión no es automática. Exige que las políticas energética, industrial y tecnológica dejen de competir entre sí por el mismo megavatio.

SpainDC calcula que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030. Es una proyección de la propia industria, no una inversión garantizada; pero entre su escenario restrictivo y el favorable hay 36.000 millones de diferencia.

No se trata, por tanto, de elegir entre las empresas y la red eléctrica, ni entre crecimiento y sostenibilidad, sino de convertir los centros de datos en parte de la solución energética.

Irlanda aprendió tarde esta lección. Sus centros de datos pasaron del 5% del consumo eléctrico medido en 2015, al 23% en 2025; la presión sobre la red bloqueó nuevas conexiones alrededor de Dublín y obligó al país a exigir generación, almacenamiento y nueva capacidad renovable.

España no debe copiar esa respuesta, sino anticiparse al problema que la hizo necesaria.

Existe, además, otra restricción. Una infraestructura que consume electricidad, agua y suelo en un territorio, pero exporta fuera todo el valor generado, puede ser técnicamente eficiente y políticamente inviable.

Por eso, los grandes proyectos deberían vincularse a inversión local en red, formación profesional, proveedores industriales y acceso regional a capacidad de cómputo.

España necesita contratos de capacidad tecnológica estratégica. Mediante subastas abiertas y tecnológicamente neutrales, el Estado compraría cómputo a largo plazo a proyectos que aporten generación, almacenamiento o flexibilidad eléctrica; reserven capacidad para empresas y centros de investigación españoles; y cumplan requisitos verificables de ciberseguridad, continuidad operativa y control de datos.

Los pagos dependerían de hitos auditables, con penalizaciones, devolución de fondos y fecha de extinción.

El Estado no elegiría campeones ni garantizaría rentabilidades: actuaría como cliente ancla y compraría capacidades que el mercado todavía no asegura.

El mecanismo no parte de cero: el programa europeo de gigafactorías ya contempla compras garantizadas de cómputo ligadas a la inversión en infraestructura.

Así, España conectaría ese modelo con la nueva planificación de redes y con el futuro mercado de capacidad eléctrica.

Cada euro público, en lugar de limitarse a comprar servidores, adquiriría flexibilidad para el sistema energético, capacidad tecnológica para la industria y una infraestructura crítica sometida a estándares nacionales de resiliencia.

No todos los centros de datos producen el mismo valor, y la diferencia no está en los servidores instalados, sino en las actividades económicas que pueden crecer a su alrededor en sectores como la biotecnología, defensa, ingeniería, automoción, finanzas, ciberseguridad o energía.

Albergar servidores no convierte automáticamente a un país en potencia tecnológica, pero conseguir que su tejido productivo utilice esa capacidad, sí puede hacerlo.

En un horizonte de doce meses habrá tres pruebas verificables: si España consigue una de las gigafactorías europeas; si la planificación eléctrica ofrece capacidad ejecutable (no concedida sobre el papel) a los proyectos estratégicos; y si las empresas españolas acceden realmente al cómputo financiado con recursos públicos.

Dentro de veinticinco años habrán cambiado los modelos, los chips y probablemente las empresas dominantes, pero la geografía seguirá siendo la misma.

España continuará siendo una península con abundancia renovable y escasa interconexión con Europa.

Su oportunidad histórica consiste en transformar esa limitación en una plataforma desde la que exportar servicios tecnológicos de alto valor.

La decisión histórica, por tanto, no consiste en acumular megavatios ni servidores, sino en convertirlos en productividad, seguridad y capacidad de decisión.

Porque si financiamos la red, producimos la energía y cedemos el territorio, pero el cómputo, los modelos y las decisiones permanecen fuera, ¿qué parte del valor será realmente española?

Un país que exporta energía, e importa inteligencia no habrá superado su dependencia, sino que tan solo la habrá modernizado.

*** Jose Parejo es fundador y CEO de JPA — Jose Parejo & Associates, firma internacional de geoestrategia que asesora a gobiernos y grandes empresas en riesgo soberano y decisiones estratégicas. joseparejo-associates.com ***