Hay algo profundamente trágico —y exasperantemente previsible— en la deriva económica de la España contemporánea. Mientras las economías más prósperas y dinámicas de la OCDE entienden la fiscalidad como un instrumento al servicio de la eficiencia, la inversión, el crecimiento y el empleo, la izquierda patria insiste en concebir el sistema tributario como un mero mecanismo de expolio distributivo y voracidad fiscal insaciable.
Los datos presentados por el Instituto de Estudios Económicos en su último informe sobre competitividad tributaria no hacen sino certificar, con la frialdad incontestable de la aritmética, lo que la razón económica lleva años advirtiendo: España se encamina o, para ser precisos, está en un purgatorio fiscal y con paso firme hacia el infierno.
Ubicarse en el puesto 34 de 38 en el International Tax Competitiveness Index elaborado por la Tax Foundation no es un accidente insondable ni una fatalidad del destino; es el resultado explícito de un diseño institucional y de una política deliberadamente hostil a la iniciativa privada.
Caer cinco posiciones desde 2018 y registrar una puntuación más de once puntos por debajo de la media europea revela una patología estructural.
Mientras naciones prósperas como Estonia o Suiza fundamentan su éxito en la simplicidad, la neutralidad y la certidumbre jurídica, el modelo español se distingue por una maraña normativa asfixiante, una tributación penalizadora del trabajo, del ahorro y de la inversión, y un acoso sistemático a la figura del empresario.
Entre 2018 y 2024, la carga tributaria empresarial ha crecido en España a un ritmo cinco veces mayor que en el resto de Europa
El indicador de presión fiscal normativa, que mide la intensidad con la que la legislación tributaria de un país grava a sus ciudadanos en relación con su nivel de renta o capacidad económica real, es un 17% superior al promedio de la Unión Europea y demuestra que el castigo al contribuyente no responde a la casualidad, sino es un objetivo buscado e inevitable para financiar el gasto clientelar del Ejecutivo.
En el terreno de la imposición sobre el tejido productivo el despropósito alcanza cotas también alarmantes. Que las empresas españolas soporten el 33,9% de la recaudación total —frente al 26% de la media comunitaria— o que aporten el equivalente al 12,5% del Producto Interior Bruto evidencia un profundo desprecio por las condiciones que hacen posible el empleo y la generación de riqueza.
Entre 2018 y 2024, la carga tributaria empresarial ha crecido en España a un ritmo cinco veces mayor que en el resto de Europa. Se trata de un verdadero impuesto a la competitividad, agravado por unas cotizaciones sociales a cargo de la empresa que sitúan a España a la cabeza de los costes laborales de la UE.
A este atraco tributario directo se suma el coste invisible pero devastador de la burocracia. Un Índice de Complejidad Fiscal de 114,8 puntos y una mediade 150 horas anuales destinadas exclusivamente al cumplimiento de obligaciones tributarias constituyen un peaje insostenible, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que carecen del músculo financiero para navegar semejante laberinto regulatorio.
En España, no solo se paga mucho; se paga de forma compleja, confusa e ineficiente, penalizando la productividad en favor del hipertrofiado e ineficaz aparato administrativo.
Por si este diagnóstico no fuera suficientemente desolador, asoma en el horizonte la pretensión de castigar al sector más competitivo y tractor de la economía en estos momentos: el turismo.
Elevar el IVA del sector hotelero y de la restauración al tipo general del 21% supone un ejercicio de ignorancia económica supina. Encarecer la prestación de servicios turísticos equivale, a efectos prácticos, a imponer un arancel a nuestras propias exportaciones en un mercado hiper competitivo y profundamente sensible al precio.
El turismo no goza de un «privilegio fiscal», sino del tratamiento adecuado a una actividad intensiva en mano de obra y expuesta a una competencia feroz. Pretender ignorar las lecciones de la historia —como el estruendoso fracaso portugués de 2012, que obligó a revertir el incremento del IVA tras destruirse empleo y hundirse la recaudación— es tropezar conscientemente con la misma piedra por dogma e ideología.
La falacia fundamental que asfixia el debate público español consiste en asumir que la suficiencia financiera del Estado exige exprimir de manera ilimitada las bases imponibles existentes. Se ignora perversamente que el mejor catalizador del ingreso público es el crecimiento económico sostenible, la atracción de capitales y el fomento de la actividad productiva.
Bastaría con converger en niveles de desempleo y economía sumergida con la media europea para elevar la recaudación en más de 39.000 millones de euros sin necesidad de subir un solo tipo impositivo.
Sin embargo, este Gobierno prefiere persistir en la vía del castigo fiscal, castrando el dinamismo de la sociedad civil, exprimiendo a los contribuyentes y ahuyentando las inversiones que determinan el futuro de la nación.
España requiere con urgencia una enmienda a la totalidad de su modelo tributario. Urge una reforma integral que reduzca los tipos en la imposición directa, simplifique drásticamente el marco normativo, suprima impuestos distorsionadores sobre el capital y devuelva a la fiscalidad empresarial la competitividad perdida.
Todo lo que no sea caminar decididamente hacia la neutralidad y la moderación fiscal equivaldrá a perpetuar una decadencia autocomplaciente cuyo coste final, como de costumbre, será pagada, lo es ya, por los ciudadanos y las empresas de este país.