Pedro Sánchez ha salido a defender el proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.
Lo hace con la retórica habitual: “No planificar ni regular desde el inicio acaba resultando más costoso y menos eficaz”. La realidad técnica es exactamente la contraria.
El texto, tramitado por vía de urgencia tras el Real Decreto-ley 7/2026, no planifica: asfixia. Impone condiciones de cumplimiento prácticamente imposible que convierten a España en un desierto de inversión digital mientras China y otros competidores aceleran sin estas ataduras. El núcleo del decreto es demoledor.
Todo centro de datos con potencia de acceso igual o superior a 1 MW —incluidos los que ya tienen permisos pero no están conectados— debe respaldar, hora a hora, al menos el 80 % de su consumo eléctrico con generación renovable de nueva construcción. No valen las garantías de origen tradicionales ni el mix del sistema.
Se exige adicionalidad estricta: las plantas renovables deben haber entrado en servicio en los 18 meses anteriores a la puesta en marcha del data center, mediante autoconsumo o PPA a largo plazo (mínimo 10 años) con correlación horaria perfecta.
Hasta que las renovables superen el 90 % del mix, esta regla se mantiene. A esto se suman los umbrales de eficiencia más agresivos de Europa, más obligaciones de soberanía digital que obligan a que el operador esté establecido en la UE y los datos de operación permanezcan en territorio comunitario. Estas exigencias no son “proactivas”. Son un veto técnico disfrazado de sostenibilidad.
Un centro de datos de IA de 100 MW puede consumir anualmente tanta electricidad como 100.000 hogares. Exigir que el 80 % de ese consumo esté respaldado hora a hora por nueva potencia renovable local implica construir, en paralelo y con plazos imposibles, parques eólicos o solares equivalentes, con su propia tramitación administrativa, conexión a red y conflictos territoriales.
En un país donde el 85 % de los nodos de la red ya carecen de capacidad disponible, y donde los plazos de permisos eléctricos se miden en años, la correlación horaria es una ficción burocrática.
Los operadores no pueden predecir con precisión milimétrica la producción intermitente ni garantizar el matching sin sobreinvertir masivamente en almacenamiento o curtailment, elevando los costes de forma prohibitiva. El resultado previsible es el éxodo de proyectos.
En un país donde el 85 % de los nodos de la red ya carecen de capacidad disponible, y donde los plazos de permisos eléctricos se miden en años, la correlación horaria es una ficción burocrática
Prácticamente ninguno de los proyectos en cartera cumple las condiciones. Se trata de inversiones estimadas en decenas de miles de millones de euros hasta 2030 y de la pérdida de una de las pocas oportunidades reales de atraer capital intensivo en tecnología.
Mientras el Gobierno celebra el “boom” de solicitudes que superan con creces los 4 GW previstos para 2030, impone un filtro que convierte esas solicitudes en papel mojado. Los proyectos ya en tramitación tienen solo tres o seis meses para adaptarse o renunciar a los derechos de acceso.
Es una confiscación regulatoria de facto. La hipocresía energética es flagrante. España produce abundante electricidad renovable que a menudo se tira por falta de demanda o de redes.
En lugar de atraer grandes consumidores flexibles que podrían absorber esa generación y financiar nuevas líneas, el Ejecutivo impone barreras que elevan el coste de la energía para todos y retrasan la electrificación.
El argumento de que “el acceso a la red es un activo estratégico escaso” es correcto; la solución de convertirlo en un privilegio discrecional del Ministerio es un error de bulto. Abre la puerta a la arbitrariedad política en la concesión de permisos y a la judicialización permanente, como ya anuncian algunas comunidades.
Más grave aún es el efecto geopolítico. Mientras España se auto impone restricciones ridículas, China despliega centros de datos a escala gigantesca con regulaciones mucho más laxas, energía barata (incluido carbón y nuclear) y sin estas cortapisas de “soberanía digital” selectiva.
El resultado es que la infraestructura crítica de la inteligencia artificial —entrenamiento de modelos, inferencia a gran escala, cloud hiperescala— se concentra donde hay menos fricciones.
Sánchez, con su decreto, no protege el medio ambiente ni la soberanía: pone la alfombra roja a la tecnología china y a las jurisdicciones que no sufren esta regularización ridicula. España se queda con el discurso verde y sin los bytes.
La infraestructura crítica de la inteligencia artificial —entrenamiento de modelos, inferencia a gran escala, cloud hiperescala— se concentra donde hay menos fricciones
Los estándares de eficiencia hídrica y energética no son el problema en sí. La industria ya avanza hacia refrigeración líquida, free cooling y circuitos cerrados que reducen drásticamente el consumo de agua.
El problema es la rigidez absoluta, la ausencia de periodos de transición realistas, la falta de coordinación con las comunidades autónomas y la confusión deliberada entre sostenibilidad y control político.
Exigir divulgación de indicadores es razonable; convertir el incumplimiento en pérdida de derechos de conexión y posibles recargos es un arma de destrucción masiva de inversiones.
El Gobierno afirma que quiere “comerciar con bytes, no con vatios”. Con este decreto logra exactamente lo contrario: convierte los vatios en un cuello de botella político y los bytes en una oportunidad perdida.
La experiencia internacional (Irlanda, Virginia, Singapur) muestra que la planificación anticipada funciona cuando se centra en reforzar redes, agilizar permisos y fijar estándares realistas, no cuando se erige un muro de requisitos que solo pueden cumplir unos pocos actores privilegiados o nadie.
Aquí se ha optado por el intervencionismo absurdo. España tenía una ventana de oportunidad clara: sol, viento, terreno disponible y una posición geográfica estratégica en el sur de Europa.
El Real Decreto la está cerrando con cerrojo burocrático. No es precaución ambiental. Es sabotaje del desarrollo tecnológico disfrazado de virtud.
Mientras Sánchez se felicita por “anticiparse”, el capital y el talento miran hacia jurisdicciones que entienden que la infraestructura digital del siglo XXI se construye con pragmatismo, velocidad y ambición.
El coste de este error se medirá en décadas de atraso digital.