El INE confirmó esta semana lo que el indicador adelantado ya apuntaba. El IPC se disparó al 4,3% en agosto, su nivel más alto desde febrero de 2023. Javier Jorrín avisaba en El Confidencial de que esto es solo el principio, porque el encarecimiento energético todavía tiene que trasladarse al resto de bienes y servicios.

Tiene razón, y merece la pena explicar el mecanismo con precisión. No se trata de la redistribución que provoca una inyección monetaria, que es lo que se conoce como “efecto Cantillon”.

Sino que estamos ante el llamado efecto de segunda ronda por un shock de oferta, por el que el coste del combustible se filtra a la logística, la logística a la alimentación y así sucesivamente, con meses de retraso.

La diferencia afecta poco al bolsillo, pero importa mucho al diagnóstico. Porque aquí no hay banco central culpable, hay una cadena de costes que todavía no ha terminado de recorrerse.

Lo primero que hay que preguntarse es por qué España encaja este shock peor que sus vecinos. La inflación española vuelve a situarse muy por encima de la media de la eurozona (que está en torno al 3,3%), y solo un puñado de países la superan.

El calendario de cierre nuclear, pactado en 2019 y prorrogado este año solo para Almaraz, no responde a que las centrales sean ineficientes

La explicación habitual señala la menor fiscalidad sobre los carburantes, lo que amplifica en términos porcentuales cualquier subida del crudo.

Y aunque es cierta, es incompleta. Falta una pieza, la electricidad. Hay que recordar que España tomó una decisión propia que ahora está pagando.

El calendario de cierre nuclear, pactado en 2019 y prorrogado este año solo para Almaraz, no responde a que las centrales sean ineficientes. No lo son. Pero la carga fiscal sobre la energía nuclear creció un 90% entre 2010 y 2019, y otro 70% desde entonces, hasta el punto de que las eléctricas sostienen que operar por debajo de 65-70 euros el megavatio ya no es rentable.

La nuclear aporta hoy en torno al 20% de la electricidad española, funcionando de forma estable las 24 horas, y la Agencia Internacional de la Energía lleva años advirtiendo de que su cierre, sin más almacenamiento, aumentará la dependencia del gas.

Es decir, España decidió, vía fiscalidad, hacer su sistema eléctrico más sensible a exactamente el tipo de shock que ahora sufre. Cuando llega la factura, se le atribuye a Irán, y no están faltos de razón.Pero si bien la guerra pone el detonante, la exposición la elegimos nosotros.

Esa es la lógica de Public Choice cabe aplicar aquí, y no como adorno teórico. La decisión de gravar la nuclear hasta hacerla inviable tuvo un beneficio político concentrado y visible (alinearse con una coalición y un electorado concretos) y un coste difuso y diferido (mayor volatilidad del sistema eléctrico, que se paga años después y se confunde con mala suerte geopolítica).

Es el mismo patrón que va a decidir cómo se financia el gasto público adicional que esta inflación va a generar. Porque lo genera, y no es un efecto colateral menor.

Las pensiones y buena parte del gasto público español están indexados al IPC, así que un dato de agosto como este empuja automáticamente al alza la revalorización del año que viene, en un sistema de pensiones que ya arrastra déficit estructural y una deuda acumulada superior a los 130.000 millones.

Ese gasto adicional hay que financiarlo o bien con más deuda, o bien con más impuestos, o bien detrayéndolo de otras partidas. Ninguna de las tres opciones es gratuita, y esto es donde la Escuela del Public Choice nos ayuda a entender porque explica algo que la aritmética presupuestaria por sí sola no explica.

Y es por qué los gobiernos, sistemáticamente, prefieren la primera, engrosar la deuda pública. Subir impuestos o recortar una partida concreta moviliza de inmediato a un grupo de interés identificable y organizado. Emitir deuda reparte el coste entre contribuyentes futuros que hoy no votan y no pueden protestar.

El sesgo hacia el déficit no es un fallo de gestión, como explicaron Buchanan y Wagner hace décadas, es el resultado previsible de una estructura de incentivos en la que quien decide no es quien acaba pagando.

Entretanto, el golpe ya está llegando a los sitios de siempre: los alquileres antiguos se actualizarán este año muy por encima de los indexados al IRAV, y los salarios pactados en convenio (3,04% de media) vuelven a quedarse por debajo de una inflación que ya roza el 4,3%, con los trabajadores sin convenio ni capacidad de negociación llevándose la peor parte, sin ni siquiera esa referencia formal para protestar. Son síntomas del mismo shock, no historias aparte.

El dato de septiembre dirá si el repunte se consolida o empieza a diluirse. Pero conviene no perder de vista lo esencial. Parte de lo que hoy pagamos en la gasolinera y pagaremos mañana en impuestos o en deuda no es una fatalidad importada de Oriente Medio, es la factura aplazada de decisiones fiscales y energéticas tomadas en Madrid hace años, con beneficios políticos cobrados entonces y costes que vencen ahora.