El encarecimiento de la energía y las presiones persistentes en servicios y alimentos han llevado la inflación española claramente por encima de la media de la eurozona. Con una tasa del 4,5 % interanual en el pasado mes de agosto en términos armonizados, España está entre las economías con mayor inflación de la zona euro -en Francia fue del 2,7%, en Alemania del 2,9% y en Italia del 3,2%-.
El conflicto en Oriente Próximo y las restricciones logísticas en el estrecho de Ormuz continúan tensionando el precio de los hidrocarburos y de la electricidad. Pero en la economía española el impacto de la crisis energética está siendo mayor.
El sistema de fijación de precios en España reacciona de forma más volátil a estos shocks internacionales. El diseño de la cesta de la compra y de las importaciones energéticas en el mercado español traslada las oscilaciones de los precios del petróleo y del gas a los precios finales de los consumidores con especial rapidez.
Pero esta no es la única causa de la brecha. El motor de crecimiento sigue siendo el sector servicios, impulsado notablemente por el sector turístico. De ahí que el peso de los servicios -transporte, comercio y hostelería- en la cesta del IPC sea sustancialmente mayor que en el promedio europeo.
El encarecimiento de los costes de producción en hoteles, restauración y transporte turístico ejercen una presión al alza constante sobre la inflación general, provocando que el componente estructural sea más difícil de doblegar en comparación con las economías basadas en la producción industrial.
El impacto en las revisiones de cuota de las hipotecas a tipo variable ha sido inmediato
Además, la retirada de las ayudas públicas implantadas por el Gobierno durante los últimos meses para contener la crisis energética (como las rebajas del IVA en la electricidad y los carburantes, o las bonificaciones directas, más generosas aquí que en otros países de nuestro entorno) han generado un “efecto escalón”, contribuyendo al repunte de los precios.
Por otra parte, el encarecimiento de la vivienda y de los alquileres es mayor y podría estar trasladándose a los costes de producción.
Finalmente, a diferencia de las principales potencias de la eurozona que rozan el estancamiento económico, la economía española avanza a un ritmo acelerado, sostenido por un consumo interno robusto y una creación de empleo récord.
Esto explica que las empresas españolas tienen una capacidad mucho mayor para trasladar los aumentos de sus costes operativos a los precios finales que pagan los consumidores, algo que no ocurre en mercados europeos que bordean la recesión.
Pese a todo, no parece que, al menos de momento, se estén produciendo los temidos efectos de segunda ronda, que consisten en un bucle de precios y salarios, con el riesgo de hacer perdurar la inflación durante un tiempo prolongado. En agosto, la tasa de inflación subyacente -que excluye de su cálculo los precios de los alimentos frescos y los productos energéticos por ser más volátiles- se moderó levemente hasta el 2,9% (todavía medio punto por encima de la zona euro).
Por lo que, si el factor energético se estabiliza, y con ello se contiene el aumento de los precios de los alimentos, la inflación general debería converger hacia niveles más moderados a medio plazo.
De momento, ante una inflación de la eurozona superior al objetivo del 2%, se espera que el BCE proceda a una nueva subida de su principal tipo de interés, hasta el 2,5%. Los mercados financieros ya han descontado estas subidas, con aumentos del Euribor -índice de referencia de las hipotecas- que ha roto la barrera del 3%.
El impacto en las revisiones de cuota de las hipotecas a tipo variable ha sido inmediato, y en las nuevas hipotecas -tanto fijas como mixtas- también empieza a notarse en consonancia con el giro del BCE.
El endurecimiento de la política monetaria encarece también el resto de las formas de endeudamiento, afectando al consumo, al mercado de la vivienda, y especialmente, a la financiación empresarial y la actividad económica.
Para la economía española es importante que la brecha de inflación con la eurozona no se convierta en estructural para no lastrar la competitividad de las exportaciones españolas -destacando los componentes de automoción y los bienes agrícolas- que se están encareciendo relativamente en relación con nuestros socios europeos.
En definitiva, España tiene un doble problema. Por un lado, ante la incertidumbre geopolítica, especialmente ligada al conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre la energía, está sufriendo un shock energético externo más agudo que nuestros socios comunitarios.
Por el otro, su estructura sectorial añade una mayor dificultad para controlar los precios por la persistencia de la inflación en las actividades ligadas al turismo y otros servicios.
El reto está en controlar el contagio al conjunto de los precios, lo que presionaría la subyacente al alza de cara a finales de 2026, erosionando el poder adquisitivo de las familias. Conviene recordar que el precio de los alimentos –o la cesta de la compra-- ha escalado un 32% en los últimos cinco años, en torno diez puntos más que los salarios.
*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.