España ha entrado en un nuevo ciclo de inversión en defensa. Según la OTAN, el país habría alcanzado ya el objetivo de destinar el 2 % del PIB a defensa, un umbral que hace unos años parecía lejano.
Pero el cambio no se limita al volumen de recursos, sino también a su composición. Comprender cómo está evolucionando este esfuerzo inversor exige nuevas herramientas de análisis, ya que las estadísticas oficiales llegan con meses de demora.
El estallido de la guerra en Ucrania y el nuevo contexto geopolítico han elevado las necesidades de inversión en defensa, empujando a la OTAN hacia objetivos de gasto más ambiciosos y a la Unión Europea a diseñar un plan integral para reforzar su autonomía estratégica. Ante este cambio de paradigma, tanto el seguimiento como el estudio del impacto del gasto en defensa han adquirido relevancia.
Sin embargo, este análisis está condicionado por la dependencia de fuentes oficiales, ya sean los Presupuestos Generales del Estado, la Contabilidad Nacional o las estadísticas de la OTAN, que responden a metodologías diferentes y que, por su naturaleza, llegan con retraso.
Cuando un Gobierno decide adquirir una fragata, un sistema antimisiles o una flota de helicópteros, la decisión política se produce meses, e incluso años, antes de que el gasto quede reflejado en las cuentas públicas.
Cada día, se registran nuevas licitaciones y adjudicaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Entre la aprobación de un programa, la licitación, la adjudicación y su ejecución transcurre un largo proceso que las estadísticas tradicionales apenas permiten seguir.
Cada semana, el Consejo de Ministros publica las referencias de los acuerdos aprobados. Cada día, se registran nuevas licitaciones y adjudicaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Toda esa información es pública, sin embargo es un laberinto de documentos redactados en lenguaje administrativo que resulta prácticamente imposible de analizar manualmente.
Es precisamente ahí donde el Big Data y la inteligencia artificial están transformando la forma de estudiar las políticas públicas. En BBVA Research hemos desarrollado una metodología que combina técnicas de extracción automática de información, procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial para construir un indicador de alta frecuencia sobre la política de defensa española.
El sistema analiza de forma sistemática más de 26.000 acuerdos recogidos en las referencias del Consejo de Ministros publicadas desde 2013, identifica cuáles corresponden realmente a actuaciones de defensa, elimina las referencias irrelevantes y clasifica cada actuación según el tipo de capacidad militar afectada.
El sector aeronáutico es el que agrupa el grueso de las exportaciones españolas
El resultado no sustituye a las estadísticas oficiales ni mide la ejecución presupuestaria o el impacto de estas decisiones en la Contabilidad Nacional, sino que complementa esa información y permite observar hacia dónde se dirige la política de defensa prácticamente en tiempo real.
Lo que se desprende de este análisis es que España parece haber entrado en un nuevo ciclo inversor de carácter estructural. Desde la invasión rusa de Ucrania, los países han incrementado su esfuerzo en defensa, y España no ha sido una excepción.
El fuerte aumento del gasto registrado en 2025 habría permitido al país alcanzar el umbral del 2 % del PIB fijado por la OTAN, convergiendo con el escenario marcado por la Alianza.
En cualquier caso, tan revelador como el aumento en el volumen de gasto es el cambio en su composición. Las decisiones de gasto en defensa aprobadas por el Consejo de Ministros han adquirido un protagonismo creciente alcanzando un importe medio anual anunciando cercano a 4.750 millones de euros en 2025, frente a los 730 millones de promedio en el período 2013-2024.
Pero estos acuerdos muestran también que el incremento no responde únicamente a grandes programas de modernización, como los observados en años anteriores, sino que se reparte entre prácticamente todas las categorías de inversión del espectro militar, desde sistemas de armas a capacidades aéreas, infraestructuras, ciberdefensa, I+D, logística o munición. Todo apunta a un proceso amplio de modernización de las Fuerzas Armadas.
Las licitaciones públicas permiten confirmar, además, que esas decisiones se materializan en contratos. Desde mediados de 2025 se han adjudicado en promedio casi 2.000 millones de euros, alcanzando niveles históricamente elevados, con una fuerte focalización en contratos de adquisición de equipamiento militar, aunque también crecen los servicios asociados al mantenimiento, el software y las comunicaciones.
Los datos además revelan cómo se estructura la industria española de defensa. Una parte muy importante de la contratación pública se concentra en un número relativamente reducido de grandes grupos industriales (las quince mayores empresas adjudicatarias acaparan el 43 % del importe total contratado en 2025), y en unos pocos polos tecnológicos repartidos por el territorio.
Madrid, Sevilla, Albacete o Asturias aglutinan buena parte de las capacidades de diseño, fabricación e integración de los principales programas.
Mientras que el desarrollo de las capacidades terrestres y navales descansa principalmente sobre fabricantes nacionales, los grandes programas aeronáuticos presentan un grado mucho mayor de cooperación con socios europeos, reflejo de iniciativas multinacionales como el Eurofighter.
Es precisamente el sector aeronáutico el que agrupa el grueso de las exportaciones españolas, que tienen en la propia Unión Europea su principal mercado.
Este caso pone de manifiesto una tendencia que trasciende el ámbito de la defensa. Durante años, el análisis económico ha dependido casi exclusivamente de estadísticas oficiales, con metodologías aceptadas internacionalmente, homogéneas y a la vez exhaustivas, pero disponibles con retraso.
Hoy es posible complementar el análisis de esas fuentes utilizando la enorme cantidad de información que las administraciones públicas publican cada día.
La combinación de Big Data, procesamiento del lenguaje natural e inteligencia artificial permite transformar grandes volúmenes de datos desestructurados en indicadores útiles para mejorar el diagnóstico de políticas públicas con gran inmediatez.
La defensa constituye un buen ejemplo, aunque no el único. Infraestructuras, transición energética, sanidad o innovación generan un volumen creciente de información pública susceptible de analizarse con las mismas herramientas.
En un contexto en el que las decisiones económicas son cada vez más rápidas, la forma de medirlas debe seguir el mismo camino. Al fin y al cabo, muchas veces los datos cuentan la historia antes de que aparezca en los presupuestos.
***Carmen Pelayo Fernández y Virginia Pou Bell, BBVA Research.