En el ecuador de un verano marcado por el mundial de fútbol, las consecuencias de los devastadores incendios que asolan el sur de Europa y las oscilaciones permanentes del precio de los combustibles y la energía como consecuencia del despertar de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, hay otra realidad: la de la geotecnología, auspiciada por el auge y omnipresencia de la IA, cuya evolución y desarrollo se precipitan a velocidad de crucero.

Los principales potencias y poderes empresariales han comprendido que la transformación que acarrea consigo la ya denominada cuarta revolución industrial no es inocua, sino que aplica a todos los ámbitos sin excepción.

Tanto es así que hace tiempo que el dominio de softwares y algoritmos trascendió el mero debate tecnológico para convertirse en una cuestión de seguridad nacional y potencial ventaja competitiva en la batalla por la hegemonía mundial.

Estados Unidos, por ejemplo, mantiene una estricta estrategia de control de exportaciones para limitar el acceso de China a microchips avanzados, herramientas de fabricación y software de diseño de semiconductores por motivos de seguridad nacional.

Veto a superprocesadores de IA de las firmas norteamericanas más potentes como Nvidia o AMD, control de maquinaria de litografía, prohibición de software, entre otros.

La confianza como activo esencial no se limita en exclusiva al plano de los derechos fundamentales

Asimismo, hace algunos meses que la administración Trump puso en marcha la llamada Pax Silica, una suerte de estrategia de seguridad económica orientada a evitar cuellos de botella tecnológicos en las cadenas de suministro y limitar, a su vez, la influencia de Pekín en el mercado digital.

Una actitud proteccionista que, sin embargo, no se acota, en exclusiva, al gigante asiático, sino que también afecta de lleno a la UE. El ejemplo más paradigmático es el caso de los modelos avanzados de Anthropic, que la administración norteamericana vetó temporalmente durante el pasado mes de junio, lo que causó la indignación de gobiernos e industrias europeas.

China, por su parte, ha tratado de ocupar el vacío dejado por Estados Unidos en la escena internacional presentándose al mundo como el gran valedor del código abierto y esforzándose por divulgar sobre los beneficios de que haya unas reglas globales de IA responsables y compartidas, con una mayor participación de los países del sur global.

Ése es el objetivo de la creación de la nueva Organización Mundial para la Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), anunciada por el líder chino, Xi Jinping, durante su intervención hace un par de semanas en Shanghái.

Detrás de los planteamientos retóricos reside, por supuesto, el interés en proyectar influencia a través de la adopción de sus modelos, desarrollados por empresas como Moonshot, DeepSeek y Alibaba, cada vez con mayor agilidad y autonomía frente a los norteamericanos.

En este contexto, la UE afronta una gran desventaja competitiva. Si bien es cierto que sería impreciso acudir al mantra de la hiperregulación como impedimento de la innovación (prueba irrefutable de ello son los modelos de IA de marca 100% europea como el de Mistral, de origen francés, o incluso el de la española Multiverse Computing), lo cierto es que su peso global es testimonial, lo que golpea significativamente la competitividad y la soberanía tecnológica europea.

El propio Mario Draghi, en su reconocido informe sobre competitividad europea presentado en 2024, ya advertía de que tres grandes proveedores estadounidenses de computación en la nube concentran más del 65% del mercado europeo (Microsoft, Google, Amazon o NVIDIA, entre otros), mientras que el mayor operador europeo apenas alcanza el 2% de cuota.

Ahora bien, si hay algo que la UE sí ha entendido infinitamente mejor que sus competidores a escala global es la importancia que tienen intangibles como la seguridad, la transparencia o la confianza para sostener el desarrollo e impacto transformador de una tecnología tan disruptiva como la inteligencia artificial.

Precisamente el 2 de agosto entra en vigor una parte esencial del reglamento europeo de la IA, aprobado en 2024, pero cuya implementación es gradual (por fases). La nueva fase introduce requerimientos por parte de la UE en materia de transparencia, gobernanza, supervisión, calendario sancionador y, en unos meses, también el registro y monitorio de los softwares IA considerados de alto riesgo.

Un marco de gobernanza muy sólido y responsable, que protege y otorga máxima seguridad jurídica no sólo a ciudadanos y empresas que utilicen e integren la IA en sus organizaciones, sino también a los propios estados, cuyas infraestructuras críticas están cada vez más expuestas a ciberataques e injerencias extranjeras.

Esto no es algo menor ni una soflama de alarma social sin consistencia. Hace unos días OpenAI comunicó que su inteligencia artificial se había “rebelado” y lanzado un ciberataque sin precedentes, violando el entorno de pruebas de forma automática sin que los equipos técnicos pudieran hacer nada durante un lapso de varias horas.

Adicionalmente, en China, el rápido auge de asistentes avanzados (como OpenClaw) también ha generado gran temor a la pérdida de control, lo que ha llevado al gobierno a imponer estrictas restricciones de seguridad.

Además, en un contexto de militarización y creciente tensiones geopolíticas, el dominio y concentración de algoritmos y softwares en manos de unos pocos abona el terreno para dictar moral, crear climas de opinión polarizantes, influir en procesos electorales o asistir en procesos bélicos, pervirtiendo el principio de una “IA humanista”.

El propio papa León XIV, en su primera encíclica titulada Magnifica humanitas, presentada en mayo de 2026, aborda de lleno el impacto de la inteligencia artificial en las sociedades contemporáneas, y clama por el avance de una IA bajo custodia del ser humano, urgiendo a "desarmar" la inteligencia artificial como herramienta de sometimiento militar o económico.

Algo que choca drásticamente con los manifiestos de empresas como Palantir (compañía estadounidense de software especializada en Big Data e IA), quien, aprovechando toda la narrativa sobre el rearme, está haciendo un lobby importante para que los gobiernos levanten restricciones de privacidad y faciliten la vigilancia masiva o la guerra asistida por IA.

Asimismo, desde la UE se está poniendo marco a toda una materia gris que, en ausencia de regulación, puede ser muy lesiva: desde la protección de los derechos de la infancia, en lo que España ha sido muy activa a través de alianzas internacionales con Unicef y la Unesco, hasta iniciativas tales como la carta de los derechos digitales, las políticas de prevención de la discriminación por sistemas de IA, prevención de riesgos para menores etc.

Sin embargo, la confianza como activo esencial no se limita en exclusiva al plano de los derechos fundamentales, sino que también tiene eco e impacto en el ámbito económico (esto es, como condición de mercado), a través de realidades emergentes como el comercio agéntico, un nuevo modelo de compra en el que agentes de inteligencia artificial autónomos buscan, comparan y ejecutan transacciones o decisiones de gasto en nombre de los consumidores.

Una realidad en el que infinidad de fintech y plataformas de servicios financieros y medios de pago están poniendo mucha atención e inversión.

Decía el reconocido científico británico Stephen Hawking, fallecido en 2018, que la inteligencia artificial puede ser la mejor o la peor cosa que le haya sucedido a la humanidad. La diferencia no la marcarán los algoritmos, sino las reglas, los límites y los valores que decidamos imponerles.

Quizá por eso la verdadera batalla de nuestro tiempo no sea exclusivamente tecnológica, sino ética. Y en esa contienda, la confianza puede acabar siendo el activo más valioso de Europa para participar de un liderazgo tecnológico duradero.

**Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.