Un hidroavión sobre el valle del Tiétar es un espectáculo notable, su rugido bajo, la panza que se abre, el penacho blanco derramándose sobre la ladera. Una cuadrilla desbrozando esa misma ladera en febrero, con motosierra y termo de café, no sale en ningún informativo.
En esa asimetría, entre lo que se fotografía y lo que nadie recuerda, cabe casi entera la política forestal española. Hemos pagado el espectáculo y hemos ahorrado en el trabajo previo. Julio nos está pasando la factura, y aún queda verano por delante.
Los números del año son malos y no son fruto del azar. Hasta el 22 de julio habían ardido 101.163 hectáreas y se habían declarado 22 grandes incendios, los que superan las 500 hectáreas, frente a una media de nueve en la última década para esas mismas fechas. Desde entonces, los fuegos de Ávila y de la sierra oeste de Madrid han sumado unas 45.000 hectáreas más y han obligado a evacuar o confinar a más de cien mil personas.
Han venido aviones de Grecia e Italia y militares portugueses. Nada de esto describe a un país sin medios de extinción, más bien describe a un país que lo ha confiado todo a la extinción. El incendio que se apaga en julio se decidió en el invierno que no se trabajó.
Y no es la primera advertencia, pues recordemos lo ocurrido en 2022 y 2025, que ya dejaron veranos negros, informes gruesos y la misma conclusión repetida por los técnicos.
La inversión en prevención cayó de 364 millones de euros en 2009 a 143,8 millones en 2024
Un economista reconoce aquí un problema de tasa de descuento. Desbrozar, abrir cortafuegos, ordenar pastos y quemar bajo control en invierno es inversión y cuesta hoy y rinde dentro de diez o quince años en forma de incendios que no ocurren y de los que nadie levanta acta.
Apagar es consumo, es decir, cuesta hoy y rinde esta tarde, en el telediario, con nombre y apellidos del cargo que sale en la foto.
Ningún gobernante descuenta el futuro al 2%. Con horizontes de cuatro años, la inversión preventiva arroja un valor presente negativo para quien decide, aunque su rentabilidad social sea de las más altas de todo el gasto público.
Las cifras confirman esa preferencia revelada. La inversión en prevención cayó de 364 millones de euros en 2009 a 143,8 millones en 2024, mientras el gasto en extinción se mantuvo estable en torno a 417 millones anuales.
Tres de cada cuatro euros de la lucha contra el fuego van a apagarlo y poco más de uno de cada diez a evitarlo. España dedica el 0,4% de su gasto público a los servicios de protección contra incendios, por debajo del 0,5% de media en la Unión, y concentra cerca del 40% de toda la superficie quemada en el continente.
Conviene decir lo incómodo y es que esto no se arregla solo con más dinero. Se arregla cambiando quién tiene incentivos para cuidar el monte. Un país que despuebla su interior, que retira la ganadería extensiva de las laderas, que convierte en trámite de meses el permiso para clarear una finca y que impide rentabilizar la biomasa retirada ha ido llenando el monte de combustible durante cuarenta años.
España tiene hoy más masa forestal que hace un siglo y muchísima menos gente dedicada a cuidarla, una combinación que en términos físicos solo tiene un desenlace. Luego se sorprende de que arda. El fuego no es un fallo del clima, que agrava lo que encuentra: es la consecuencia previsible de un diseño.
Hay una página vieja que lo explica mejor que cualquier informe. Larra, en «Vuelva usted mañana» narra ya la historia de un extranjero que llega a España con dinero y proyectos y se marcha meses después sin haber logrado que nadie le firme nada.
Casi dos siglos más tarde, el propietario que quiere entresacar su pinar, el ganadero que pide pastar donde pastaba su abuelo y el ayuntamiento que solicita una ayuda para desbrozar reciben la misma respuesta, con la diferencia de que ahora llega por correo electrónico.
La prevención no fracasa por falta de conocimiento técnico, que es excelente, ni de vocación, que abunda entre los agentes forestales y las cuadrillas. Fracasa porque exige constancia sin recompensa. El monte es un patrimonio que se recibe prestado, y las cuentas de ese préstamo no se cierran dentro de una legislatura.
Vendrá ahora lo de siempre, ya sabemos… comisiones, comparecencias, reproches cruzados entre administraciones que comparten competencias sin compartir responsabilidad y la promesa de un gran plan para el otoño.
En noviembre el monte estará verde otra vez, la urgencia habrá desaparecido y llegará el único momento del año en que se puede hacer algo útil. Nadie ha ganado nunca unas elecciones por un incendio que no ocurrió. Ahí está la trampa, y no la ha puesto el clima. El hidroavión no es la solución del problema. Es el recibo.
*** Fernando Pinto es profesor titular de Economía Aplicada de la URJC.