Hay tragedias que exigen respuestas inmediatas y otras que, además, obligan a replantear las prioridades. Los incendios que este verano asolan España, Francia y buena parte del sur de Europa pertenecen a ambas categorías.

Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares, centenares de miles de hectáreas han quedado reducidas a cenizas y decenas de miles de profesionales llevan semanas luchando contra un enemigo que cada año resulta más rápido, más imprevisible y más devastador. Ya llegará el momento de depurar responsabilidades.

Hoy la pregunta es otra: si Europa está preparando su futuro para enfrentarse a las amenazas que realmente ya tiene delante.

El debate del gasto público lleva tiempo girado casi exclusivamente alrededor del rearme. La invasión rusa de Ucrania, la creciente tensión internacional y las exigencias de Estados Unidos han abierto una nueva etapa en la política comunitaria.

Europa se dispone a movilizar cientos de miles de millones de euros adicionales para reforzar su capacidad militar. Es un debate legítimo. Pero precisamente porque hablamos de seguridad conviene formular una pregunta incómoda: ¿qué significa hoy defender Europa?

No se trata de sustituir tanques por mangueras. Sería un planteamiento tan simplista como irresponsable. La defensa seguirá requiriendo ejércitos, capacidades industriales y alianzas militares sólidas.

Lo que resulta difícil de entender es que un continente capaz de debatir durante meses el número de carros de combate, de cazas o de fragatas que necesita siga considerando los incendios forestales como un problema casi exclusivamente nacional de gasto local, cuando hace tiempo que constituyen una amenaza continental con consecuencias humanas, económicas y medioambientales de primer orden.

Cada gran incendio moviliza una importante fuente de efectivos desde vehículos terrestres hasta un importante despliegue aéreo, y por supuesto, personal.

Su coste directo puede alcanzar decenas o incluso centenares de millones de euros cuando se suman la extinción, la restauración ambiental, la pérdida de actividad económica, los daños en infraestructuras, la erosión del suelo, el impacto sobre el turismo y la desaparición de patrimonio natural acumulado durante generaciones.

Lo paradójico es que buena parte de esos costes podrían reducirse mediante una política estable de prevención y mediante una capacidad europea permanente capaz de intervenir allí donde el fuego supera la respuesta nacional.

Europa ya dispone de algunos de los mejores instrumentos tecnológicos del mundo. Los satélites de Copernicus permiten seguir prácticamente en tiempo real la evolución de los incendios; la Agencia Espacial Europea desarrolla herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar la detección temprana; y el programa rescEU está construyendo una flota aérea común destinada a reforzar la capacidad de los Estados miembros.

Sin embargo, todos estos recursos siguen funcionando como piezas relativamente dispersas, sin una auténtica estructura permanente comparable a la que existe para otras amenazas estratégicas.

Existe, además, una realidad económica difícil de ignorar. En España, prevenir un incendio mediante tratamientos selvícolas, limpieza estratégica del monte, cortafuegos o pastoreo controlado suele requerir del orden de 2.000 a 3.000 euros por hectárea.

Cuando el fuego ya se ha declarado, el coste directo de extinguirlo puede multiplicarse hasta situarse entre 10.000 y 20.000 euros por hectárea, dependiendo de la intensidad del operativo y del empleo de medios aéreos.

Pero la factura no termina cuando se apagan las llamas: la restauración del terreno —control de la erosión, recuperación hidrológica, reforestación e infraestructuras— puede añadir otros 3.000 a 10.000 euros por hectárea, sin contar la pérdida de biodiversidad, actividad económica o patrimonio natural. En términos estrictamente financieros, cada euro invertido antes del incendio evita varios euros de gasto cuando el desastre ya se ha producido.

La experiencia española demuestra que la integración que propongo es posible. La Unidad Militar de Emergencias se ha convertido en una referencia internacional por su capacidad para coordinar medios aéreos, maquinaria pesada, comunicaciones, logística y personal especializado bajo un único mando operativo. Imaginemos esa capacidad trasladada al conjunto de Europa mediante un cuerpo permanente equipado con hidroaviones DHC-515, helicópteros pesados, drones de vigilancia, maquinaria forestal, sistemas de inteligencia artificial y varios miles de especialistas desplegables en cualquier país en cuestión de horas.

Su coste sería elevado, sin duda. Pero resulta sorprendente comprobar lo modesto que parece cuando se compara con otras partidas presupuestarias que apenas generan debate público.

Solo RTVE dispone este año de un presupuesto superior a 1.300 millones de euros. Con un único ejercicio presupuestario de la corporación —la misma que financia Masterchef o paga a Broncano y sus amigos— podría financiarse un cuerpo europeo permanente de intervención contra grandes incendios dotado de miles de medios y especialistas.

No se trata de cuestionar la existencia de una televisión pública ni el valor de sus contenidos. Se trata de recordar que los presupuestos reflejan siempre aquello que una sociedad considera prioritario.

La misma reflexión puede hacerse respecto a otras decisiones recientes. La SEPI ha destinado alrededor de 2.300 millones de euros para adquirir el 10 % de Telefónica y ha vuelto a intervenir en compañías catalogadas como de interés nacional y estratégico.

Cada una de esas operaciones puede defenderse desde la política industrial o criticarse desde una perspectiva liberal. Lo relevante aquí no es ese debate, sino constatar que los recursos existen cuando existe voluntad política.

Resulta difícil sostener que Europa carece de capacidad financiera para construir un verdadero sistema común de protección frente a incendios cuando moviliza sin demasiadas dificultades cantidades similares para objetivos mucho menos visibles para el ciudadano.

Durante décadas la defensa significó proteger fronteras frente a ejércitos extranjeros. Hoy sigue significando eso, pero también implica proteger infraestructuras críticas, redes digitales, sistemas energéticos y, cada vez con mayor claridad, el propio territorio frente a fenómenos extremos que destruyen riqueza y ponen en riesgo la vida de miles de personas.

Un bosque que desaparece no solo representa una pérdida ecológica; desaparecen explotaciones agrícolas, empresas turísticas, recursos hídricos, biodiversidad y oportunidades económicas para comarcas enteras que tardarán décadas en recuperarse, si es que alguna vez sucede.

Tal vez Donald Trump tenga razón cuando exige a Europa un mayor esfuerzo en defensa. Pero Europa debería responder con una idea propia de lo que significa defenderse. Porque un continente no solo se protege frente a las guerras que podrían llegar algún día.

También debe protegerse frente a las amenazas que, verano tras verano, ya están destruyendo su territorio. Los presupuestos son la expresión más sincera de las prioridades de un país.

Y si realmente creemos que la seguridad constituye el gran desafío de nuestro tiempo, quizá haya llegado el momento de reconocer que defender Europa también empieza por impedir que Europa arda.