“Just do as I say, don’t do as I do” Tony Banks, Phil Collins, Mike Rutherford.
El PSOE, sus socios y sus medios de comunicación ya no niegan la corrupción que rodea a Sánchez por todos lados. Solo te dicen que agradezcas que tienes servicios públicos, cada vez peores, y que se lo debes todo a ellos.
Las joyas no tenían ni uso ni destino ni afán patrimonial”. "Estaban ahí y ya está" es una frase que denota paternalismo, condescendencia y superioridad moral unidas a un desprecio absoluto a los contribuyentes asfixiados. “Y ya está”.
Además, esta frase contrasta con el expolio y la fiscalización que se imponen a quienes crean riqueza y empleo. Para el sanchismo, el empresario y el contribuyente deben ser tratados como delincuentes preventivos, y a los socialistas imputados y condenados no se les debe ni investigar.
La carga moral se pervierte. Los jueces y periodistas son el mal, los empresarios y contribuyentes, sospechosos que deben ser reprimidos, y la cúpula cercana a Sánchez ha de ser intocable.
Diana Morant, enviada al ostracismo y acostumbrada a decir salvajadas para contentar a su partido y su líder, ha dicho que Feijóo está diseñando una coalición política que se parece a "gobiernos criminales como el de Hitler".
La evidencia es que Sánchez ha creado una coalición política que se parece a los gobiernos corruptos del peronismo. También ha dicho que a Zapatero se le recordará como el presidente “de los derechos”. Con su gobierno, fuimos derechos a la ruina.
Si a algún líder de derechas o a algún empresario le hubieran encontrado unas joyas no declaradas valoradas en, al menos, 1,3 millones, además de todo lo que está publicando cada día EL ESPAÑOL sobre el vergonzoso rescate a Plus Ultra y la trama de corrupción, y hubiese dicho la frase que ilustra este artículo, se incendiarían las calles y los medios pidiendo su cabeza. Pero lo dice un socialista, y no pasa nada porque, gracias a ellos, tienes el privilegio de ser más pobre y tener peores servicios públicos, y no gobierna la derecha.
Zapatero dijo aquello de “ser socialista es tener muy poco y dar mucho”. El socialismo es que tengas muy poco y tengas que dar mucho de lo poco que tienes, mientras los líderes de la superioridad moral socialista se quedan con mucho y no dan nada.
La actitud del Gobierno y los líderes socialistas ya no es de sorpresa, ni de indignación, sino de desprecio a los que osan criticarles.
“Sin afán patrimonial” es la definición de una coartada moral. Se niega el lucro personal evidente mientras se normaliza un sistema de privilegios y rescates a la élite política socialista que contrasta con la dureza fiscal aplicada al ciudadano común.
En la entrevista reciente en TVE, José Luis Rodríguez Zapatero se esforzó en enmarcar las joyas halladas en su despacho como un “regalo de cortesía personal” recibido “hace muchos años” de un país que no desvela, insistiendo en que “no hay ningún afán patrimonial”.
La frase es reveladora porque condensa en pocas palabras una cultura política que lleva años construyendo un relato de ejemplaridad en el que el patrimonio, cuando pertenece al líder socialista, nunca es problema, siempre es un malentendido o una anécdota.
Zapatero no solo conocía la normativa sobre regalos institucionales, sino que fue uno de los impulsores del llamado Código de Buen Gobierno, que fijaba límites estrictos a la recepción de obsequios más allá de la cortesía. Sin embargo, las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros no aparecieron nunca en los listados de regalos transferidos a Patrimonio, pese a que otros obsequios mucho más modestos, desde tricornios a ladrillos, sí fueron debidamente registrados y entregados.
Esa omisión no es un detalle técnico. Muestra que, cuando se trata de bienes de alto valor, el “afán patrimonial” se niega en público, pero se ejerce en privado. Estaban ahí y ya está. Y te callas.
Pedro Sánchez ha optado por la estrategia de mano lavada. Dice que “Zapatero decidirá” si entrega o no las joyas a Patrimonio, mientras asegura que él también recibe regalos y que la normativa es ahora más exigente. El mensaje implícito es claro.
Nadie tiene afán patrimonial si es cercano al sanchismo, todo son cortesías internacionales, casualidades y formalidades administrativas, y si hay alguna irregularidad, será cuestión de interpretación, prescripción o mala comunicación… a menos que la cometa alguien de derechas, entonces es un crimen imperdonable.
La polémica de las joyas no es un episodio aislado. Se une al escándalo del rescate de Plus Ultra como la punta de un iceberg que revela hasta qué punto la política se ha convertido en una vía de aleatoriedad política.
Si eres un contribuyente o empresario, puedes enfrentar condena, multa y escarnio público. Si una pyme tiene deudas con la Seguridad Social, se le ahoga y cancela, impidiendo cualquier contrato público. Si eres una aerolínea irrelevante con conexiones con el chavismo, se te da un aplazamiento especial y se te concede un rescate millonario.
El caso de Plus Ultra es un símbolo de cómo funciona el “sanchismo sin afán patrimonial”. La aerolínea acumulaba deudas con la Seguridad Social que, según la normativa ordinaria, deberían haber sido un impedimento para recibir subvenciones y ayudas públicas.
Sin embargo, en un plazo sorprendentemente corto se articuló un aplazamiento especial de toda su deuda, lo que permitió que la compañía figurase como “al corriente de pago” a efectos del rescate de 53 millones de euros de la SEPI.
Según datos de la Tesorería General, la deuda de la Seguridad Social por cuotas impagadas se situaba en torno a 4.477 millones de euros en 2025, con unos 1.100 grandes deudores que acumulan más de un millón de euros cada uno, fundamentalmente empresas.
Ninguna de esas empresas ha recibido el gigantesco trato de favor que tuvo Plus Ultra, aerolínea con solo dos aviones en el momento del rescate y cuyo único factor diferencial con respecto a los miles de empresas españolas que cayeron es que sus directivos contaban con relaciones políticas con el chavismo y el sanchismo, pero, eso sí, sin afán patrimonial.
Plus Ultra pagó unos 530.000 euros, el 1% de los 53 millones del rescate, a la consultora vinculada a Zapatero por no hacer nada para favorecer el rescate. Sorprendente.
El Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establece que, una vez concedido el aplazamiento, el deudor se considera puntualmente al corriente, de modo que puede acceder a bonificaciones y subvenciones como si no tuviera deuda, aunque en realidad siga existiendo y se extienda en el tiempo.
En el caso de Plus Ultra, esa figura se utilizó para transformar casi medio millón de euros de cuotas pendientes en un obstáculo meramente formal, que se eliminó con una resolución administrativa que aplazaba el pago a varios años vista. Todo por casualidad y sin afán patrimonial.
La cronología y los contactos políticos que rodean la operación han sido ampliamente documentados en EL ESPAÑOL y por informes policiales, que describen una red de influencia en la SEPI con epicentro en el entorno del expresidente Zapatero.
El Gobierno, para no variar, niega cualquier trato de favor y sostiene que todo se hizo conforme a los procedimientos y la normativa vigente, pero el resultado final es el mismo, una empresa con conexiones chavistas y socialistas accede a un rescate millonario tras ver regularizada su relación con la Seguridad Social, mientras miles de autónomos y pequeñas empresas son perseguidos por deudas mucho más modestas sin posibilidad de aplazamientos tan generosos.
La diferencia entre cómo se aplica la norma en estos casos de la trama PSOE y cómo se aplica a un contribuyente corriente es exactamente un pilar esencial del sanchismo, la aleatoriedad regulatoria y legislativa por adhesión política.
Para el ciudadano normal, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria son estructuras inflexibles con recargos automáticos, intereses de demora, embargos de cuentas y bienes por retrasos mínimos y un nivel de exigencia formal excepcional, superior al de organismos similares en otros países.
En cambio, cuando se trata de compañías cercanas al sanchismo que pueden alegar interés estratégico, la misma legislación se vuelve un marco maleable, dentro del cual es posible conceder aplazamientos extraordinarios, interpretar la situación de forma favorable y certificar que todo está en orden para liberar recursos públicos.
Si además la empresa es cercana a la dictadura chavista que, casualmente, envió a su vicepresidenta y a la que se le permitió aterrizar y ser recibida por el número dos del gobierno a pesar de estar prohibido por la UE, mejor.
La idea de que todo se ha hecho correctamente se utiliza como cortafuegos moral. Para el sanchismo, mientras se sigan las formas de procedimiento, la esencia, como el privilegio, el rescate y la condonación de facto, no se discute.
Lo mismo ocurre en el ámbito fiscal. El trabajador y el pequeño empresario se enfrentan a un entramado de obligaciones crecientes, sin espacio real para la optimización o la negociación, mientras el sanchismo sentencia que “ya está” y no pasa nada.
La frase “sin afán patrimonial” no es casual. Cumple una función política central, que es la de desactivar la percepción, ante sus votantes, de que la política se ha convertido en un mecanismo de acumulación patrimonial privada.
La insistencia en que todo son “regalos de cortesía”, que las joyas no tienen “destino” o que los rescates son meros instrumentos técnicos para salvar empresas, intenta separar el patrimonio de los líderes del ejercicio de poder que lo hace posible.
El sanchismo no necesita reconocer afán patrimonial porque está construido sobre la premisa de que el patrimonio del poder no se cuestiona, se protege y se reduce a un problema de procedimiento o de comunicación. Lo único que importa para el discurso oficial es mantener la apariencia de corrección formal. Las palabras de Sánchez son muy reveladoras en ese sentido.
El sanchismo “sin afán patrimonial” es un sistema confiscatorio y patrimonialista profundamente regresivo. Empobrece a los que finge proteger y da privilegios a los que lo mantienen. Peronismo extractivo de toda la vida.