El mismo día en que la Audiencia Provincial de Badajoz condenaba a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación, el ministro Óscar López salió a explicar en redes que detrás de la sentencia había "mucha mala política y nada de justicia". Horas después, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, pedía que "instancias superiores" corrigieran a la Audiencia antes siquiera de que existiera recurso.

No hace falta opinar sobre si la condena es justa. El propio tribunal absolvió a David Sánchez de tráfico de influencias y declaró prescrita la parte más antigua del caso, matices que rara vez sobreviven a un titular.

A pesar de eso, un ministro ha deslegitimado una resolución judicial el mismo día en que se publica. Y esto ya no es un exabrupto aislado, es la gramática habitual de la política española. Y esa gramática, aunque no lo parezca, tiene una traducción económica ineludible.

La Comisión Europea mide todos los años la salud judicial de los países miembros. El Cuadro de Indicadores de la Justicia 2026, publicado el pasado junio, sitúa a España en el puesto 22 de 27 en independencia judicial percibida, solo por delante de Chipre, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bulgaria. Los propios españoles señalan la política como la principal causa.

Y el documento no es un ejercicio académico inútil sino que la propia Comisión vincula explícitamente la independencia judicial con la estabilidad económica y la confianza inversora, y lo integra en el Semestre Europeo, el mecanismo por el que Bruselas vigila la política económica de los Estados miembros. La justicia, para quien reparte el dinero comunitario, no es un poder aparte de la economía, es una variable de la economía.

El propio tribunal absolvió a David Sánchez de tráfico de influencias y declaró prescrita la parte más antigua del caso, matices que rara vez sobreviven a un titular.

Pero este hecho no es señalado solo por la Comisión. También han reparado en él quienes prestan dinero al Reino de España. En septiembre de 2025, Moody's y Fitch subieron el rating soberano español, lo que es tanto una buena noticia como un titular fácil, pero en la misma nota avisaron de "riesgo político persistente" y "debilidades institucionales relativas", señalando la fragmentación parlamentaria, el uso creciente de decretos-ley y la ausencia de Presupuestos aprobados durante varios años consecutivos.

Diez meses después, nada de eso se ha corregido. De hecho, en mayo de 2026, una misión europea sobre Estado de derecho documentó más de 120 decretos-ley desde 2018, el número más alto en periodos democráticos comparables, y una percepción de corrupción en mínimos desde 2012.

Las agencias no se han vuelto a pronunciar desde entonces, y nadie parece interesado en volver a preguntar. Pero si la fotografía de septiembre ya generaba reservas, la película que ha seguido no da motivos para pensar que esas reservas se hayan disipado. Más bien, se han acentuado.

Mientras tanto, la conversación pública española ha encontrado su propio término para distorsionar lo que debería ser causa de indignación, y convertirlo en protección de los imputados, y de los condenados: "golpe judicial". No es una ocurrencia suelta, es una consigna con recorrido y fecha.

Ya en abril de 2024, en la SER, el analista Manuel Rico hablaba de un golpe de Estado "liderado desde determinadas togas". El 20 de noviembre de 2025, fecha que en España evoca otra cosa, aunque el titular no lo explicite, El Plural publicaba un análisis firmado por su director bajo el título "Golpe judicial el 20-N", acusando al Tribunal Supremo de cometer "un latrocinio contra el Estado de Derecho" al condenar al entonces fiscal general del Estado.

Si la fotografía de septiembre ya generaba reservas, la película que ha seguido no da motivos para pensar que esas reservas se hayan disipado

Y el pasado 12 de junio, el ministro Óscar López mantuvo en La Sexta que hay "jueces que prevarican" el mismo día en que la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, censuraba públicamente esas acusaciones; preguntado por qué jueces concretos prevaricaban, López respondió que decía "lo que me da la gana siempre".

El PP se lo ha devuelto en el Congreso, preguntando directamente al ministro de Justicia si comparte la tesis de sus compañeros. Pero, lamentablemente, el resultado de este intercambio de acusaciones no es un debate sobre la calidad institucional española, es un ruido que ocupa el espacio que debería ocupar la rendición de cuentas.

Y este es el coste de oportunidad, medido en algo tan poco abstracto como un horario de tren. El 24 de junio, dos incidentes ferroviarios paralizaron el mismo día la línea Madrid-Segovia-Valladolid y el corredor Madrid-Andalucía. El ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los perfiles más combativos del Gobierno en redes sociales, guardó silencio absoluto sobre Renfe esas horas.

No dejó de tuitear, eso sí. Pero lo hizo defendiendo al presidente y atacando al líder de la oposición. La energía política que se invierte en sostener el relato del "golpe de Estado judicial", en cualquiera de sus variantes especulares, no es gratis. Se resta de la que debería dedicarse a explicar por qué un ministerio no gestiona bien lo que sí es, sin discusión posible, su competencia.

No hace falta forzar la conclusión con una frase grandilocuente. Basta con dejar la pregunta donde está: la última vez que alguien con dinero de verdad sobre la mesa evaluó la calidad institucional española, hace diez meses, ya avisó.

Desde entonces, la sentencia de esta semana, los decretos-ley acumulados y el silencio sobre Renfe no son ruido de fondo. Son la actualización de esos datos que todavía nadie ha pedido a quienes los calculan, y que nos van a pasar factura económica más pronto que tarde.