Este final de legislatura está marcado por los casos de corrupción y por la ausencia de medidas legislativas. Para huir de esta realidad, el gobierno ha reactivado dos proyectos económicos, por una parte, los presupuestos generales del Estado, y por otra la nueva financiación autonómica.

Según la Constitución, el gobierno debe presentar el proyecto de presupuestos del ejercicio siguiente antes del 1 de octubre del año anterior. Pero, en esta legislatura el Gobierno durante estos tres años no lo ha hecho, por lo que el mero hecho del anuncio de presentarlos ya es una novedad.

Por otra parte, el sistema de financiación autonómico está caducado desde 2014, y evidentemente necesita una reforma. Sin embargo, el origen y la tramitación de la nueva financiación autonómica ha sido “singular”.

Las razones por las que el gobierno no ha presentado ningún proyecto de presupuestos son, fundamentalmente, que estaba muy cómodo con las prórrogas presupuestarias, y que no tenía mayoría para aprobarlos, así que prefería evitarse una derrota política. Ambas razones parecen subsistir.

Por una parte, dos disposiciones de la última ley de presupuestos le permiten mover créditos entre partidas casi sin límites. Se lo traduzco, el gobierno puede hacer lo que quiera con el dinero de los impuestos.

Las razones por las que el gobierno no ha presentado ningún proyecto de presupuestos son, fundamentalmente, que estaba muy cómodo con las prórrogas presupuestarias, y que no tenía mayoría para aprobarlos

Por eso, la ejecución del presupuesto prorrogado se parece muy poco al presupuesto original de 2023. Había algunos límites a estas prácticas, poco “ortodoxas” siendo suaves, y por eso en el último Real Decreto Ley ómnibus se incluyó una modificación retroactiva de la ley de presupuestos de 2023.

Y parece que el gobierno sigue sin tener mayoría para aprobar los presupuestos. En consecuencia, la razón para presentar los presupuestos parece estar en anunciar todo tipo de medidas antes de la convocatoria de elecciones.

Por otra parte, el proyecto de nueva financiación autonómica tampoco tiene precisamente muchos apoyos. Por una parte, catorce de las quince comunidades autónomas a las que afectaría, todas menos el País Vasco y Navarra, la rechazan.

La nueva financiación autonómica, heredera del acuerdo PSC-ERC de cupo catalán, que permitió la investidura de Salvador Illa, sólo tiene el apoyo de la Generalitat de Cataluña. Aún así, el gobierno de Sánchez ha decidido resucitar el proyecto, que permaneció “congelado” durante todo el ciclo electoral autonómico, que se inició en diciembre en Extremadura y concluyó en mayo pasado en Andalucía.

Sobre el papel, la falta de apoyo autonómico no es un problema, aunque no parezca sensato aprobar una nueva financiación autonómica contra todos los gobiernos autonómicos menos uno.

Es cierto que el anteproyecto debe pasar el filtro del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, pero el Reglamento de este órgano permite al Ministerio de Hacienda aprobar el anteproyecto únicamente con el voto a favor de Cataluña.

Esto quiere decir que, con gran probabilidad, el Consejo de ministros del próximo 30 de julio aprobará el proyecto de nueva financiación autonómica y lo enviará al Congreso de los Diputados.

Antes de continuar con la tramitación parlamentaria de ambos proyectos, que estaría prevista para el otoño, habría que ver si ambos proyectos, en los términos en que parecen concebidos, son compatibles económicamente.

La falta de apoyo autonómico no es un problema, aunque no parezca sensato aprobar una nueva financiación autonómica contra todos los gobiernos autonómicos menos uno

Sobre esta cuestión, no hay mucha información. Increíblemente, a estas alturas sobre un proyecto de la trascendencia de la nueva financiación autonómica, la información disponible sigue siendo únicamente un PowerPoint de 18 páginas.

Además, tampoco ha habido grupos de expertos, al menos públicos, ni tampoco informes como en la anterior reforma de 2010.

Pero, de lo poco que tenemos claro es que el coste de esta reforma, en forma de aportación adicional de fondos por parte de la Administración General del Estado sería de 21.000 millones de euros. Si a esto se le añade la dotación adicional del fondo de compensación interterritorial, entonces el coste excedería de 23.000 millones de euros.

¿Esta cuantía, aunque sólo fuese de 21.000 millones de euros se contempla en los Presupuestos? No lo parece, porque, salvo una imprevista y masiva subida de impuestos, este importe no es compatible simplemente con los objetivos de déficit presentados al Consejo de Política Fiscal y Financiera de la CCAA del pasado 6 de julio.

Si el Estado se queda con 21.000 millones de euros menos de los impuestos, y las CCAA siguen con el mismo objetivo de déficit (una décima, aunque se abra la posibilidad de negociar a las que necesiten más), lo que ocurriría sería que las CCAA se gastarían este dinero, porque no se les obliga a un superávit.

Esto significa simplemente tener mucho más déficit del previsto, al menos, si ambos proyectos, los presupuestos y la nueva financiación autonómica saliesen adelante.

Cuando el proyecto de Presupuestos se presente se podrá comprobar si se ha tenido en cuenta, esencialmente en el Estado de ingresos, la nueva financiación autonómica.

Evidentemente, no es lo mismo que el Estado tenga el 50% del IRPF y del IVA, o que sólo se quede con el 45% del IRPF y el 43,5% del IVA. Eso sí, como el papel lo aguanta todo, siempre se puede considerar que la recaudación se incrementará todavía más, y que dará para todo.

Cuando el proyecto de Presupuestos se presente se podrá comprobar si se ha tenido en cuenta, esencialmente en el Estado de ingresos, la nueva financiación autonómica

Siendo mínimamente realistas, 21.000 millones de euros adicionales es muchísimo dinero. Para que nos hagamos una idea, no deflactar el IRPF, es decir, no tocar ninguno de sus elementos para adaptarlo a la inflación ha sido una de las mayores subidas de impuestos de la democracia.

La razón es que los contribuyentes pagan más IRPF, y tienen que destinar más porcentaje de su renta a pagar el IRPF, porque sus rentas nominales suben, aunque su capacidad económica no lo haga.

Pues bien, esto ha supuesto que el tipo medio efectivo del IRPF ha pasado del 12,7% en 2018 al 15,1% en 2025, el tipo efectivo más elevado de la historia.

Según los cálculos del Banco de España, en mi opinión conservadores, esto supuso en 2025 una recaudación adicional de 17.000 millones de euros. Es una cuantía menor, pero, además, se ha conseguido después de siete años, no de un día para otro.

No es posible presentar unas cuentas creíbles que financien el nuevo modelo, y al mismo tiempo que sean mínimamente atractivas para el electorado, es decir que no incluyan ni recortes, ni tampoco subidas masivas de impuestos.

Eso sería mezclar agua y aceite, y no es posible. Sin embargo, los apoyos políticos para los presupuestos dependen de que se apruebe la nueva financiación autonómica.

Además, el partido decisivo, Junts exige mucho más, quiere un cupo “a la vasco-navarra” para apoyar la nueva financiación. Sin entrar en otras consideraciones, políticas, constitucionales o democráticas, esto sería mucho más caro tanto para el Estado, como para todos los contribuyentes que no residan en Cataluña (o en el País Vasco y Navarra).

La imposibilidad económica de que unos presupuestos previos a las urnas paguen una reforma tan cara de nuestro sistema de financiación autonómica, no significa, necesariamente, que ambas iniciativas no vayan a salir aprobadas.

Bastaría, por ejemplo, con aplazar la entrada en vigor de la financiación autonómica para 2028 para no contemplarla en los actuales presupuestos.

Junts exige mucho más, quiere un cupo “a la vasco-navarra” para apoyar la nueva financiación

Concluyo, creo que la legislatura ya no da más de sí, y que España necesita ir a las urnas, para tener un gobierno que presente presupuestos, y unas Cortes que puedan debatirlos y aprobarlos.

Naturalmente, el sistema de financiación autonómico necesita una reforma, pero una que podamos pagar, y que busque más equidad y no más privilegios territoriales. Y eso no es posible con los mimbres del “cupo catalán”, ni tampoco con la actual situación política.

Por eso, el nuevo empeño en aprobar una nueva financiación autónoma que sólo quieren el PSC y los nacionalistas catalanes, y no todos, sólo puede crear problemas políticos, y también económicos, y no sólo a corto plazo.

Entre ellos, esto podría suponer el inicio de la fragmentación de la Agencia Tributaria, como se ha reflejado en los acontecimientos de los últimos días. Esto generaría más problemas aún, pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

*** Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda y exdiputado de Ciudadanos.