El Consejo de Ministros ha aprobado un límite de gasto no financiero histórico de 226.032 millones de euros para los Presupuestos Generales del Estado de 2027, lo que representa un incremento del 6,6% respecto al ejercicio anterior. El Gobierno lo presenta como el pilar de los “presupuestos más sociales de la historia”, una narrativa destinada a blindar el gasto corriente.
Sin embargo, esta decisión no solo supone un desafío directo a los fundamentos de la macroeconomía y la sostenibilidad fiscal intertemporal, sino que configura, de facto, una maniobra política de cara a las próximas elecciones.
Un texto presupuestario destinado a ser rechazado en el Congreso es un arma de confrontación electoral, no una herramienta de gobernanza responsable.
El techo de gasto planteado por el Gobierno está absolutamente desconectado del crecimiento potencial de la economía. Las proyecciones más recientes del Banco de España, AIReF, OCDE y analistas privados sitúan el avance del PIB real para 2026 en torno al 2-2,3% y para 2027 cerca del 1,7-1,9%, con una inflación que se moverá entre el 2,5% y el 3,2%.
Ello arroja un crecimiento nominal aproximado del 4,5-5,5% en el escenario central. Frente a esta realidad, un límite de gasto que crece un 6,6% implica una expansión del sector público sin respaldo en la generación de riqueza real.
España ya sufre un retraso estructural en este indicador respecto a sus socios europeos
Peor aún, el grueso del incremento se concentra en gasto corriente —principalmente transferencias y consumo público— y no en inversión productiva.
España arrastra un déficit de inversión pública. Mientras el gasto corriente per cápita ha crecido muy por encima del PIB en las últimas décadas, aquella se ha mantenido en niveles bajos (alrededor del 2,9% del PIB), muy inferiores a los de la media europea y a los de etapas históricas previas.
Ahora bien, solo la inversión incrementa el stock de capital físico y humano y eleva el PIB potencial a medio y largo plazo.
Sin embargo, la política gubernamental consolida transferencias que no generan retorno en productividad total de los factores (PTF). España ya sufre un retraso estructural en este indicador respecto a sus socios europeos, lo que explica en buena medida su estancamiento relativo de convergencia.
Esa aproximación viola de manera sistemática la regla de oro de las finanzas públicas. En ausencia de reformas estructurales ambiciosas que eleven el crecimiento potencial —en mercado de trabajo, fiscalidad, educación y capital humano—, el gasto primario no puede expandirse de forma sostenida por encima del PIB nominal sin deteriorar las cuentas públicas.
La alternativa del endeudamiento resulta aún más alarmante bajo el actual régimen de tipos de interés
El resultado es previsible y matemático: el déficit deja de ser cíclico para convertirse en estructural, inmune a las fases expansivas del ciclo económico. La brecha se cerrará inevitablemente mediante mayor presión fiscal o mayor endeudamiento. Ambas vías resultan tóxicas para el crecimiento.
Elevar la carga tributaria sobre el capital, el ahorro, los beneficios empresariales y el empleo distorsiona los precios relativos, reduce el excedente del productor y desincentiva la inversión en bienes de equipo y en innovación.
Existe, además, un riesgo real de entrar en el tramo descendente de la curva de Laffer: tipos marginales excesivos contraen la base imponible, fomentan la economía sumergida, la deslocalización de empresas y, paradójicamente, pueden reducir la recaudación efectiva a medio plazo.
Una presión fiscal creciente es un impuesto encubierto sobre el crecimiento futuro en una economía que necesita urgentemente más inversión privada para mejorar su productividad.
La alternativa del endeudamiento resulta aún más alarmante bajo el actual régimen de tipos de interés. Con una ratio deuda/PIB que ronda el 101% en 2026, el coste de refinanciación supera con creces el crecimiento nominal potencial en un escenario central.
Cuando el tipo de interés efectivo excede persistentemente el crecimiento y el déficit primario sigue siendo positivo, la dinámica de deuda entra en una senda de divergencia insostenible.
España ya no cuenta con el paraguas ilimitado del BCE como comprador neto de bonos. La mayor dependencia de los mercados internacionales aumenta la vulnerabilidad ante cualquier shock de confianza o alza de las primas de riesgo.
Ese mayor recurso a la deuda activa, además, el clásico efecto expulsión (crowding-out). El Estado compite directamente con familias y empresas por los recursos financieros disponibles, racionando el crédito al sector privado y encareciendo sus costes de financiación.
Esto desincentiva precisamente los proyectos de inversión productiva esenciales para generar empleo de calidad y elevar la productividad. Es lo contrario de lo que unos presupuestos verdaderamente “sociales” deberían perseguir.
La vulneración sistemática de la disciplina fiscal debilita también la reputación crediticia de España ante inversores internacionales y agencias de calificación. Presentar unas cuentas expansivas que ignoran las nuevas reglas de gobernanza económica de la Unión Europea expone al país a posibles rebajas de rating.
Una caída en la calificación elevaría automáticamente la prima de riesgo y el coste de la deuda, detrayendo recursos crecientes hacia el pago de intereses en lugar de destinarlos a políticas de oferta o al propio gasto social.
En definitiva, este techo de gasto del 6,6% es una una huida hacia adelante que confunde crecimiento coyuntural y de baja calidad con capacidad de gasto permanente. Al priorizar gasto corriente “social” sobre inversión productiva y reformas estructurales, el Gobierno sacrifica el crecimiento futuro en el altar de la narrativa electoral.
No se busca la aprobación de ningún texto presupuestario, sino posicionamiento político: victimismo frente a la “derecha antisocial”, movilización de bases y culpar al adversario del bloqueo.
La historia económica demuestra una y otra vez que los ajustes aplazados siempre resultan más dolorosos y costosos. Sin reformas ambiciosas que eleven el PIB potencial, esta estrategia compromete gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas y la soberanía económica nacional.
El Congreso debe rechazar este techo de gasto no solo por insostenible desde el punto de vista técnico, sino por su carácter abiertamente demagógico y electoralista. España no puede permitirse seguir confundiendo clientelismo presupuestario con progreso social. La factura, tarde o temprano, la pagarán las generaciones futuras.