Hay subsidios que envejecen con sus beneficiarios. El que ampara a los parados mayores de 52 años nació en 1984 como una red para quien perdía el empleo en la última curva de su vida laboral. Cuatro décadas después se ha convertido en otra cosa.

Se ha convertido en una rampa discreta hacia la jubilación, financiada por todos y diseñada para casi nadie. Lo cuenta un informe de Fedea del que soy coautor y que se ha publicado esta semana, y conviene leerlo sin alarma, pero también sin la coartada cómoda de la indiferencia.

El dato que ordena el debate es demográfico. España tiene hoy 21,1 millones de personas mayores de 50 años, el 43% de la población, diez puntos más que en 2005 (INE). Ese envejecimiento se filtra en todo: en la ocupación, en el paro y, sobre todo, en quién cobra prestaciones.

Más de la mitad de los perceptores de desempleo superan ya el medio siglo de vida. Hasta aquí, pura aritmética de las canas, inevitable y previsible.

El problema empieza cuando la política intenta corregir la aritmética y acaba reescribiéndola. La reforma de 2019 rebajó la edad de acceso de 55 a 52 años, suavizó la prueba de rentas, alargó el cobro hasta la jubilación ordinaria y elevó la base de cotización del 100% al 125% del salario mínimo.

Un subsidio que premia permanecer en él hasta la jubilación, y que mejora la pensión de quien no regresa, desalienta el retorno al empleo en los tramos peor pagados

Cada cambio era defendible por separado. Juntos transformaron la naturaleza misma del subsidio, sin que mediara una decisión explícita de hacerlo.

Aquí entra en escena un viejo conocido de los economistas: la ley de Goodhart. Charles Goodhart, asesor del Banco de Inglaterra, la formuló con elegancia británica y es que cuando una medida se convierte en objetivo decía, deja de ser una buena medida.

El subsidio para mayores de 52 años nació para cubrir una necesidad concreta, el desempleo terminal de quien ya no encuentra acomodo.

Pero al ligar su generosidad a la futura pensión, el instrumento dejó de medir lo que decía medir. Ya no protege solo contra el paro sino que ahora también construye derechos previsionales. Y todo derecho que se subvenciona tiende, despacio y sin ruido, a expandirse.

Los números acompañan la intuición y en este informe se estima que la proporción de perceptores sobre desempleados mayores de 50 años pasaría del 25% que habría existido sin reforma al 67% a largo plazo, es decir, unos 37 puntos más, más de 315.000 perceptores adicionales en 2030 (Fedea, a partir de SEPE e INE). El coste para el SEPE rondaría los 1.818 millones en 2030.

Y el efecto sobre las pensiones futuras, sumado a las cotizaciones que el Estado deja de ingresar cuando alguien pasa de trabajar a cobrar el subsidio, eleva la factura para la Seguridad Social hasta cerca de 18.000 millones de euros en valor presente. No es una cifra para titular catastrofista pero es una cifra para presupuestar con seriedad.

Lo interesante no es el gasto, sino el incentivo que lo genera. Un subsidio que premia permanecer en él hasta la jubilación, y que mejora la pensión de quien no regresa, desalienta el retorno al empleo en los tramos peor pagados.

No porque sus beneficiarios sean perezosos, sino porque responden, como cualquiera, a las señales que reciben. Bastiat lo vio hace casi dos siglos: en economía hay lo que se ve y lo que no se ve.

Se ve la cobertura de quien la necesita y la merece, un bien real. No se ve la persona de 53 años que renuncia a un empleo modesto porque el cálculo le sale mejor esperando, ni el contribuyente joven que financia una jubilación adelantada que él no disfrutará. La compasión bien intencionada y el incentivo mal calibrado conviven sin saludarse.

Conviene no confundir el diagnóstico con la condena ya que proteger al trabajador maduro despedido es legítimo, y el rechazo empresarial a contratarlo está documentado de sobra. La cuestión no es si protegerlo, sino cómo, y a qué precio para quienes vendrán después.

Un subsidio que ignora la renta familiar puede acabar amparando a quien no lo necesita mientras proclama ampararlo todo. La talla única rara vez viste bien a nadie.

Quevedo escribió que solo el necio confunde valor y precio. En la política social ocurre lo contrario porque conocemos el valor de proteger a los mayores, pero solemos olvidar su precio, que alguien paga siempre, normalmente el que aún no vota porque aún no ha nacido.

Reconocerlo no es dureza ni cálculo frío. Es la única forma de que el subsidio siga existiendo dentro de veinte años para quien de verdad lo necesite.

*** Fernando Pinto es profesor Titular de Economía Aplicada de la URJC.