Si la cuestión de confianza que sobrevuela la política española llegara a plantearse, el Gobierno de Pedro Sánchez acudiría a defenderla con un argumento principal, ni más ni menos que la economía.

España crece, el empleo bate récords, el déficit baja. Es un argumento real pero incompleto. Es un escaparate que engaña, porque no representa lo que de verdad hay en la tienda.

La otra parte de la historia es esta diferente. España lleva tres años gobernada sin presupuestos, por decreto, sin rendir cuentas fiscales ante el Parlamento ni ante sus propios organismos de supervisión.

Y Europa, que debería haber aplicado sus propias reglas, decidió no hacerlo. No porque España las cumpliera. Sino porque, políticamente, convenía no hacerlo.

El dinamismo económico español de los últimos años descansa sobre tres patas: turismo, consumo interno y un mercado laboral que, tras la reforma de 2021, genera empleo con más contrato indefinido pero con productividad estancada.

España es el país que más fondos recibe del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 163.000 millones entre transferencias y préstamos

No hay en ese cuadro ninguna transformación estructural del modelo productivo. Y eso importa porque la transformación estructural era precisamente la condición implícita, y a veces explícita, de los fondos europeos Next Generation.

España es el país que más fondos recibe del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: 163.000 millones entre transferencias y préstamos. Ha recibido ya unos 73.000 millones. De esos, según los datos disponibles hasta noviembre de 2025, solo 45.951 millones han llegado efectivamente a la economía real.

Quedan 27.000 millones comprometidos que no se han ejecutado. La tasa de ejecución presupuestaria interna cayó del 30% en 2022 al 24,5% en 2023 y al 22% en 2024. En cinco años, el programa más ambicioso de inversión pública de la historia reciente española se ha convertido en una máquina de anunciar convocatorias que no se pagan.

Lo más sangrante no es la cifra sino lo que la rodea. El Gobierno lleva cuatro años sin publicar los datos de ejecución real de los fondos. Los últimos apuntes contables públicos son de agosto de 2021.

En 2024, el propio Ministerio de Economía reconoció que la plataforma Elisa, que es el instrumento oficial de seguimiento, no sirve para auditar el resultado del Plan de Recuperación. Hay decenas de miles de millones de euros fluyendo hacia España desde Bruselas cuya trazabilidad real es, oficialmente, inauditable.

La paradoja española es clara: la economía ha crecido a pesar de la ausencia de política presupuestaria, no gracias a ella

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal existe para vigilar esto. Y lo ha dicho. Desde 2023, el Gobierno no ha presentado un solo Presupuesto General del Estado, ni el plan presupuestario exigido por la normativa europea, ni los objetivos de estabilidad que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Incumplió la regla de gasto en 2024 y no presentó el plan económico-financiero corrector que la ley exige, que es el mismo documento que sí reclama a las comunidades autónomas cuando son ellas las que se desvían.

El único documento fiscal presentado en Bruselas fue un plan estructural que, según la AIReF, no desglosa información por subsectores y omite completamente a la Administración Central. La presidenta del organismo entonces, Cristina Herrero, lo resumió con una pregunta que debería estar en el centro del debate público: "¿Qué supervisión puede hacerse si el Estado no aporta ningún documento fiscal?"

La respuesta práctica del Gobierno ha sido gobernar la economía por decreto-ley, que siendo un instrumento constitucional legítimo en casos de urgencia extraordinaria, se ha convertido en el mecanismo ordinario de política económica de un ejecutivo que no tiene mayoría parlamentaria para legislar.

¿Y Europa? Con un déficit del 3,6% del PIB en 2023, por encima del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad, España era candidata técnica al Procedimiento de Déficit Excesivo. En julio de 2024 se abrió contra Francia, Bélgica, Italia y otros siete países. España quedó fuera. La Comisión argumentó que el déficit español tendía a reducirse y que abrir el procedimiento "no serviría para un propósito útil".

Esa frase es una valoración de oportunidad política disfrazada de criterio técnico. El European Fiscal Board, el órgano independiente de supervisión fiscal de la UE, lo dejó claro en su informe anual.

Y en un diagnóstico más amplio, estableció que la Comisión y el Consejo recurrieron en 2024 y 2025 a nuevas formas de discrecionalidad, dividiendo pasos legales, modificando recomendaciones, postponiendo o evitando la apertura de procedimientos, invirtiendo la jerarquía entre el brazo correctivo y preventivo del Pacto de Estabilidad y dañando su credibilidad.

La paradoja española es clara: la economía ha crecido a pesar de la ausencia de política presupuestaria, no gracias a ella. El turismo no necesita presupuestos. El consumo privado tampoco.

Pero la inversión en infraestructuras críticas, la transición energética, la digitalización del tejido productivo y la sostenibilidad del sistema de pensiones sí los necesitan. Y ahí, en ese horizonte de medio plazo que los datos de empleo no alcanzan a cubrir, es donde aparece la factura de tres años sin gobernanza fiscal.

Una eventual cuestión de confianza no es solo un episodio político. Es un mecanismo constitucional de rendición de cuentas que activa incertidumbre la percepción del país. España tiene aún una deuda pública del 100,7% del PIB, que está entre las más altas de la eurozona. Su reducción depende de que el crecimiento continúe.

Y su crecimiento depende, en parte, de condiciones externas que el Gobierno no controla como el precio de la energía, la demanda turística o el ciclo europeo.

El maquillaje aguanta mientras los datos macroeconómicos acompañan. Pero el maquillaje no es lo real. Y una economía que crece sin presupuestos, sin rendición de cuentas y con fondos europeos sin ejecutar no está demostrando tener recorrido consolidado. No merece confianza.