Cuando el Banco de Inglaterra defendió la convertibilidad de la libra en oro durante el siglo XIX, lo hizo porque sabía que la credibilidad de una autoridad monetaria es, en sí misma, un activo económico con valor de mercado.

El patrón oro clásico funcionó en Inglaterra no porque el oro tuviera propiedades mágicas, sino porque los agentes económicos, es decir, inversores, acreedores y socios comerciales, confiaban en que las reglas se cumplirían con independencia del ciclo político. Esa confianza financió la expansión industrial más extraordinaria de la historia moderna.

España vivió la experiencia contraria. A lo largo del siglo XIX, distintos gobiernos recurrieron al repudio y a la reestructuración de la deuda pública como instrumento de gestión fiscal.

El resultado fue un acceso al crédito internacional restringido y una industrialización raquítica comparada con la de sus vecinos europeos. No fue tanto la falta de recursos naturales como de credibilidad. Ciento cincuenta años después, España vuelve a acumular señales que los mercados leen con atención.

En 1977, los economistas Finn Kydland y Edward Prescott, premios Nobel en 2004, formalizaron una idea que los mercados “saben” de forma intuitiva y es que cuando el beneficio político a corto plazo supera el coste reputacional a largo los gobiernos tienen incentivos estructurales para desviarse de sus compromisos previos.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva tres años sin aprobar unos presupuestos generales del Estado

Lo llamaron inconsistencia temporal. Y demostraron que los agentes económicos racionales lo anticipan, de manera que cuando un gobierno no es creíble, los inversores, las empresas y los ahorradores descuentan esa inconsistencia en sus decisiones.

Por otro lado, en sus investigaciones sobre consolidación fiscal, el economista italiano Alberto Alesina demostró que los mercados no solo reaccionan al nivel de deuda o al déficit, sino también a la credibilidad del Gobierno que presenta las cifras.

El Gobierno de Pedro Sánchez lleva tres años sin aprobar unos presupuestos generales del Estado. Esa es la señal más clara que un ejecutivo puede enviar sobre su horizonte temporal y su disposición a someterse al escrutinio parlamentario. Pero no sólo eso.

Hay que añadir un patrón sistemático de legislación por decreto que elude la deliberación institucional, una manipulación estadística que ha convertido los datos de empleo en materia de controversia técnica (el llamado “efecto Lacalle”) y una presión creciente sobre la independencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuya función es precisamente certificar la credibilidad de las cuentas públicas.

Alesina identificó la existencia de organismos fiscales independientes como uno de los mecanismos más eficaces para generar credibilidad ante los mercados. Cuando un gobierno presiona sobre esos organismos destruye exactamente el capital de credibilidad que esos organismos generan.

El Gobierno de Sánchez no ha protagonizado todavía una crisis de deuda, ni una intervención de la troika, ni una quiebra estadística certificada por Eurostat

Cada una de estas actuaciones es, en el lenguaje de Kydland y Prescott, un episodio de inconsistencia temporal. Acumuladas, construyen un perfil de gobierno que sin duda va a pasar factura.

Pero hay una dimensión de esta crisis de credibilidad que no aparece en las variables macroeconómicas y que la economía del comportamiento sí estudia. Cuando los ciudadanos anticipan que las reglas se aplican de forma selectiva, que los mecanismos de rendición de cuentas han sido capturados y que la impunidad es el resultado probable para quienes están próximos al poder, ajustan sus decisiones en consecuencia.

No hace falta que la corrupción esté probada judicialmente, basta con que sea creíble. Y en España, las señales acumuladas apuntan en una dirección muy clara.

Las causas judiciales abiertas contra el entorno familiar y político del presidente, las declaraciones de miembros del Gobierno que las redes sociales han desmentido en tiempo real, las irregularidades denunciadas en el proceso de nacionalizaciones masivas en Buenos Aires con participación de funcionarios españoles, o las vulnerabilidades de ciberseguridad en infraestructuras críticas que el propio Centro Nacional de Inteligencia ha señalado como riesgo sistémico, todo ello construye un paisaje de señales que los agentes económicos procesan e incorporan a sus expectativas.

La moral tributaria de los ciudadanos está directamente correlacionada con su percepción de que el Estado cumple su parte del contrato. Cuando esa percepción se deteriora, el cumplimiento fiscal voluntario se erosiona.

Porque la ciudadanía que soporta una presión fiscal elevada, que ve reducido su poder adquisitivo y que anticipa que los encausados no rendirán cuentas, es racional. Y esa racionalidad tiene consecuencias económicas que no desaparecen por el simple hecho de que no figuren en el PIB trimestral.

Lo que no aparece en el PIB trimestral es la inversión que no llega, el capital humano que emigra hacia economías con reglas más predecibles, la empresa que elige Lisboa o Milán frente a Barcelona porque el marco institucional ofrece más certidumbre. La credibilidad no aparece en las cuentas hasta que desaparece.

El Gobierno de Sánchez no ha protagonizado todavía una crisis de deuda, ni una intervención de la troika, ni una quiebra estadística certificada por Eurostat. Pero lleva años haciendo exactamente lo que Kydland y Prescott describieron, lo que Alesina midió y que se encuentra en los prolegómenos de todas las crisis, gastar credibilidad como si fuera un recurso renovable. No lo es. Y cuando se agota, el mercado simplemente presenta la factura.