Bill Gates ha sugerido que dentro de cinco años los robots y la inteligencia artificial deberán tributar como un trabajador de renta media. La frase tiene la pátina de sentido común con la que suelen viajar las malas ideas.

Cuando el fundador de Microsoft pide al fisco que persiga al algoritmo, conviene preguntarse qué economista trabaja en la habitación contigua y si alguien ha leído lo que se publica en las revistas serias desde hace medio siglo. La respuesta, probablemente, sea ninguno y nadie.

La propuesta se vende como respuesta humanitaria al desplazamiento laboral que la automatización trae consigo. Si la máquina sustituye al cajero, al traductor o al radiólogo, que el dueño de la máquina pague la cotización que dejó de pagar el cajero. Suena justo.

España, con una cuña fiscal sobre el trabajo del 41,4% en 2025, la décima más alta de la OCDE y 6,3 puntos por encima de la media (OCDE, Taxing Wages 2026), parecería el laboratorio perfecto. Conviene saber, sin embargo, que el 88% de esa carga procede ya del IRPF y de las cotizaciones empresariales y es que el factor trabajo está sobreexpuesto al fisco, no infraexpuesto.

El problema, además, es que el argumento confunde dos cosas distintas, por una parte quién declara un impuesto y por otra quién lo paga. Esa confusión, vieja como la hacienda pública, lleva un siglo despachada en los manuales de primer curso, pero reaparece cada vez que un magnate descubre las redes sociales.

El obrero a quien se pretendía proteger termina pagando una factura escrita a nombre del robot

La incidencia fiscal describe ese fenómeno con precisión incómoda. Un impuesto no recae sobre el agente que lo ingresa, sino sobre aquel con menos margen para escapar. Gravar a los robots o a la IA significa, en román paladino, gravar el capital invertido en automatización.

Y el capital, salvo decreto contrario, es la variable más móvil de cuantas componen una economía abierta. Cuando se le encarece, se invierte menos, se sustituye trabajo complementario por trabajo de menor productividad y los salarios reales acaban creciendo más despacio de lo que habrían crecido sin gravamen.

A corto plazo el accionista es el que paga y a medio plazo el que paga es el consumidor, vía precios; a largo plazo, casi en su totalidad, paga el trabajador, con un sueldo menor del que tendría si la inversión hubiese seguido su curso. El obrero a quien se pretendía proteger termina pagando una factura escrita a nombre del robot.

A este resultado lo respalda, además, uno de los pocos teoremas con apellido en la economía pública, el de Diamond y Mirrlees quienes demostraron en 1971 que un sistema fiscal eficiente no debe gravar la producción intermedia. La IA, como el martillo, el ordenador o la electricidad, lo es.

La productividad por hora trabajada en España apenas creció un 0,7% de media anual desde 2000, frente al 1,1% de la UE y al 1,4% de Estados Unidos (Fundación BBVA-Ivie, OPCE 2024). Por ello, penalizar la única tecnología que prometía revertir esa anemia no parece prudente.

A esto le falta, además, lo que toda reforma fiscal seria exige y casi nadie reclama ya una evaluación ex ante de sus efectos sobre la inversión, el empleo y la recaudación, y compromiso de evaluación ex post con contrafactual creíble. Gates propone un cambio mayúsculo sin lo uno y sin diseñar lo otro. España, donde casi ninguna reforma tributaria reciente se ha evaluado con rigor antes y después de entrar en vigor, sabe muy bien adónde lleva ese atajo.

La historia, además, ya respondió a esta pregunta, pues David Ricardo añadió en sus Principios (1821) un capítulo titulado On Machinery donde reconoció, contra su criterio anterior, que la maquinaria podía perjudicar a corto plazo a los trabajadores.

Pero defendió que castigarla con prohibiciones o impuestos empobrecería al país entero, porque el capital simplemente migraría a economías más amistosas con la innovación.

La Cámara de los Comunes terminó dándole la razón y los ludditas, que entre 1811 y 1816 habían destrozado telares en Nottingham, no. Dos siglos después sus descendientes viven más, trabajan menos y consumen lo que sus tatarabuelos no soñaban consumir, todo gracias a las máquinas que ellos quisieron quemar.

La presunción de saber hoy qué tecnología debe llevar etiqueta fiscal dentro de cinco años es la misma que Hayek desmontó en 1945 y es la del regulador que cree conocer aquello que millones de actores aún ignoran.

Que los tipos efectivos sobre la inteligencia artificial tiendan a cero en el largo plazo no es una excentricidad ideológica pues no es más que la traducción correcta de lo que dicen los modelos cuando se les pregunta en serio.

Cuando un magnate del software propone reescribir el código fiscal del siglo XXI, conviene recordar que la prosperidad de Occidente se construyó haciendo lo contrario de lo que sus profetas más célebres recomendaron en cada turno. Esta vez tampoco hay motivo para empezar a hacerles caso. El algoritmo, por suerte, no vota.

*** Fernando Pinto es profesor Titular de Economía Aplicada de la URJC.