En un reciente y exhaustivo estudio titulado Impuestómetro 2026, el Instituto Juan de Mariana radiografía la política de un Gobierno que ha hecho de la extracción de rentas su principal razón de ser. Este informe es la crónica de una mutación estructural que ha transformado la relación entre el ciudadano y el Estado en un contrato de adhesión leonino, donde el primero, entrega al segundo una porción cada vez mayor de su esfuerzo vital y de su libertad en un ejercicio de servidumbre involuntaria. Desde 2018, se han producido 141 subidas de impuestos y cotizaciones.
En el ejercicio de 2024, la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales alcanzó los 591.679 millones de euros, un 37,1% del Producto Interior Bruto; en el año 2015, esta cifra se situaba en el 34,2%.
Las previsiones de la Comisión Europea sugieren que la presión fiscal escalará hasta el 38,3% en 2026, detrayendo de la economía privada más de 671.000 millones de euros, una transferencia masiva de recursos desde el sector productivo —el único capaz de generar riqueza y empleo sostenible— hacia un sector público que consume capital sin apenas generar retorno social.
Esta dinámica de depredación fiscal se ha intensificado durante el mandato de la coalición social-comunista. Desde 2018, los ingresos tributarios han crecido en 168.166 millones de euros, un incremento del 39,7%, el mayor registrado en la historia democrática. Mientras España incrementaba su presión fiscal en 2,2 puntos porcentuales de PIB, el promedio de la Unión Europea la reducía en 0,6 puntos.
Países con estructuras de bienestar consolidadas, como Francia, Suecia o Alemania, han optado por aliviar la carga sobre sus ciudadanos; España se sitúa como el quinto país de la Unión donde más ha aumentado el peso del Estado sobre la renta de las familias.
El Estado no solo no ayuda, sino que se convierte en el principal beneficiario de la inflación,
Por añadidura, el crecimiento rampante de los impuestos no es equitativo ni afecta a todos los sectores por igual; recae con una saña particular sobre el factor trabajo. La estrategia es clara: una pinza que aprieta por el lado de las cotizaciones sociales y por el del IRPF. La introducción del mal llamado Mecanismo de Equidad.
Intergeneracional y la elevación discrecional de las bases máximas no son sino impuestos al empleo disfrazados de solidaridad.
Pero el mayor fraude reside en la decisión de no deflactar los tramos del impuesto a pesar de una inflación galopante. Al no actualizarse los tramos, el Estado se aprovecha de la "progresividad en frío", empujando a los trabajadores a tipos impositivos superiores simplemente porque sus salarios nominales intentan perseguir, sin éxito, el coste de la vida.
El resultado es regresivo y profundamente perverso: un trabajador con un sueldo modesto de 18.000 euros ha visto triplicarse su cuota de IRPF desde 2018. El Estado no solo no ayuda, sino que se convierte en el principal beneficiario de la inflación, actuando como un socio parásito que se lleva la parte del león de cualquier incremento salarial.
Para el ciudadano medio, estos grandes números macroeconómicos se traducen en una pérdida drástica y tangible de nivel de vida. Los impuestos directos pagados por las familias han crecido un 56,3% nominal; incluso descontando el efecto de la inflación, cada hogar español paga hoy 1.657 euros más al año que al inicio del Gobierno social-comunista.
Un ciudadano medio en España pagará, a lo largo de toda su existencia, un total de 460.600 euros al fisco
De cada cien euros de renta bruta generada por una familia española, casi dieciséis se destinan hoy al pago de impuestos directos, antes incluso de encender la luz o llenar el depósito de combustible, actos que conllevan su propia penitencia fiscal.
Ese esfuerzo sitúa a las familias en una posición de extrema vulnerabilidad y castiga con especial dureza a la clase media, dado que el tipo del 45% se aplica ya a partir de los 60.000 euros, un umbral que en Europa se reserva para rentas verdaderamente elevadas. En España, ser "rico" a ojos de Hacienda es una condición que alcanza a cualquiera que ose prosperar mínimamente por encima de la media.
El concepto de "carga fiscal vital" empleado por el Instituto Juan de Mariana ilustra de manera demoledora el vampirismo fiscal de este Gobierno. Un ciudadano medio en España pagará, a lo largo de toda su existencia, un total de 460.600 euros al fisco.
Esto equivale a trabajar entre 16 y 30 años para el Estado; es decir, media vida de servidumbre. Tras jubilarse seguirá abonando un tercio de esa carga vital a través de impuestos sobre el capital y el consumo.
El coste laboral refleja esta asfixia final: un asalariado medio cuesta a su empresa casi 40.000 euros, pero solo conserva efectivamente 46,4 de cada 100 euros de ese coste. El resto, el 53,6%, desaparece en las arcas públicas. El ciudadano español se enfrenta, por tanto, a una realidad donde el Estado no es un garante de derechos, sino un depredador.
En definitiva, España se ha convertido en un inmenso laboratorio de ingeniería fiscal donde el ahorro es penalizado y el esfuerzo se diluye en el pozo sin fondo de un gasto público improductivo. Esta trayectoria de confiscación no solo socava los incentivos para emprender y trabajar, sino que reduce la libertad del individuo al arrebatarle una parte sustancial de sus ingresos.
