Vox, en origen un pequeño partido-protesta que lograría alcanzar representación parlamentaria gracias a capitalizar la irritación de un segmento amplio de la derecha sociológica durante el proceso insurreccional en Cataluña, pronto transformó aquellas señas de identidad iniciales para reposicionarse en el mercado electoral como una fuerza centrada en el rechazo de la inmigración y, más en general, en el repudio de un vago concepto al que ellos se refieren como “globalismo”.

Al punto de que ese aspecto de su discurso político, el de la oposición frontal a los crecientes flujos migratorios legales e ilegales que se dirigen hacia nuestras fronteras, constituye de hecho casi el único contenido original, al menos el único reseñable, de su programa socio-económico. 

Lejos quedan los días en que el Vox germinal concentraba los dardos de su narrativa pública en zaherir sin descanso al Estado políticamente descentralizado, origen a su parecer de todos los males de la Patria. Por lo demás, a nadie se le escapa a estas alturas que el crecimiento constante de sus expectativas de voto en las encuestas obedece de modo casi exclusivo a haber adoptado la bandera antimigratoria como estandarte del partido.

Y sin embargo, cuanto de aparente intransigencia posee su narrativa al respecto se convierte en su opuesto, en justo lo contrario, al pasar de las musas al teatro; esto es, si dejamos a un lado los vistosos fuegos artificiales del relato agitativo para centrarnos en las medidas concretas de política económica que los de Abascal postulan a fin de revertir esos flujos humanos. 

Y es que eso, algo parecido a una política económica alternativa a la del Gobierno de Pedro Sánchez en cuyo diseño se priorice desincentivar el fenómeno migratorio, no aparece por ningún lado en sus documentos programáticos. Bien al contrario, todo lo que sabemos de la filosofía económica que inspiraría la eventual acción de gobierno de Vox, lejos de frenar la llegada de más inmigrantes no cualificados a España, operaría como un poderoso imán para atraerlos en volúmenes aún mayores a los actuales.

En España, exactamente igual que en el resto de los países desarrollados de Occidente, inmigración y salarios bajos son sinónimos

Porque lo que se desprende de la lectura atenta de su programa económico, y de forma clara, es que Vox facilitará la continuidad del modelo de país que hoy propugna la izquierda desde la Moncloa, el basado en los salarios bajos y el predominio creciente mano de obra extranjera en la mayoría de las ocupaciones asociadas a un menor valor añadido. 

A ese respecto, y más allá de la palabrería grandilocuente que siempre se lleva el viento, Vox resulta ser una fuerza tan objetivamente proclive a seguir incentivando la llegada de inmigrantes como lo puedan ser Podemos, Sumar o el propio PSOE. Porque lo que ellos propugnan no conduciría a otra cosa que a más de lo mismo.

En España, exactamente igual que en el resto de los países desarrollados de Occidente, inmigración y salarios bajos son sinónimos. Y de ahí que la pregunta pertinente a fin de determinar qué postura efectiva defiende una fuerza política frente al fenómeno migratorio remita a la cuestión de la fijación de los salarios en el tramo más bajo de la escala de retribuciones. 

Porque esos salarios, los de la base de la pirámide de rentas del trabajo, los puede establecer el Estado de forma directa, vía un SMI de obligado cumplimiento, tal como ocurre en España; los puede determinar ese mismo Estado de modo indirecto ( es el caso de Suiza, país en el que no existe la figura del salario mínimo, pero donde el gran poder negociador atribuido por ley a los sindicatos en los convenios colectivos opera de modo similar en la práctica); o, en fin, los pueden fijar las simples relaciones de fuerza en el mercado, sin intervención de de ningún intermediario institucional, algo bastante habitual en países subdesarrollados.

Y sobre esa cuestión, la de la implicación de los poderes públicos en la determinación de las políticas salariales, la postura oficial de Vox siempre se ha caracterizado por una muy calculada ambigüedad. 

Así, Vox no llega a rechazar de modo abierto la figura legal del SMI, pero en todos sus posicionamientos al respecto desvía la atención hacia las cargas fiscales y gravámenes de otro tipo que recaen en empleados y empleadores.

Para los de Abascal, el gran problema de los suelos bajos y muy bajos, el único en realidad, resultan ser los impuestos directos que soportan los perceptores y el coste de las cotizaciones sociales que abonan las empresas. Una doctrina, la suya, que, de llevarse a cabo, se traduciría en un notable abaratamiento de la mano de obra no cualificada desde la perspectiva de los empleadores.

¿O qué otra consecuencia distinta a reducir el coste empresarial de la mano de obra no cualificada podrían conllevar la disminución sustancial de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores? 

Pero es que Vox igualmente ansía abaratar el coste del despido, incluido el ligado a esos empleos de ingresos muy bajos. Y por ello su programa oficial propone reducir en un 40% la vigente indemnización por despido procedente (desean que se reduzcan los actuales 33 días por año trabajado a únicamente 20).

Resumiendo, empleos baratos todavía mucho más baratos e indemnizaciones por despido también mucho más baratas. He ahí las dos propuestas nodales en materia laboral del flamante nuevo partido de los obreros españoles.

Yo ignoro si en Vox lo sabrán, pero la razón de que el País Vasco disponga hoy de una cifra de habitantes sólo un poco superior a la hace un cuarto de siglo, mientras que Cataluña ha incrementado el censo en dos millones largos de personas durante el mismo periodo, son los salarios bajos; unos salarios bajos que la industria tradicional vasca, a diferencia del omnipresente sector turístico catalán, no paga a sus empleados. Dicen que van a imitar a Milei en todo; pero Milei, al menos, no atrae inmigrantes.

*** José García Domínguez es economista.