El panorama digital contemporáneo en Europa atraviesa una fase de reconfiguración legislativa que exige un análisis riguroso y crítico. Bajo la premisa de salvaguardar la salud mental y mitigar el fenómeno del ciberacoso, el Gobierno francés ha impulsado una normativa que restringe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años.
Esta medida, cuya benéfica finalidad es sin duda proteger a los menores y, en concreto, su salud mental, tiene una serie de implicaciones que amenazan con exacerbar las vulnerabilidades que pretende combatir.
Lejos de constituir una solución, la prohibición es una manifestación de populismo tecnocrático. El Estado intenta colonizar esferas de autonomía privada y de la responsabilidad familiar, sustituyendo la pedagogía de la libertad por el control gubernamental más rancio.
Ante la complejidad inherente a la adaptación social en entornos digitales, el poder ejecutivo opta por la vía de mejor venta popular ante un problema, pero de mayor erosión de la libertad: la prohibición radical.
La proscripción del acceso a las redes para el segmento joven no es solo una medida anacrónica en un mundo irreversiblemente hiperconectado. En lugar de adoptar políticas de alfabetización mediática que doten al individuo de herramientas para la navegación segura, el Estado erige barreras que, por su propia naturaleza digital, resultan no sólo ineficaces, sino contraproducentes.
La teoría y la evidencia histórica muestran que las restricciones de esta naturaleza impuestas a bienes o servicios de alta demanda son sorteadas de manera sistemática
En verdad, este tipo de acciones es un ejemplo paradigmático de un sistema educativo que ha fallado en su función de formar ciudadanos resilientes y autónomos y de muchos padres que han declinado la responsabilidad de educar a sus hijos.
El error fundamental de los prohibicionistas radica en su incomprensión de la arquitectura técnica de la red y de cómo funciona cualquier mercado. La teoría y la evidencia histórica muestran que las restricciones de esta naturaleza impuestas a bienes o servicios de alta demanda son sorteadas de manera sistemática.
Se vio ayer con la Ley Seca y se verá mañana con la regulación digital. Al desplazar el uso de las plataformas hacia la clandestinidad, se incentiva de facto el empleo de redes privadas virtuales (VPN) y la suplantación de identidad.
Ese desplazamiento hacia la "sombra digital" genera una asimetría de información y una ruptura traumática de los canales de comunicación intergeneracional. Cuando un menor opera en la ilegalidad, se encuentra en una posición de indefensión absoluta: el temor a la sanción o al descubrimiento de su actuación le incentiva a no solicitar ayuda ante un conflicto real.
Se anula la capacidad de los jóvenes para desarrollar la seguridad necesaria en los entornos tecnológicos que definirán, sin duda alguna, su vida adulta.
Se otorga a los Estados y a los oligopolios tecnológicos una capacidad de control sin precedentes, lo que constituye una seria amenaza para la libertad
Además, para que la prohibición sea operatividad hay que implantar sistemas de verificación de identidad de alta fidelidad y esto crea un peligro; con el pretexto de proteger a los menores se allana el camino para acabar con el anonimato en la red. La exigencia de vincular la identidad legal con la actividad en línea erosiona un pilar fundamental de la libertad de expresión.
De este modo, se otorga a los Estados y a los oligopolios tecnológicos una capacidad de control sin precedentes, lo que constituye una seria amenaza para la libertad. Este es el sueño de cualquier autócrata, aunque se vista de déspota benevolente: una sociedad de individuos monitorizados.
Sin duda, se ha producido un incremento sustancial de patologías en los jóvenes en las últimas décadas, pero atribuir ese fenómeno sólo o principalmente al consumo de pantallas es reduccionista. Así, prohibir TikTok es mucho más cómodo que exigir a los padres que asuman sus obligaciones o al sistema educativo que recupere el rigor.
Sin embargo, prohibir es atacar el síntoma, no la enfermedad. Cualquier iniciativa legislativa en este campo debería centrarse, si acaso, en la arquitectura de incentivos de las empresas tecnológicas, no en la conducta del usuario; esto es, obligar a las plataformas a desmantelar algoritmos adictivos por defecto o eliminar métricas de vanidad que exacerban la dismorfia, permitiendo que sea la libertad informada la que decida el uso.
La verdadera tutela del menor no se halla en la desconexión forzada, sino en una adecuada configuración de los ecosistemas.
La pretensión de preparar a las nuevas generaciones para el futuro mediante la exclusión del presente digital es una contradicción lógica y pedagógica insalvable, ineficaz y ridícula. Internet es la plaza pública de este tiempo y el ecosistema primordial de la economía del conocimiento. Marginar a los jóvenes de este espacio no los hace más seguros; los hace más ignorantes, más torpes y menos capaces de defenderse en el siglo XXI.
Es hora de dejar de tratar a la tecnología como un enemigo a batir y empezar a tratarla como una competencia que debe ser enseñada con criterio y responsabilidad individual.
La madurez de una sociedad democrática se manifiesta en su capacidad para fomentar la libertad y el discernimiento, no en la delegación de la moralidad en el boletín oficial. Una política que prioriza el aislamiento sobre la educación es, en última instancia, una política que hipoteca la capacidad de autogobierno de sus ciudadanos.
Menos paternalismo estatal y más soberanía familiar; menos muros burocráticos y más pensamiento crítico. Esa es la única vía para una sociedad verdaderamente libre y preparada para los retos de la modernidad.