Durante años, la agenda climática global ha estado dominada por la mitigación, es decir, por aspectos centrados en la reducción de emisiones, la transición energética y la descarbonización de la economía.
Sin embargo, el avance del cambio climático está desplazando progresivamente el foco hacia una dimensión igualmente crítica: la adaptación.
Hoy, los impactos físicos del clima ya no constituyen un riesgo lejano, sino una realidad tangible que afecta de forma directa a infraestructuras, sistemas productivos, cadenas de suministro y, en última instancia, a la estabilidad económica y financiera.
Las necesidades globales de inversión en adaptación se sitúan en un rango de entre 500.000 millones y 1,3 billones de dólares anuales.
En este contexto, la adaptación climática deja de ser una política ambiental sectorial para consolidarse como una prioridad estratégica.
Invertir en adaptación no es únicamente una respuesta a los efectos del cambio climático, sino una condición necesaria para proteger el valor de los activos, garantizar la continuidad del negocio y reforzar la resiliencia de los sistemas económicos.
Esta visión ha alcanzado un amplio consenso internacional y ha quedado reflejada en los debates de la COP30, donde los países coincidieron en la necesidad de acelerar y escalar de forma decidida la financiación en adaptación.
El compromiso de triplicar los flujos globales de financiación para adaptación de aquí a 2035, con un foco específico en infraestructuras resilientes, sistemas de alerta temprana y soluciones basadas en la naturaleza, marca un punto de inflexión relevante.
No se trata sólo de aumentar el volumen de recursos, sino de reorientar las prioridades de inversión hacia ámbitos que permitan anticipar impactos, reducir pérdidas futuras y fortalecer la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos.
En paralelo, están emergiendo mecanismos financieros más estructurados y orientados al mercado que comienzan a desempeñar un papel relevante en la financiación de la adaptación.
Instrumentos como la financiación mixta (blended finance), los bonos de adaptación o los instrumentos concesionales permiten reducir riesgos, mejorar la bancabilidad de los proyectos y canalizar capital privado de largo plazo hacia inversiones en resiliencia.
Aun así, los volúmenes movilizados siguen siendo claramente insuficientes frente a la magnitud del reto.
Inversión creciente, pero insuficiente
La financiación en adaptación climática ha ganado tracción en los últimos años. Los flujos globales más recientes se sitúan en un rango de entre 65.000 a 75.000 millones de dólares anuales, con una evolución positiva y un crecimiento medio anual cercano al 3%.
Esta tendencia refleja una mayor visibilidad de la adaptación dentro de la financiación climática y su progresiva consolidación como una categoría de inversión reconocida.
La adaptación climática deja de ser una política ambiental sectorial para consolidarse como una prioridad estratégica.
No obstante, este avance resulta claramente insuficiente cuando se contrasta con las necesidades reales de inversión.
Las estimaciones disponibles muestran un desajuste estructural entre los flujos actuales y los niveles requeridos a medio y largo plazo.
De cara a 2030/35, incluso bajo escenarios conservadores, las necesidades de financiación superan ampliamente los volúmenes actualmente movilizados, lo que confirma que la brecha no responde a una desviación coyuntural, sino a un desequilibrio de fondo.
Este desfase es especialmente acusado en los países en desarrollo. Frente a unas necesidades de adaptación estimadas en torno a los 310.000-365.000 millones de dólares anuales en 2035, la financiación procedente de países desarrollados alcanzó apenas 26.000 millones de dólares en 2023, muy por debajo incluso del objetivo de 40.000 millones acordado en Glasgow.
Esta brecha ocupó un lugar central en las discusiones de la COP30 y subraya la urgencia de redefinir los mecanismos de movilización de capital a escala global.
Mirando más allá de 2030, la magnitud del reto se amplifica aún más. Las necesidades globales de inversión en adaptación se sitúan en un rango de entre 500.000 millones y 1,3 billones de dólares anuales, dependiendo del nivel de ambición y cobertura.
Alcanzar estos niveles implicaría multiplicar por ocho —o incluso por veinte— los actuales.
La brecha como espacio de oportunidad
Lejos de interpretarse únicamente como un problema, esta brecha de financiación define el espacio de oportunidad para la inversión en adaptación climática.
La adaptación no debe entenderse como un gasto defensivo, sino como un ámbito de inversión con retornos económicos claros y medibles.
Invertir en adaptación permite reducir pérdidas futuras, proteger activos físicos y financieros, aumentar la resiliencia de infraestructuras críticas y estabilizar flujos de ingresos en sectores altamente expuestos al riesgo climático.
La cuestión clave ya no es si la adaptación es necesaria, sino cómo escalar la inversión y con qué combinación de capital público y privado.
En la actualidad, la financiación en adaptación climática está liderada por el sector público, que cubre aproximadamente tres cuartas partes de las necesidades totales.
Los bancos multilaterales de desarrollo desempeñan un papel fundamental, canalizando más de la mitad de la financiación pública internacional para adaptación, especialmente en los países en desarrollo.
El sector privado mantiene todavía un peso limitado, pero con un potencial de crecimiento significativo.
Las estimaciones indican que podría cubrir entre el 15% y el 20% de las necesidades totales de adaptación, dependiendo del contexto geográfico y del nivel de renta.
Este potencial es especialmente elevado en economías desarrolladas y de renta media-alta. El modelo que debe consolidarse es, por tanto, un modelo mixto, en el que el sector público actúe como anclaje y mitigador de riesgos, mientras que el sector privado participe allí donde existan activos protegibles y retornos ajustados al riesgo.
Desde una perspectiva sectorial, la adaptación se concentra en ámbitos de alto impacto sistémico y elevada exposición al riesgo climático, como infraestructuras, energía, agricultura y gestión del agua.
En Europa, el capital privado encuentra oportunidades en la resiliencia de infraestructuras y sistemas energéticos, la agroindustria y el agua, junto con el creciente papel del sector asegurador en la gestión del riesgo climático.
Este patrón se replica, con matices, en otros mercados a nivel global. En Estados Unidos destacan los mercados de capitales y el sector asegurador, mientras que en América Latina resulta clave la combinación de inversión pública, bancos de desarrollo y capital privado para estructurar proyectos en agroindustria, agua y energía.
Una de las principales lecciones tras la COP30 es que el reto de la adaptación no es sólo de volumen financiero, sino de “arquitectura".
La oportunidad de inversión existe, pero activarla requiere transformar la ambición política y los marcos estratégicos en proyectos financiables, escalables y replicables. Esto implica avanzar de forma coherente en varios frentes: disponibilidad y uso de datos, planificación y gobernanza público-privada, marcos regulatorios e instrumentos financieros que faciliten la movilización de capital.
En un contexto de creciente incertidumbre climática, la adaptación y la resiliencia se consolidan así como un eje estructural de la agenda económica y financiera.
***Pilar Más es Economista Principal en BBVA Research