La política nacional avanza al ritmo marcado por las exigencias de los partidos independentistas catalanes. Desde hace meses se viene hablando de la denominada financiación singular de Cataluña, un modelo que numerosos expertos consideran claramente inconstitucional, al vulnerar principios básicos recogidos en nuestra Constitución.

Esa financiación singular supondría que Cataluña recaudaría todos los impuestos ingresados en su territorio y asumiría todas las competencias de gestión, inspección, recaudación y revisión. En la práctica, esto supondría la desaparición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en esa comunidad autónoma.

Este es el aspecto que mayor preocupación genera entre los Inspectores de Hacienda, ya que la fragmentación de la AEAT ocasionaría graves perjuicios - ampliamente documentados en los documentos de la Asociación de Inspectores de Hacienda -, tanto en la lucha contra el fraude fiscal como en la prestación de numerosos servicios esenciales a los ciudadanos.

Si este sistema no se ha implantado todavía ha sido por la imposibilidad material de hacerlo, ya que la Agencia Tributaria Catalana no dispone de los medios humanos y materiales para llevar a cabo la recaudación y gestión de los impuestos ingresados en Cataluña. Por eso, el Gobierno ha pactado con los partidos independentistas implantar dicho sistema por fases, comenzando por la recaudación del IRPF.

Conviene no perder de vista que estos pasos intermedios forman parte de una estrategia orientada a alcanzar un objetivo final perfectamente definido.

Los mayores recursos que van a recibir las comunidades autónomas proceden, en última instancia, de los impuestos que pagan los ciudadanos

En esta misma línea, se ha dado otro paso más, y es que el Gobierno ha negociado con esos partidos un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero eso sí, asegurándose el denominado principio de ordinalidad -quien más aporta más recibe-, un criterio que no está reflejado en ninguna de nuestras normas. La forma de convencer al resto de comunidades para que se olviden de ese privilegio para Cataluña consiste en que haya mucho más dinero para todas ellas, se callen y se diluya la percepción del privilegio concedido a Cataluña.

Conviene recordar que los mayores recursos que van a recibir las comunidades autónomas proceden, en última instancia, de los impuestos que pagan los ciudadanos. Por tanto, ese invento de las balanzas fiscales y de lo que recibe y aporta cada comunidad autónoma no tendría que servir para nada, ya que contribuyen los ciudadanos y no los territorios.

Además, la Constitución consagra los principios de generalidad, igualdad y progresividad del sistema tributario, principios que quedarían comprometidos con el nuevo modelo,

En 2025 se ha alcanzado la mayor recaudación de impuestos en la historia de España, con más de 300.000 millones de euros. Esta bonanza de recaudación es lo que permite al Gobierno ser generoso con las comunidades autónomas y ofrecer aumentos de ingresos para todas ellas, que, por supuesto se verán reducidos cuando cambie el ciclo económico.

Cada vez estoy más convencido de que el diseño del Estado se nos ha ido de las manos, viendo lo que está sucediendo ahora. Si la financiación singular de Cataluña se extendiera al resto de comunidades, el Estado desaparecería, ya que no dispondría de los medios financieros necesarios para cumplir sus funciones. Sus gastos esenciales - ejercito-embajadas… sería pagados por las aportaciones de las comunidades autónomas.

Con el nuevo sistema y la aplicación del principio de ordinalidad, Cataluña va a recibir muchos más ingresos que hasta ahora

Los partidos independentistas van consiguiendo nuevos traspasos de competencias cada vez que el Gobierno necesita de sus votos. Y ahora, con este reparto millonario de impuestos entre las comunidades autónomas, la ministra ha declarado que “será el Gobierno el que no pueda acometer otros proyectos”.

Los ciudadanos quieren recibir unos servicios públicos de calidad, sobre todo en sanidad y servicios públicos, que están financiados con los impuestos que pagan. La situación actual de deterioro de determinados servicios públicos, como la sanidad, con largas listas de espera, falta de medios materiales y de profesionales, así como la diferente situación de prestación del servicio en función del territorio en el que viva, tendría que obligar a nuestros políticos a establecer prioridades, entre las que debería figurar la mejora de esos servicios públicos.

Si realmente se actuara pensando en el bien de los ciudadanos, dedicarían a ese objetivo el bestial incremento de recaudación de impuestos que se ha producido, y si las competencias de las Comunidades Autónomas lo dificultan -porque algunas potencian la sanidad privada-, pues habría que centralizarlas otra vez. Pero eso ya es ciencia ficción, porque suponen otras circunstancias mucho más importantes para ellos, como es la pérdida de poder que supondría.

Descartada esa vía, al menos podría establecerse el carácter finalista de los mayores ingresos que recibirán las comunidades autónomas, de modo que se destinen exclusivamente a mejorar la sanidad y los servicios sociales hasta alcanzar unos estándares mínimos y homogéneos en todo el territorio nacional. Solo una vez logrado ese objetivo debería permitirse su utilización para otros fines.

Con el nuevo sistema y la aplicación del principio de ordinalidad, Cataluña va a recibir muchos más ingresos que hasta ahora. Sin embargo, en los últimos años su objetivo principal era crear estructuras de Estado para cuando llegara la independencia. Un ejemplo claro es el refuerzo de su Agencia Tributaria, dotándola de medios para implantar el nuevo sistema de financiación singular que, a día de hoy, carece de cobertura legal, al no existir ninguna norma que lo ampare.

El portazo que le han dado todas las comunidades autónomas al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pone de manifiesto que un nuevo sistema de financiación tiene que surgir de la negociación entre Gobierno y las comunidades autónomas, y no sólo con un partido independentista de Cataluña, que encima es la que resulta más beneficiada.

Que el portazo lo hayan dado todas, incluidas las gobernadas por el Partido Socialista, pone de manifiesto que los privilegios otorgados a Cataluña, incluido el principio de ordinalidad, resulta un insulto para el resto, aunque viendo fríamente los números todas incrementarían los importes que recibirían con el nuevo sistema.

*** José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado.