El transporte urbano se ha convertido en un campo de batalla político, pero esto ya no debería sorprender a nadie. Lo verdaderamente alarmante es el tono y el fondo del debate en el que una combinación de proteccionismo “gremial”, regulaciones diseñadas a medida y un discurso catastrofista que sirve más para conservar privilegios que para resolver problemas reales.

Las recientes declaraciones de la patronal del taxi en Baleares, alertando de una supuesta “hecatombe” si se conceden por los tribunales miles de licencias VTC, son un ejemplo paradigmático de este cóctel que nadie parece querer desactivar.

Según la patronal de Taxis-Pimem, la concesión de cerca de 10.000 autorizaciones VTC (unas 3.500 en Mallorca y otras 6.500 en Ibiza) supondría poco menos que el colapso del sistema. Se habla incluso de “mafias” y de “competencia desleal”, como si la mera existencia de nuevos operadores fuera en sí misma una amenaza social.



Sin embargo, lo que subyace tras ese lenguaje apocalíptico no es una preocupación por el interés general, sino el temor a perder una posición protegida durante décadas por decisiones administrativas y políticas, que están perjudicando a los usuarios del sistema de transportes.

Resulta especialmente pertinente recordar al economista Murray Rothbard, en su libro Man, Economy and State (1962) cuando desmontaba el mito de la llamada “competencia despiadada”, y señalaba que “el fracaso de las empresas se debe únicamente al error empresarial al presupuestar y a la incapacidad para servir mejor al consumidor. La eliminación de empresas ineficientes no daña a los consumidores, sino que los beneficia, al transferir recursos hacia quienes los emplean de manera más eficaz.”

El verdadero problema no es la competencia, sino una hiperregulación del servicio de taxis que impide adaptarse a la demanda real

Aplicado al caso de las islas, el razonamiento es evidente. Si los nuevos operadores de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) pueden ofrecer un servicio que los usuarios eligen libremente -por precio, disponibilidad o calidad- y la regulación de los taxis lastra su competitividad, no estamos ante una catástrofe, sino ante un proceso normal de mercado.

El verdadero problema no es la competencia, sino una hiperregulación del servicio de taxis que impide adaptarse a la demanda real y que convierte cualquier alternativa en una amenaza existencial.

El actual ejecutivo balear, lejos de ejercer como árbitro neutral, ha optado por mantener una política y un discurso retrógrado. Así, el proyecto de reglamento sobre taxis y VTC que se está tramitando -con límites rígidos por isla, revisiones quinquenales y exigencias adicionales que apenas responden a criterios técnicos- parece diseñado más para contener la entrada de nuevos actores que para ordenar eficazmente la movilidad.

Resulta especialmente llamativo que este endurecimiento normativo se impulse bajo un gobierno del PP con apoyo de Vox, aprobando una regulación más restrictiva que muchas de las que anterior gobierno comandado por el PSOE evitó por su dudosa seguridad jurídica.

A ello se suma un hecho difícil de ignorar. Desde hace más de siete años, la Administración autonómica ha sorteado o retrasado sistemáticamente el cumplimiento de sentencias judiciales que obligaban a tramitar licencias VTC conforme a derecho. Cuando los tribunales fuerzan ahora la reapertura de expedientes, la reacción política no es asumir el error, sino volver a recurrir y ganar tiempo.

Este comportamiento, que -desgraciadamente- se está generalizando en toda España, erosiona la seguridad jurídica y transmite un mensaje preocupante. Este no es otro que la ley se cumple sólo cuando conviene al poder, mientras usuarios, empresas e inversiones quedan relegados.

Mientras tanto, se utiliza la existencia de vehículos “pirata” como argumento contra las VTC. Esto es una falacia interesada. Si el taxi se queja de servicios “piratas” y de irregularidades, tiene toda la razón en reclamar sanciones a quienes operan fuera de la ley. Pero no puede convertir la lucha contra el intrusismo en una excusa para blindar sus privilegios.

El transporte ilegal no surge por exceso de oferta regulada, sino precisamente por su ausencia. Cuando en temporada alta no hay taxis suficientes, cuando los turnos no cubren la demanda real o cuando desplazarse entre municipios se convierte en una odisea, el mercado busca salidas. Combatir el intrusismo sin ampliar y diversificar la oferta es atacar el síntoma y no la causa.

Tampoco ayuda la constante llamada populista a la “turismofobia”. Culpar al turista de todos los males de las islas es un error económico y moral. Baleares vive del turismo y lo seguirá haciendo. Precisamente es la más sostenible de las industrias que podría haber en el archipiélago.

El desafío no es expulsarlo ni usarlo como chivo expiatorio, sino gestionar de forma inteligente sus efectos. Procurar una movilidad eficiente, un transporte público reforzado, y servicios privados de taxis y VTC que lo complementen (que no lo sustituyan) es la solución ganadora para la sociedad balear. Demonizar la demanda no mejora la convivencia ni la sostenibilidad.

Por último, resulta difícil no señalar la incoherencia histórica de algunos líderes del sector. La oposición frontal a cualquier VTC contrasta con pasadas peticiones de miles de VTC por parte del sector del taxi, que por ineficiencia propia no llegaron a materializarse, poniendo de relieve una falta de coherencia que debilita la credibilidad del discurso actual y refuerza la percepción de que no se trata de principios, sino de intereses.

Baleares necesita menos miedo y más realidad. Menos leyes diseñadas para proteger a los de dentro y más normas pensadas para servir al ciudadano. Como decía Rothbard, “la competencia no destruye riqueza: revela ineficiencias”.

Lo que hoy se presenta como una “hecatombe” no es otra cosa que el temor a que el usuario, por primera vez en mucho tiempo, pueda elegir.

Baleares puede y debe aspirar a un modelo de movilidad plural con un control eficiente de los derechos laborales y la seguridad, con reglas claras y procompetitivas para plataformas, VTC y taxis, y políticas de transporte público que liberalicen el mercado.

El debate no debe ser si hay que proteger a un colectivo, frene a lo que ya se ha declarado contrario el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino cómo garantizar que todos los viajeros -residentes o foráneos- encuentren un servicio eficaz, competitivo y sostenible medioambientalmente.

Quedarnos en la bronca corporativa y en una huida reglamentaria y judicial hacia delante es, en el fondo, la forma más eficaz de dejar el problema sin resolver. Una vez más.

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado, experto en movilidad y transportes.