Más allá de la coyuntura inmediata, España se enfrenta a un desafío estructural: la persistente brecha de productividad con la eurozona. Ésta se ha ampliado en casi 14 puntos, arrastrando a la baja el PIB per cápita español hasta situarle 17 puntos por debajo de la media de la zona euro.
Se ha retrocedido más de veinte años en términos de renta relativa desde la crisis financiera, un síntoma inequívoco y el reflejo del fracaso de la política económica española.
Ante este panorama, resulta esencial un cambio de paradigma. La obsesión con las políticas de demanda, basadas en el incremento del gasto público y del endeudamiento para crecer, es una quimera porque sólo ofrecen un alivio efímero, son insostenibles a medio-largo plazo y constituyen una onerosa hipoteca para el futuro.
Para generar riqueza y elevar de forma duradera el nivel de vida de los españoles es básico colocar a las políticas de oferta en el centro de la agenda.
Como se ha comentado, los problemas de la economía nacional no son cíclicos sino estructurales. El PIB potencial, mide la tasa de crecimiento que aquella puede sostener a largo plazo sin generar presiones inflacionistas, utilizando de forma eficiente todos sus factores de producción (capital, trabajo y tecnología).
Hay que reducir de manera drástica la intervención en los mercados y la burocracia
En España, es paupérrimo entre el 1,3 y el 1,5% a partir de 2028, según la mayoría de los organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
La causa directa de ello es bastante sencilla: la Vieja Piel de Toro es uno de los países de la OCDE con menor libertad económica. Ocupa el puesto número 31 de 38. Las variables que más la penalizan a España en esa clasificación son el excesivo tamaño del Estado, el elevado gasto público, la deuda acumulada, el sistema fiscal y la inseguridad jurídico-regulatoria. Este conjunto de elementos lastra el crecimiento y, por tanto, la convergencia real.
Para invertir esa dinámica es preciso poner en marcha un agresivo paquete de reformas destinado a mejorar la capacidad productiva y la eficiencia de la economía. Una estrategia efectiva en ese terreno a cimentarse en cinco pilares esenciales
En primer lugar, es necesario garantizar la seguridad jurídica y la propiedad privada. Ambas son el cimiento de la confianza. Sin ellas, la inversión, sea nacional o extranjera no fluirá. Las constantes modificaciones de normativas, la retroactividad de las reglas del juego y la arbitraria e ideológica intervención en mercados son letales para los inversores porque aumentan el riesgo, la incertidumbre y el coste del capital.
En segundo lugar, hay que reducir de manera drástica la intervención en los mercados y la burocracia. Ambos son un impuesto oculto a la actividad. Simplificar licencias, garantizar la unidad de mercado y eliminar regulaciones innecesarias son pasos ineludibles.
Se necesitan reformas que flexibilicen la contratación y el despido y promuevan la formación continua
Además, introducir competencia en todos los sectores es el mejor incentivo para que las empresas innoven y sean más productivas.
En tercer lugar es imperativo sustituir la actual fiscalidad por una que premie el trabajo, el ahorro y la inversión. Esto implica reducir los impuestos que los penalizan. Una baja carga tributaria sobre esos factores de producción envía una señal clara: el esfuerzo y la asunción de riesgos se recompensa,
En cuarto lugar, la escasa y poco competitiva inversión en activos intangibles (formación, I+D+i, capital tecnológico) es un lastre directo para la productividad. Junto a la intensificación de la competencia en los mercados, la política pública debe volcarse en fomentarla y, también, en reformar el sistema educativo para aumentar su calidad y paliar los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo.
En quinto y último lugar, las rigideces del mercado laboral y su dualidad, mantenida con los contratos fijos-discontinuos, frenan la creación de empleo, la inversión en formación y reducen la eficiencia. Se necesitan reformas que flexibilicen la contratación y el despido y promuevan la formación continua, iniciativas vitales para mejorar la asignación de recursos y aumentar la productividad por hora trabajada.
El Gobierno social comunista ha optado por desarrollar una estrategia tóxica para el crecimiento de oferta. La intervención asfixiante de los mercados, la inseguridad jurídico-regulatoria, una fiscalidad voraz, la creciente desprotección de la propiedad privada son expresiones casi perfectas de ello y un poderoso freno de mano sobre el crecimiento del PIB potencial.
Por su parte, la persistente preferencia por las políticas de demanda se traduce en un crecimiento artificial, efímero e insostenible como muestra la teoría económica y avala la experiencia.
En The View from No. 11: Memoirs of a Tory Radical, Nigel Lawson describió de una manera sintética y brillante las tareas de la macro y de la micro: “El papel de la política de gestión de la demanda es crear un marco de estabilidad dentro del cual las decisiones del sector privado pueden ser tomadas con confianza; el papel de la política de oferta es impulsar el crecimiento".
Eses el único camino real hacia la prosperidad. Cualquier otra senda es una ilusión, insostenible en términos financieros y condena a España a la decadencia económica.